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Unidos Podemos – En Comú Podem recurren al Constitucional el veto de la Mesa del Congreso al cierre nuclear progresivo

El Grupo parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem- En Marea ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el veto de la Mesa del Congreso a la toma en consideración por el Pleno de la Proposición de Ley para el cierre progresivo de las centrales nucleares.

El recurso se presenta, tras la desestimación el pasado 6 de junio por parte la Mesa del Congreso del escrito presentado por este grupo parlamentario en el que se solicitaba la reconsideración de la decisión de la mesa de que no procedía la toma en consideración por el Pleno de la Proposición de Ley.

De esta manera la Mesa aceptaba la argumentación del Gobierno para vetar la Propuesta amparándose en el principio de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, desde Unidos Podemos – En Comú Podem- En Marea explican que la PL de cierre nuclear progresivo no afecta al presupuesto en vigor, y que el argumento de la extensión del requisito de conformidad gubernamental a años sucesivos es contraria a lo previsto en el art. 134 CE y no cuenta con base normativa alguna.

Sin embargo, la PL presentada no tendría efectos presupuestarios en el ámbito de tres años cubierto por los objetivos de estabilidad presupuestaria, y por tanto la motivación del informe del Gobierno y de la resolución de la Mesa resultaría insuficiente.

Josep Vendrell, portavoz adjunto de En Comú Podem, ha insistido en que el grupo confederal va hacer todo lo posible para proteger los derechos de los diputados y diputadas que la Mesa del Congreso, dominada por el PP y C’S, no defiende, ante el uso abusivo de la prerrogativa del Gobierno de vetar proposiciones de ley que tengan afectación presupuestaria.

Con este recurso de amparo al Tribunal Constitucional defendemos el derecho a la iniciativa legislativa de un Congreso de los Diputados que el Gobierno quiere atado de pies y manos, sin capacidad de legislar. Con los vetos el Gobierno pretende perpetuar el control que tenía sobre el Congreso durante la legislatura en la que contaba con mayoría absoluta.  

Según Vendrell, “no puede ser, no es democrático, que una cuestión de gran trascendencia, como es el cierre o la continuidad de las centrales nucleares, se resuelva unilateralmente por el Gobierno a través de órdenes ministeriales, sin ningún tipo de participación del Congreso, de los representantes de la ciudadanía”.

Por su parte el diputado, Juantxo López de Uralde, miembro de la Ponencia nuclear ha declarado que “no existe otra razón que justifique el veto a nuestra Proposición de Ley para el cierre nuclear que los compromisos del PP con el Oligopolio eléctrico. Las centrales nucleares españolas están llegando al final de su vida, y van a cerrarse en todo caso. Nuestra propuesta es que se haga de forma ordenada y segura. Nada puede justificar que el Gobierno impida este debate”.

Unidos Podemos – En Comú Podem solicita en el Congreso que se investiguen las muertes del pasado jueves en la costa melillense

El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado este lunes, 4 de septiembre, en el Congreso de los Diputados, la solicitud de comparecencia en comisión del ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad y el director de la Guardia Civil a fin de que expliquen lo ocurrido en el operativo que tuvo lugar la madrugada del 31 de agosto al 1 de septiembre en las cercanías de las playas melillenses.

El día 31 de agosto a través de la cuenta de twitter de Helena Maleno, activista de la organización Walking Borders – Caminando Fronteras se informaba de que en el transcurso de la devolución en caliente de una patera cerca de Melilla había habido un accidente. La patera, en la que según fuentes de la misma organización y de las personas supervivientes viajaban 45 personas (30 según fuentes de la Delegación de Gobierno), fue bloqueada por la Guardia Civil con el fin de que no rebasara la línea territorial marítima que divide aguas españolas y marroquíes y a la espera de que llegara la Marina marroquí y se llevara la embarcación. Esta práctica resulta bastante habitual, tal y como reconoció el propio Ministro del Interior, como herramienta de control migratorio y, junto con las devoluciones terrestres, forma parte de lo que se conoce como devoluciones en caliente y que fue incluido en la reforma de la Ley de Extranjería.

