En Comú Podem pide al Gobierno que ratifique las consultas de participación ciudadana en los Ayuntamientos  

 

El diputado de En Comú Podem Fèlix Alonso ha registrado una Proposición no de Ley y una serie de preguntas al Gobierno para pedir que los plenos de los Ayuntamientos puedan aprobar consultas de participación ciudadana para mejorar la democracia y autonomía local. Hoy mismo, el Ayuntamiento de Barcelona también presenta en el pleno una moción en la que también se exige que se permita a los consistorios aprobar la realización de las consultas populares.

En este sentido, tanto En Comú Podem como el Ayuntamiento de Barcelona piden que se modifique el artículo 71 de la Ley 7/1985, que regula las bases de régimen local, para suprimir el inciso de “es necesaria la autorización del Gobierno de la Nación” para realizar consultas populares. Además, también es necesario que el Ejecutivo ratifique y firme su incorporación al ordenamiento jurídico como ya recomendó en febrero de 2013 la Comisión de Seguimiento del Congreso de Poderes Locales y Regiones de Europa.

Fèlix Alonso ha asegurado que estas demandas “son necesarias para mejorar la calidad democrática del poder local”. Hasta ahora, los municipios tenían que pedir permiso al Gobierno para hacer cualquier consulta, a pesar de que los temas sean estrictamente locales, ha explicado Alonso.

El diputado de En Comú Podem ha opinado que los consistorios locales deben poder resolver sus temas municipales de la manera que consideren sin la necesidad de tener que esperar una respuesta favorable del Gobierno.

Tal y como recoge el texto de las preguntas y la PNL registrada hoy, las consultas populares forman parte de un modelo de sistema democrático de calidad, en el que juntamente a los procesos de participación, órganos de participación e iniciativas ciudadanas, se reconoce la capacidad de la ciudadanía para participar de forma activa en las decisiones políticas. No se puede por lo tanto permitir que un canal de participación tan singular e importante sólo pueda ser utilizado bajo la tutela del gobierno del Estado.