En Comú Podem pregunta al Gobierno del PSOE por el acercamiento de los políticos catalanes presos

La senadora Sara Vilà denuncia que se estarían vulnerando varias normas internacionales que establecen que los internos tienen que ser destinados a prisiones cercanas a sus domicilios

La senadora de En Comú Podem, Sara Vilà, ha registrado varias preguntas al nuevo Ejecutivo del PSOE en que pide saber si se iniciarán los trámites pertinentes para acercar a los políticos presos a centros penitenciarios catalanes, y si considera el Gobierno que sería un buen punto desde el cual iniciar el diálogo con Cataluña. Y es que, tal como recoge el texto registrado, el régimen penitenciario de los internos es competencia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, órgano que depende del Ministerio del Interior y que tiene competencia exclusiva para decidir si los procesados tienen que esperar la celebración del juicio en una prisión o en otra.

Después de las declaraciones de la Ministra de Administración Territorial, Meritxell Batet, en que indicaba que el acercamiento de los presos no estaba en manos del Ejecutivo, puesto que no hay condena firme y que al ser en prisión provisional era decisión del juez, la senadora apunta en el texto que el régimen penitenciario tanto de penados como de internos en situación preventiva, es total competencia, tal como establece el artículo 79 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el 31 del Reglamento Penitenciario, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con notificación al juzgue instructor. Si bien es cierto que el órgano judicial puede pedir el traslado del interno tantas veces como sea necesario para la instrucción de la causa, la cual está prácticamente finalizada después del auto de procesamiento.

La senadora también recoge en el texto que son diversas las normas internacionales que podrían estar siendo vulneradas en estos momentos con motivo de esta situación de mantener los presos lejos de Cataluña, puesto que el artículo 8 del Convenio de los DDHH establece el derecho en la vida familiar de sus parejas, hijos y familiares, y las Reglas Penitenciarias Europeas en su artículo 17.1 y 17.3, hablan de la necesidad de que los internos puedan ser destinados en prisiones cercanas a sus domicilios. Y es que, los políticos se encuentran internos en Madrid, además de 1.000 km de casa, hecho que supone “un grave problema” por sus familias y por sus hijos menores de edad a la hora de visitarlos, vulnerando así los derechos de los niños. “Cada día que pasa es un día de vulneración de los derechos de los presos y un agujero más en las familias y en la sociedad catalana”, ha recordado Vilà, añadiendo que considera que el Gobierno “tiene que darse prisa ante esta situación” que no puede demorar más.