Hay testimonios que aseguran que, durante ese proceso, la embarcación volcó y varias personas fallecieron al caer al agua. Posteriormente, el día 1 de septiembre, se daba a conocer la muerte de al menos siete de las mujeres que viajaban en la embarcación. Fuentes marroquíes como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y algunos medios afirman que había trece cuerpos en la morgue.

Así, el Grupo Confederal ha pedido estas comparecencias para que aclaren en qué circunstancias se han producido este accidente y que se depuren las responsabilidades políticas, penales y administrativas correspondientes. Además, queremos que se decreten tres días de luto oficial, igual que en los atentados de Barcelona, porque todas las vidas valen lo mismo.

En Comú Podem pide la comparecencia del Ministro del Interior para que aclare la integración de los Mossos en la Europol

El portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, ha solicitado hoy la comparecencia del Ministro del Interior, José Ignacio Zoido, para que aclare cuándo y cómo se va a producir la integración y contacto directo de los Mossos d’Esquadra con la Oficina Europea de Policía – Europol, después de que el Ministro del Interior se comprometiera durante la Junta de Seguridad a estudiar las vías para llevar a cabo esta integración de la policía de la Generalitat de Catalunya.

Como consecuencia de los atentados en Catalunya el pasado 17 de agosto, En Comú Podem considera que es necesario que el Ministro del Interior explique detalladamente los mecanismos de cooperación entre los distintos cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado en materia antiterrorista pero prestando “especial atención” a que los Mossos d’Esquadra puedan tener un contacto directo y sin intermediarios con la Europol.

Después de algunas declaraciones contradictorias por parte de miembros del Gobierno de Mariano Rajoy, exigimos la comparecencia inmediata del titular de Interior para que aclare la situación en la que nos encontramos y especifique el momento en el que los Mossos pasarán a formar parte de la Europol, tal y como se comprometió  el ministro Zoido.

En Comú Podem pide que Tejerina comparezca en el Congreso por la crisis de la fruta del hueso

En Comú Podem ha solicitado hoy la comparecencia de la Ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para que explique las soluciones que piensa llevar a cabo el ministerio ante la “profunda crisis” que atraviesa la fruta del hueso y por qué no se ha declarado ‘perturbación de mercado’ tal y como contempla la normativa Comunitaria y se ha hecho en otras ocasiones en circunstancias similares en otras producciones.

Así, el diputado de En Comú Podem, Jaume Moya, ha explicado que ha pedido la comparecencia de la Ministra de Agricultura “ante la preocupantes carencia de reacción para hacer frente a la grave crisis del sector de la fruta dulce, con especial incidencia a los productores de Catalunya y Aragón”.

“Es urgente la declaración de perturbación de mercado a al Unión Europea, agravada por el cierre de las fronteras de Bielorrusia, que se suma al veto ruso”, ha sentenciado Moya, que, a su vez, ha recordado que “esta medida, que se ha aplicado en otros sectores productivos como el lechero, puede ayudar a compensar un estado de pérdidas constantes que amenazan la supervivencia de centenares pequeñas y medianas explotaciones agrarias”.

En Comú Podem ha anunciado que exigirá a la Ministra de Agricultura un incremento de la asignación de la cuota de retirada de melocotón y nectarina. Además, Moya ha asegurado que pedirá a Tejerina que explique “detalladamente” qué actuaciones piensa adoptar desde el ministerio y promoverá ante la Unión Europea.

En este sentido, En Comú Podem defenderá el Plan de reconversión de las plantaciones de fruta dulce que el grupo registró el pasado mes de mayo en la Comisión de Agricultura y Alimentación.

En Comú Podem exige la dimisión inmediata del presidente de Aena

En Comú Podem ha exigido hoy a Gobierno la dimisión inmediata del presidente de Aena, José Manuel Vargas, ya que ha sido su gestión de los aeropuertos estatales, más preocupado por las acciones, lo que ha provocado la situación actual en el Aeropuerto de El Prat en Barcelona.

