El Congreso da luz verde a la propuesta de ECP para facilitar el control público del agua

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la propuesta de En Comú Podem para facilitar que los ayuntamientos puedan recuperar la gestión directa del agua. La moción consecuencia de interpelación presentada por ECP ha sido aprobada con los votos de todos los grupos excepto de PP y CS y la abstención del PDeCAT.

La iniciativa, defendida en el Pleno por la diputada de En Comú Podem Alicia Ramos, insta al Gobierno a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización Local. El objetivo de estos cambios es apostar por la autonomía local de forma que los municipios puedan gestionar de manera conjunta “todo el ciclo del agua, pero priorizando el consumo humano”.

Actualmente, explicó Ramos en el Pleno, los ayuntamientos no pueden escoger la mejor opción de gestión porque las trabas legales dificultan el control directo de los consistorios y premian la gestión indirecta, por parte de multinacionales del sector.

El texto, transaccionado con el PSOE, reclama al Gobierno una Ley de Bases por la Regulación de los servicios de agua y saneamiento que reconozca el acceso al agua potable como un derecho humano y que garantice legalmente que el canon concesional que tienen que pagar las entidades suministradoras se destine a la renovación de infraestructuras y a la explotación del recurso.

“Si el agua es un bien común y un derecho básico, el modelo de gestión no puede estar subordinado a la obtención de un beneficio privado, sino que tiene que garantizar la eficiencia, la equidad social y la gestión democrática”, enfatitzó Ramos en el pleno de este miércoles.

La moción también propone cambios en la normativa de contratación pública: por un lado, para reducir los límites de la duración de los contratos de gestión de servicios públicos y, por otro, para facilitar que los ayuntamientos y la ciudadanía puedan ejercer un control sobre el servicio.

“La base del gobierno del agua es que tiene que ser transparente y debe hacer prevalecer el interés público sobre el privado”, explicó Ramos. Por eso, incluso en el caso de la gestión indirecta, la propuesta de En Comú Podem reclama revertir la concesión sin gastos abusivos e incorporar criterios sociales, de género y sostenibilidad en las subcontrataciones a través de una concesionaria o de una empresa mixta si deciden remunicipalitzar el servicio.