EN COMÚ PODEM PIDE AL GOBIERNO CENTRAL QUE ASIGNE RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS A LAS CIUDADES-REFUGIO

El grupo parlamentario de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados quiere manifestar públicamente su apoyo al Encierro contra el racismo y por los derechos de las personas migrantes y refugiadas que está teniendo lugar desde el pasado 22 de abril de 2018 en la Plaza de la Gardunya de Barcelona. Del mismo modo, corroboramos nuestra voluntad de apoyar sus reivindicaciones, un compromiso que adquirimos en nuestra visita al Encierro el pasado 11 de mayo.

Los hechos en el Mediterráneo, con docenas de muertos en el mar y la deriva de centenares de personas, son un drama causado por el endurecimiento, la indiferencia, la negligencia o la atención insuficiente de los países europeos ante el flujo constante de personas migrantes y refugiadas que llegan a nuestras costas. Todo ello nos obliga a movilizar a la opinión pública catalana, española y europea, así como a activar nuestras instituciones para hacer frente a este problema de una gravedad extrema. No podemos cerrar los ojos ni permanecer en silencio. Estas muertes no son inevitables ni son fruto de la casualidad.

Hay dos acontecimientos que se están produciendo simultáneamente en las últimas semanas y que han llamado poderosamente la atención de la opinión pública. Por un lado, la deriva por el Mar Mediterráneo de centenares de personas inmigrantes rescatadas por barcos a los cuales se está dificultando su trabajo de salvamento, principalmente por la negativa del gobierno italiano a permitirlos atracar en sus costas, pero también por la negligencia de una Unión Europea que no parece tener en cuenta entre sus prioridades salvar vidas humanas ni cumplir con la obligación de garantizar los derechos humanos. Pero por otro lado, también está llegando a las costas andaluzas, en la Frontera Sur, un flujo continuado de centenares de personas inmigrantes.

La cuestión de los flujos migratorios no es sólo un tema muy relevante en la agenda política y mediática actual. Es uno de los problemas centrales que tenemos que afrontar en el marco de la crisis de las instituciones democráticas europeas. Podemos afirmar, de hecho, que la manera en que Europa encare sus futuras políticas migratorias decantará la crisis de nuestras instituciones hacia un desarrollo más democrático o, por el contrario, provocará una involución en la concepción misma de Europa como el proyecto de construir un espacio político común basado en el respecto a las libertades y la garantía de los derechos humanos. La “crisis de los inmigrantes y refugiados” es, en realidad, el problema del futuro de Europa.

En la reunión que mantuvimos con el Encierro contra el racismo y por los derechos de las personas migrantes y refugiadas el pasado 22 de abril, pudimos explicar que nuestro trabajo en las instituciones —principalmente en el Congreso, en el ámbito del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos–En común Podemos–En Marea y al Ayuntamiento de Barcelona— se orienta en el sentido que apunta su tabla de reivindicaciones. Facilitar la consecución del empadronamiento, el permiso de residencia o la adquisición de la nacionalidad; separar el derecho a residir de las necesidades del mercado de trabajo; derogar la Ley de Extranjería o modificar sus aspectos más perniciosos; garantizar el acceso a la sanidad pública universal y a otros servicios públicos; despenalizar la venta ambulante al Código Penal; cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE); debatir sobre como extender a las personas extranjeras, migrantes y refugiadas el derecho de sufragio activo y pasivo… Nos parecen todas ellas reivindicaciones imprescindibles para reafirmar que Europa es un proyecto de acogida y no de rechazo; de respeto a la legalidad internacional y no de incumplimiento con nuestra obligación de garantizar los derechos humanos. La llamada de atención aterradora que constituyen las muertes al Mar Mediterráneo que se están produciendo estos días tiene que servir para afrontar de manera más general una reforma democratizadora de nuestras políticas migratorias, de refugio y de asilo. Todas las medidas planteadas arriba se encaminan en este sentido. Y nos comprometemos a seguir impulsándolas en los espacios institucionales donde trabajan nuestras fuerzas políticas y, en particular, en el Congreso de los Diputados.

Cuando los Estados europeos endurecen sus políticas contra las personas migrantes y refugiadas, están incumpliendo aspectos fundamentales de tratados y acuerdos internacionales que, en realidad, son de obligado cumplimiento. Sin duda, gestionar la complejidad actual del fenómeno migratorio requiere actuaciones coordinadas por parte de todos los Estados europeos. Pero mientras esta coordinación se produce, nuestros países no pueden decidir si cumplir o no con su obligación de respetar y hacer respetar los derechos que asisten a las personas migrantes y refugiadas. En este sentido, las ciudades europeas que se han declarado ciudades-refugio, entre las cuales hay numerosas ciudades del Estado español, están señalando con sus políticas de acogida cuál es el camino que tienen que adoptar inmediatamente los gobiernos y los Estados europeos. Nuestros gobiernos tienen que dejar de dar la espalda tanto a las personas migrantes y refugiadas como a las ciudades-refugio europeas que están implementando políticas de acogida al límite de sus recursos y de sus competencias administrativas. Es imperativo que los gobiernos europeos, incluyendo los gobiernos español y catalán, además de cumplir con la legalidad internacional en materia de migraciones, refugio y asilo, refuercen también nuestras ciudades-refugio. En este sentido, nos parece un buen camino el emprendido mediante la colaboración entre el Gobierno del presidente Pedro Sánchez y ciudades-refugio como Valencia y Barcelona. La iniciativa de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, solicitando poder seguir acogiendo las personas rescatadas en el Mediterráneo, y también a las personas migrantes que son trasladadas a Barcelona desde la Frontera Sur, necesita verse reforzada mediante una transferencia de recursos e infraestructuras que el anterior Gobierno del Partido Poue dépular bloqueó injustificadamente durante años. Es factible y resulta imprescindible conseguir estos acuerdos políticos de colaboración entre el Gobierno central y las ciudades-refugio.

Cuando el racismo institucional actúa, se está enviando un turbio mensaje a nuestras sociedades, un mensaje que alimenta el ascenso de fuerzas políticas que, en lugar de conducirnos al sueño de una Europa de las libertades y los derechos, nos devuelven a la pesadilla de una Europa asediada por las oscuridades de nuestro pasado. Una parte importante de nuestras sociedades ha dejado de ver en Europa la promesa de un proyecto político protector y acogedor. Hay que preguntarse seriamente por qué ha pasado y cuando la gestión agresiva de la crisis financiera por parte de los gobiernos neoliberales golpeó duramente y provocó la inseguridad y el miedo en las mayorías sociales de Europa. Pero las respuestas que tenemos que dar a nuestros pueblos —en la medida en que necesitan verse de nuevo cuidados por sus instituciones y desean disfrutar de un sentimiento de identidad y de pertenencia— tienen que ser respuestas democráticas, basadas en la ampliación de las libertades y la garantías de los derechos. Ante las amenazas que no hay espacio para el otro en nuestras sociedades europeas, hay que afirmar cada vez más que unas políticas migratorias acogedoras no solamente son un imperativo ético y una obligación política: son también materialmente posible, como demuestra continuadamente el trabajo y las propuestas de intelectuales, académicos y organizaciones no gubernamentales de toda Europa especializadas en estas materias.

Sólo hay una salida democrática y no involutiva a la crisis de las instituciones europeas: reconstruir una Europa que sea al mismo tiempo cuidadora y acogedora.