El portavoz de Fomento del Grupo Confederal, Unidos Podemos – En Comú Podem- En Marea y diputado de En Comú Podem, Fèlix Alonso, ha recordado que el presidente de Aena ha estado desaparecido durante todos estos días, “sin dar señales de preocupación” por la situación del Aeropuerto de El Prat, a pesar de que ahora mismo, como presidente de Aena, “es el principal responsable de la precarización del personal de seguridad y otras externalizaciones de la red aeroportuaria del Estado”.

Por ello, Felix Alonso insta al Gobierno de Mariano Rajoy y al Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a mostrar “que hay voluntad negociadora y retirar el cargo de presidente a José Manuel Vargas y buscar un acuerdo global que priorice la reposición de trabajadores a los niveles de antes del ERE de finales de 2012, con un pacto que devuelva el poder adquisitivo perdido años atrás”.

Además, el diputado de En Comú Podem, ha pedido un aumento de personal allí donde el número de vuelos y pasajeros se haya incrementado.

En Comú Podem pide la comparecencia del Ministro de Fomento para que explique qué piensa hacer para solucionar la situación en el Aeropuerto de El Prat

El portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, y el diputado de En Comú Podem y portavoz de Fomento, Fèlix Alonso, han pedido hoy la comparecencia del Ministro de Fomento Íñigo de la Serna en el Congreso para que explique qué pretende hacer el Gobierno para encontrar una solución a la situación que vive el Aeropuerto de El Prat.

En este sentido, Xavier Domènech ha advertido de que el Gobierno debe ser consciente de que las condiciones laborales del personal de seguridad “son mejorables y muy precarias” y que “el principal responsable es el presidente de AENA, José Manuel Vargas, que ha llevado a cabo una pésima gestión de los Aeropuertos, y, ahora mismo, está poniendo en riesgo la imagen de la ciudad de Barcelona”.

Por su parte, Fèlix Alonso, portavoz de Fomento, ha pedido el cese inmediato del presidente de AENA, “que actúa como si fuera un empresario de película americana de tiburones financieros, buscando la máxima rentabilidad para sus accionistas y trabajando por fraccionar contratos y subcontratos rebajando, euro a euro, las concesiones”.

“Con esta política de devaluación de las condiciones laborales y de exprimir a las empresas al máximo, ahora nos encontramos con este desastre”, ha opinado Fèlix Alonso, que ha exigido nuevamente al Ministro de Fomento que replantee su modelo de gestión de AENA, ya que ahora el Gobierno “está más preocupado por las acciones de AENA que de que la red de aeropuertos estatales funcione bien y sin precarizar el personal”.

En Comú Podem presenta enmiendas y voto particular en varios puntos al considerar insuficiente el pacto de Estado contra la violencia machista

Mar García: “Seguiremos trabajando para conseguir un pacto que cuente con la participación de los movimientos feministas, necesitamos un pacto social más allá del político”

Hoy se aprobará en la comisión de Igualdad del Congreso el pacto de Estado contra la violencia machista, acordado el lunes por unanimidad en la subcomisión creada específicamente para esta cuestión. En Comú Podem ha trabajado intensamente en su elaboración y ha propuesto un gran número de medidas que han sido incorporadas al dictamen, que incluye un total de 200 y contempla una dotación económica de 1.000 millones de euros en cinco años. “El pacto de Estado contra la violencia machista es un primer paso, pero es insuficiente”, valora Mar García, diputada de En Comú Podem.

La vocal de la comisión de Igualdad lamenta que el pacto no incluya “un calendario concreto de puesta en marcha ni una dotación económica específica asociada a cada una de las medidas aprobadas”. García, además, considera que el pacto “se queda corto en muchos aspectos, como por ejemplo el hecho de que no hable de igualdad, cuando la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres, tanto económica como de otro tipo, es un factor clave en la lucha contra las violencias machistas”. Desde En Comú Podem “reclamamos que hay que ir más allá y crear una ley marco, mucho más amplia, que englobe todas las violencias machistas en todos los ámbitos. Hay que sacar la violencia del ámbito privado: la violencia machista es social y se expresa en todas partes, de forma individual y colectiva “.

