PP, PSOE y C’s impiden requerir a jueces y fiscales el conocimiento de las lenguas oficiales como pide En Comú Podem

La Proposición no de Ley presentada hoy por el grupo parlamentario de En Comú Podem para garantizar los derechos lingüísticos en el ámbito de la justicia no ha recibido el apoyo suficiente para salir adelante. El voto contrario de PP y C’s y la abstención del PSOE han impedido así mejorar la presencia de las lenguas oficiales distintas al castellano en la actividad judicial.

Los votos en contra de PP y C’s y la abstención del PSOE han tumbado la Proposición no de Ley sobre la protección y garantía de los derechos lingüísticos en el ámbito de la justicia presentada hoy por En Comú Podem. Ante el agravio que sufren las lenguas oficiales distintas al castellano en la actividad judicial, el grupo parlamentario ha propuesto la modificación de la normativa necesaria para asegurar el derecho de opción lingüística en todo el proceso judicial, incluyendo la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil. El texto también solicita la inclusión en la primera actuación procesal el requisito de indicar el idioma oficial en el que se desea desarrollar todo el proceso.

A pesar de que el derecho de utilizar las lenguas minoritarias o regionales en el ámbito judicial está garantizado en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, “en la práctica podemos constatar que los derechos lingüísticos en el mundo judicial no se cumplen y que el uso de las lenguas distintas al castellano deviene poco más que una anécdota “, ha lamentado Jaume Moya, portavoz de Justicia, durante su intervención en la comisión.

En Cataluña las cifras muestran como el uso del catalán va a la baja: el 2014 se redactaron en catalán sólo el 12,2% de las sentencias emitidas y en 2015 el porcentaje bajó al 8,5%. En el resto de comunidades autónomas la situación es aún más dramática. En Galicia, por ejemplo, las sentencias dictadas en gallego sólo representan el 4% del total, y en Valencia no hay prácticamente ninguna en el idioma cooficial. En las Islas Baleares el porcentaje es aún menor y absolutamente residual en Euskadi y Navarra.

En este contexto, Moya considera que “queda más que acreditada la extrema situación de inferioridad de las lenguas oficiales distintas al castellano en las respectivas comunidades autónomas”. “Por ello es tan importante que la normalización del uso de dichas lenguas reciba un apoyo decisivo por parte de la Administración de justicia y que la ciudadanía sea consciente de sus derechos de opción lingüística”, ha añadido el diputado d’En Comú Podem. Para reforzar la demanda, la Proposición no de Ley también incluía la modificación de la legislación necesaria para fijar como requisito que los magistrados, jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia tengan el conocimiento suficiente oral y escrito de todas las lenguas oficiales de la demarcación judicial en la que ejercen.

Finalmente, los votos contrarios del PP y la abstención del PSOE no han permitido que la proposición saliera adelante. C’s, por su parte, ha votado favorablemente a algunos de los puntos propuestos pero se ha opuesto a requerir a los profesionales del sector el conocimiento de las lenguas oficiales, así como también a priorizar la lengua más minoritaria mientras no se ejerza de manera expresa el derecho de opción lingüística. ERC y PDC han votado a favor de la integridad de la Proposición no de Ley.