En Comú Podem pregunta al Gobierno por la multa a un ciudadano por hablar en catalán a un agente de seguridad en el Aeropuerto de El Prat

El diputado de En Comú Podem y portavoz de Justicia, Jaume Moya, ha preguntado hoy por escrito al Gobierno si tiene constancia de la multa interpuesta por un agente de seguridad del Aeropuerto de El Prat por dirigirse a él en catalán. Según el comunicado recibido, se le imputa una infracción de tipo grave al hacer «caso omiso de las órdenes dadas por los agentes actuantes entorpeciendo, de este modo, su labor policial y atrasando el flujo normal de pasajeros», y por eso sería merecedor de una multa de 601 euros.

En este sentido, Jaume Moya ha asegurado que “no es nuevo que se denuncien situaciones de discriminación lingüística por parte de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Recientes casos denunciados en Vic, Benidorm o Gata de Gorgos lo testimonian”.

En su opinión,  “lo que resulta especialmente grave ahora es que, al trato vejatorio e intimidador al ciudadano, se sume la aplicación desproporcionada de la Ley de Seguridad Ciudadana, “Ley Mordaza”, como medida coactiva, calificando el legítimo uso de la lengua propia como acción obstaculizadora de la labor policial, y que esto comporte una sanción económica”.

Así, el diputado de En Comú Podem justifica que el grupo pida explicaciones al Gobierno del Estado y medidas concretas para evitar que se repitan estas situaciones, como puede ser la exigencia de conocimiento de los derechos lingüísticos y de las lenguas cooficiales por parte de los agentes y la reactivación del Consejo de las Lenguas Oficiales.

 

Así, las preguntas registradas son las siguientes:

 

1ª.          ¿Tiene constancia el Gobierno de los hechos expuestos y, en su caso, qué medidas piensa tomar para que no repitan situaciones de discriminación lingüística análogas?

2ª.          ¿Considera el Gobierno que el uso del catalán, o de cualquier otra lengua propia distinta del castellano en el territorio en el que tiene reconocimiento oficial, ante un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, puede ser considerado a todos los efectos como falta de respeto u obstaculización de las labores policiales?

3ª.          ¿Considera el Gobierno que, actualmente, los cuerpos y fuerzas del Estado tienen suficiente conocimiento de los derechos lingüísticos y reciben una formación adecuada para asegurar un buen servicio a la ciudadanía, sin discriminación por razones de lengua?

4ª.          ¿Considera el Gobierno que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberían tener conocimientos adecuados y suficientes de todas las lenguas oficiales del territorio en el que ejerzan su función para poder así respetar los derechos lingüísticos de la ciudadanía?

5ª.          Teniendo en cuenta la existencia desde el año 2007 del Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y de su Real Decreto que prevé que se reúna al menos una vez al año y que, a pesar de ello, diez años después, sólo se ha reunido tres veces, siendo la última en 2.010, ¿tiene intención el Gobierno de convocar una reunión del Consejo para conseguir el mejor cumplimiento de las exigencias derivadas de la existencia de diferentes lenguas cooficiales y de su reconocimiento en la actividad de la Administración estatal?