Por todo ello, hoy En Comú Podem presenta enmiendas y voto particular a varios puntos del documento. Más concretamente, el Grupo Confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea ha presentado un total de 32 votos particulares, entre los que se incluyen las siguientes medidas:

– La elaboración de una ley general de violencias machistas a partir de la cual se desarrolle legislación específica para cada tipo de violencia.
– La participación en la implementación, desarrollo y evaluación de las medidas propuestas en el pacto de los colectivos feministas que luchan día a día contra las violencias machistas y de los colectivos de mujeres.
– Un plan específico para la lucha contra la violencia machista ejercida sobre mujeres lesbianas, transexuales y transgénero.
– Un plan de garantía habitacional para las víctimas de violencia machista.
– La eliminación de las prácticas de esterilización y aborto forzosos a las mujeres con diversidad funcional.
– La derogación de la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, de reforma de la Ley del aborto, para reforzar la protección a la infancia y la adolescencia.

Asimismo, la diputada destaca que “vigilaremos muy de cerca que lo firmado se cumple y que los recursos económicos lleguen a quien los necesita, las 200 medidas deben ser una realidad lo antes posible”. En este mismo sentido, anuncia que “seguiremos trabajando para lograr un verdadero pacto de Estado que cuente con la participación de los movimientos feministas, no necesitamos sólo un pacto político sino también un pacto social”.

Entre las medidas que incluye el pacto de Estado contra la violencia machista, están las siguientes: se amplía el marco de consideración de la violencia machista incluyendo medidas contra la trata o el matrimonio forzoso; a pesar de no haber interpuesto denuncia las mujeres podrán ser consideradas víctimas y, por tanto, tendrán acceso a los recursos y se podrá garantizar su seguridad; las mujeres migrantes forman parte del pacto, sea cual sea su situación legal; se suspenderán las custodias compartidas, regímenes de visitas y visitas a las cárceles de los hijos menores de edad para padres maltratadores; también se han acordado medidas para que se eduque en todos los niveles escolares en la prevención contra el machismo y las conductas violentas; y se modificará la ley de régimen local para que los ayuntamientos recuperen las competencias en materia de violencia machista.

En Comú Podem pide la comparecencia de Cristóbal Montoro en el Congreso

El anuncio del Gobierno de suspender el FLA si la Generalitat destina fondos al 1-O es un ataque intolerable al autogobierno de Catalunya

En Comú Podem registrará el lunes la petición de comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para explicar la medida anunciada ayer por el Gobierno del estado de suspender el pago del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en Catalunya si el Gobierno de la Generalitat destina fondos a la celebración del 1-O. La petición se realizará a través de la diputación permanente para que el ministro comparezca en la comisión de hacienda del Congreso.

El Gobierno anunció ayer tras el Consejo de Ministros que pediría informes semanales a los interventores de las consejerías sobre los gastos de la Generalitat. En caso de que se destine alguna partida al 1-O, congelará el pago del FLA a Catalunya. Desde En Comú Podem consideramos que la intervención financiera como herramienta política es una agresión intolerable al autogobierno de Cataluña y un ataque a los derechos nacionales. Por ello, solicitamos la comparecencia de Montoro para que dé explicaciones sobre estas amenazas.

