En Comú Podem defiende que la asistencia jurídica gratuita no se puede grabar con IVA dado su carácter social

El grupo En Comú Podem en el Senado ha pedido considerar la asistencia jurídica de oficio como “gasto social” y por lo tanto que quede excluida del pago de IVA en la reforma de la Ley de asistencia jurídica gratuita presentada por el Partido Popular. El senador que ha defendido las enmiendas del grupo, Joan Comorera, considera que “la asistencia jurídica es un servicio público para aquellos que acrediten recursos insuficientes, por lo que queda patente su carácter de asistencia social”. Comorera ha señalado que este servicio de justicia gratuita debe ser obligatorio para los colegios profesionales siempre y cuando el Estado les dote de una asignación presupuestaria adecuada ya que “de lo contrario, los colegios no están obligados a realizar una tarea que el propio Estado no garantiza “.
Para el senador, la obligatoriedad de prestar servicios jurídicos debe recaer en los colegios de abogados y no en los profesionales, quienes deben poder decidir voluntariamente si adscribirse al servicio de oficio. “La Ley se presta a confusión en este sentido ya que cambia un modelo vocacional por un modelo obligatorio en el que el turno de oficio tiene carácter obligatorio”, señaló, al tiempo que ha remarcado que la calidad del servicio de oficio puede verse disminuida al forzar a los profesionales a realizar servicios que no desean hacer.
Por otra parte, el grupo también ha presentado una enmienda para garantizar una justa gratificación para aquellos profesionales que actúan de oficio. “Debe quedar claro que la designación de oficio no puede excluir el derecho a recibir una retribución o remuneración”, dijo, “el letrado no debería demandar al cliente para poder cobrar, el abogado de oficio no debería asumir gastos … En ningún caso quien presta un servicio público tan importante debe ver sus derechos vulnerados “.
Entre las enmiendas presentadas por el grupo también constaba una que hacía referencia al derecho de asistencia jurídica gratuita a las organizaciones medioambientales, un servicio obligatorio y que no incluye la ley presentada, lo que incumple el Convenio Internacional de Aarhus. “Nos estamos jugando una sanción”, señaló Comorera, “es curioso que corran para reformar la ley y que se estén omitiendo cuestiones tan importantes”.