En Comú Podem reclama la nulidad de los juicios del campamento de Gdeim Izik, en el Sáhara Occidental

La diputada Sonia Farré se ha adherido al manifiesto que denuncia torturas y malos tratos a las personas saharauis presas y juzgadas a raíz del desmantelamiento del campamento de la Dignidad en 2010

Declaración sobre la sentencia de los juicios del campamento de Gdeim Izik

Hoy 19 de julio, el Tribunal de Apelación de Salé (Marruecos) ha vuelto a condenar a 23 personas saharauis a penas que van desde cadena perpetua hasta dos años de cárcel por “violencia contra las fuerzas del orden ocasionando lesiones, asesinato y mutilación de cadáveres” durante el desmantelamiento del campamento de la Dignidad de Gdeim Izik en 2010 en el que miles de manifestantes pedían de manera pacífica el fin de la ocupación marroquí. Desde 2010, estas 23 personas saharauis han estado en prisión.

Este nuevo juicio, que comenzó en diciembre de 2016, se ha celebrado en un tribunal civil después de que el Tribunal de Casación revocara las penas pronunciadas contra los saharauis por un Tribunal Militar en 2013 ordenando la repetición del juicio. El juicio se desarrolló en ausencia de los acusados que desde el pasado mes de mayo decidieron protestar contra el proceso no asistiendo a las audiencias.

Las misiones internacionales de observación jurídica presentes en los juicios -entre otras de integrantes del Congreso General de la Abogacía Española, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Centro Robert F. Kennedy y Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura- han denunciado numerosas irregularidades y la falta de garantías procesales suficientes para calificar el juicio como justo y transparente.

Estas misiones han calificado al Tribunal de Salé como una corte extra-territorial sin competencia para juzgar los hechos ya que el Reino de Marruecos no cuenta con jurisdicción sobre el Sáhara Occidental.

También certificaron que el Tribunal de Salé contravino la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada en 1993 por Marruecos que también incluye en su Constitución la prohibición de la tortura, al declarar que no era un asunto propio del juicio e incluir autoinculpaciones obtenidas bajo tortura, como concluyó el Comité de la ONU contra la tortura el 15 de noviembre en relación con uno de los acusados, Naâma Asfari. Amnistía Internacional y Human Rights Watch afirmaron que el Tribunal no debía volver a basar sus sentencias en confesiones obtenidas mediante torturas o malos tratos tal y como confirmaron al analizar los nuevos informes realizados en febrero y marzo de este año. Por estos motivos, la Audiencia Nacional reconoció en octubre de 2016 el estatuto de refugiado a Hassana Alia, condenado a cadena perpetua por el Tribunal Militar marroquí.

Las misiones internacionales de observación cuestionaron también la cadena de custodia y las pruebas aportadas que no vinculan de manera directa y probada a los acusados con los cargos que se les imputan así como la presencia de nuevos testigos que desconocían el nombre de las personas acusadas.
Por todas estas razones, diputados y diputadas, integrantes del Intergrupo Parlamentario por el Sáhara Occidental, reclamamos:

– La anulación de los Juicios ya que el Tribunal marroquí no tiene competencia territorial para juzgar hechos de un territorio que Naciones Unidas considera pendiente de descolonización.

– Una investigación independiente en el marco de Naciones Unidas para determinar la situación de las personas presas de Gdeim Izik, especialmente sobre las irregularidades denunciadas por las misiones internacionales concernientes a las confesiones realizadas bajo torturas o malos tratos.

– La exigencia de estas dos demandas en todas las acciones del Gobierno de España en su relación con el Reino de Marruecos.

Firmantes de la declaración: Sònia Farré (En Comú Podem), Pablo Bustinduy (Podemos), Miguel Ángel Bustamante (Izquierda Unida), Antonio Gómez Reino (En Marea), Jorge Luis Bail (Equo), Joan Tardà (Esquerra Republicana), Enric Bataller (Compromís), Oskar Matute (Bildu).

En Comú Podem denuncia en el Senado las injerencias políticas en órganos superiores de justicia

El senador del grupo de En Comú Podem, Joan Comorera, ha interpelado al Gobierno para denunciar la falta de imparcialidad política de los órganos superiores de justicia como son el Tribunal Constitucional, el Ministerio Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. Comorera, ha hecho especial énfasis en la falta de imparcialidad política que existe entre los magistrados que forman parte del Tribunal Constitucional, una situación que ha tachado de contradicción ya que, como ha explicado, “los jueces, por ley, no pueden afiliarse a ningún partido político o sindicato y esto no ocurre con los miembros del TC “. “Para garantizar la imparcialidad política que rige los principios del Tribunal Constitucional, no debería haber personas que hayan tenido cargos políticos en ningún partido”, ha exigido Comorera, recomendando establecer un régimen de incompatibilidades.

Comorera, además, ha incidido en el deterioro de la democracia que supuso el cambio en la ley sobre el Tribunal Constitucional de 2007, en que se establecía un sistema para dar entrada a magistrados autonómicos que dieran respuesta a las diferentes sensibilidades. “Es un fraude que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo para nominar a los mismos candidatos en todas las autonomías que controlan, están convirtiendo el TC en la 3ª Cámara de nuestra democracia”, ha explicado, ya que considera que el criterio seguido para elegir los magistrados no ha sido ni el mérito, ni las capacidades de cada uno, sino que ha sido un “reparto”. El senador ha avisado que esto implica que el tribunal se esté “politizando y convirtiendo en una cámara partidista y sin legitimidad social”.

Entre las preguntas que ha formulado el senador también se figuraban sobre la independencia del Consejo General del Poder Judicial, un órgano que Comorera cree que es “sumiso al Gobierno” y que nombra cargos de libre elección afines al Gobierno. “Están preparándose un entorno ideológico propicio para el control judicial, eligen los miembros de órganos de derecho siguiendo criterios de afinidad y cuotas políticas, esperando que actúen tal y como los representantes de los grupos políticos mandan y no con independencia”, ha criticado , añadiendo que “el acceso al CGPJ no es parlamentario, es partitocrático, por lo que el clientelismo está servido”.

Por otra parte, Comorera también ha preguntado por la posibilidad de crear un nuevo Estatuto para el Ministerio Fiscal para evitar la penetración ideológica que está sufriendo debido a la elección de Fiscales Generales afectos a un partido político. “El ejecutivo está extendiendo su poder más allá de donde debería, no podemos permitir que se elija un Fiscal General a dedo”, ha reprochado el senador ya que considera que no se está teniendo en cuenta el perfil o las cualidades humanas de los candidatos, sino su afiliación. “Existe una sensación de sumisión al poder ejecutivo”, ha denunciado.

Sobre el TC, Comorera también ha criticado la falta de paridad ante el hecho de que sólo haya dos mujeres por diez hombres. “Resulta paradójico que un organismo que debe garantizar la igualdad entre los ciudadanos no sepa hacerlo dentro su estructura”, dijo, animando a introducir mecanismos de discriminación positiva y establecer cuotas. “Es sospechoso que no haya mujeres que reúnan los requisitos para acceder a estos organismos públicos”, ha denunciado el senador.

En Comú Podem registra una batería de iniciativas para proteger los derechos LGTBI en la educación, en el trabajo, en el asilo y en la diversidad funcional

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Las diputadas y diputados de En Comú Podem, Mar García, Joan Mena, Sònia Farré, Lucía Martín y Aina Vidal han registrado una batería de iniciativas para proteger los derechos LGTBI en aspectos de la vida como la educación, en el trabajo, garantizar el asilo a personas perseguidas por su condición sexual y en la diversidad funcional o intelectual.

Mar García ha asegurado que, con estas iniciativas, “nos unimos a las reivindicaciones del activismo LGTBI que tienen lugar estos días en todo el mundo. Las iniciativas abordan temas tan esenciales como el asilo, el trabajo, la educación o la diversidad funcional. Con ellas queremos visibilizar la desigualdad y opresión que sufren las personas LGTBI en todo el mundo y la necesidad de cambios legislativos y sociales profundos para conseguir una sociedad basada en el respeto a la diversidad sexual y de género.”

Así, se ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la que se exige un protocolo de actuación cuando para tratar los casos de solicitudes de asilo recibidas por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Dicho protocolo deberá garantizar un ambiente de seguridad y apoyo durante todo el procedimiento de asilo y que la se lleve a cabo de forma individualizada y sensible.

Por otro lado, otra de las iniciativas contempla la necesidad ampliar los supuestos del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, de forma que se excluyan del cómputo de absentismo para el despido objetivo las faltas de asistencia ocasionadas por consultas, trámites o Incapacidad Temporal relacionadas con el proceso de transición de las personas Trans. También se exige que se incluya  la LGTBIfobia como riesgo psicosocial para establecer unas medidas de prevención del acoso laboral por esta causa. Y, además, tipificar cualquier acoso por identidad o expresión de género en el procedimiento sancionador como falta muy grave.

En cuanto a la educación, En Comú Podem pide al Gobierno “la erradicación de los modelos heterocisnormativos del sistema educativo y garantizar la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género” a través de la formación continuada y de una línea de subvención para las diferentes administraciones educativas, la necesaria formación sobre los diversos modelos de familia, la realidad afectivo-sexual y la identidad de género, tanto para el alumnado como, especialmente, para el profesorado.

Por último, se han registrado una serie de preguntas escritas al Gobierno para que responda qué valoración hace sobre la doble discriminación que padecen las personas LGTBI con diversidad funcional o intelectual y qué medidas ha tomado en los últimos años para avanzar en la igualdad y contra la discriminación de las personas LGTBI con diversidad funcional.

El Congreso aprueba la iniciativa de En Comú Podem para implantar medidas que eviten los precios abusivos del alquiler

Lucía Martín ha defendido “acabar con las políticas de pelotazo, de pisoteo del derecho a la vivienda y de la especulación”

La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la Proposición No de Ley (PNL) de En Comú Podem en la que se insta al Gobierno a llevar a cabo las medidas necesarias para posibilitar que los municipios que acrediten incrementos de precios desmesurados del alquiler puedan intervenir para impedir precios abusivos.

En este sentido, la diputada de En Comú Podem y portavoz de Vivienda, Lucía Martín, ha asegurado durante la comisión que la iniciativa aprobada es necesaria “porque seguimos sin parque público de alquiler, los contratos de alquiler son cortos y el alquiler se ha convertido en un bien especulativo”. Martín ha explicado que “los precios de los alquileres han subido este último año un 15 % de media en las grandes ciudades mientras que las desigualdades crecen y los salarios bajan”.

A su vez, también se ha aprobado instar al Gobierno a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para revertir la situación de vulnerabilidad a la que están expuestas las personas arrendatarias, mejorando las garantías judiciales de las personas arrendatarias de buena fe con el objetivo de derogar los “desahucios exprés”, ampliar el límite legal para prorrogar el contrato de alquiler de 3 a 5 años como mínimo y reinstaurar la obligación de referenciar la variación anual del precio del alquiler al Índice de Precios de Consumo (IPC).

Lucía Martín ha señalado durante la defensa de la iniciativa que “tenemos que acabar con sus políticas de pelotazo, de pisoteo del derecho a la vivienda, y de especulación. Y para ello es imprescindible aprobar varias medidas, no una ni dos, sino todas ellas en su conjunto, para empezar a cambiar ese modelo depredador y que nos ha llevado a la situación de emergencia habitacional más grave de las últimas décadas”.

Así, la Comisión de Fomento ha aprobado con los votos favorables de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, PSOE, ERC, Compromís, Foro Astúries y PNV, incluir en el próximo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que en estos momentos está elaborando el Ministerio de Fomento, las ayudas al alquiler en función de la renta, para amplios sectores de la población y no únicamente para los jóvenes. También que se aprueben las ayudas necesarias para incentivar que pequeños propietarios pongan sus viviendas a un alquiler asequible.

Finalmente, la iniciativa aprobada expone la necesidad de impulsar la creación de un parque público de alquiler utilizando las viviendas vacías de grandes tenedores de vivienda que no estén cumpliendo su función social. Además, serán las Comunidades Autónomas las que tengan la capacidad de generar y gestionar dicho parque y establecer unos objetivos mínimos de porcentaje de vivienda pública. Por último, también plantea acabar con los privilegios fiscales de las SOCIMIS, sociedades de inversión que especulan con el alquiler.

El PP bloquea el Senado la Comisión de Investigación sobre la participación española en la invasión y guerra de Irak propuesta por En Comú Podem

Sara Vilà, senadora de En Comú Podem, defendió hoy en el Senado la necesidad de poner en marcha una comisión de investigación sobre la participación española en la invasión de Irak, propuesta por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC y Compromiso. Vilà ha recordado que dos periodistas españoles, Anguita y Couso, junto a 11 militares de nuestras Fuerzas Armadas perdieron la vida en Irak. Además, más de 650.000 personas, civiles iraquíes mayoritariamente, murieron como consecuencia de las decisiones tomadas por el llamado ‘Trío de las Azores’. La senadora de En Comú Podem ha referido en varias ocasiones en el informe ‘Chilcott’, realizado por el parlamento británico y en el que se cita hasta 12 ocasiones a José Mª Aznar, por el papel que jugó en la hora de promover la invasión y guerra de Irak.

Tanto Aznar como otros miembros del Gobierno de la época defendieron la participación de España en la invasión de Irak, sobre la base del beneficio económico que la reconstrucción del país árabe iba a suponer para las empresas españolas. Sin embargo, tal como Vilà ha recordado, las empresas españolas no participaron finalmente del “botín de guerra” previsto, tal como el ex ministro Trillo se quejaba por carta ante Donald Rumsfeld. En Irak cometieron el ridículo del s.XXI: nos llevaron a una guerra con consecuencias devastadoras y ni siquiera las empresas pudieron sacar el beneficio prometido “, señaló la senadora. De hecho, únicamente las grandes empresas energéticas españolas se beneficiaron de la comercialización de crudo iraquí. El Gobierno de Aznar, valiéndose de su mayoría absoluta en la época y contra la opinión del resto de las fuerzas políticas, impulsó la participación española en la invasión de Irak, aunque “millones de nuestros ciudadanos salieron a nuestro país masivamente, organizados en movimientos pacifistas contra la guerra “, afirmó la senadora Vilà. Los estudios de opinión cifraban que hasta un 90% de la población española era contraria a la invasión de Irak.

La propuesta de comisión de investigación, sin embargo, no ha salido adelante, ya que el PP ha hecho valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta para vetar la creación de esta Comisión, aunque como les ha advertido la senadora: “Sepan que tarde o temprano se hará justicia política y jurídica, así que no crean que para votar en contra de esta Comisión olvidaremos las consecuencias de invadir Irak”.

En Común Podemos prevé registrar en próximas semanas, esta vez en el Congreso, la misma propuesta de comisión de investigación. Si todas las fuerzas políticas mantienen el sentido del voto hoy emitido al Senado (ERC, PSOE, Compromís, Bildu, PDeCAT y el grupo Unidos Podemos-En Marea-En Comú Podem a favor, PNV y Cs han abstenido), la iniciativa vería la luz gracias al equilibrio parlamentario existente en el Congreso.

En Comú Podem acusa al Gobierno de no querer desclasificar 10.000 archivos de la Guerra Civil y el Franquismo por miedo a las consecuencias políticas

El grupo en el Senado de En Comú Podem ha interpelado a la Ministra de Defensa durante el Pleno para pedir explicaciones sobre los motivos reales que hacen que el Gobierno no quiera desclasificar los 10.000 archivos militares que se encuentran protegidos por la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y ha acusado al Gobierno de no querer hacerlo por miedo a las consecuencias políticas que se puedan derivar. “Usted dice que tendría un coste inasumible, pero lo cierto es que no requiere ni una reforma legislativa, sólo voluntad política”, señaló la senadora Sara Vilà.

La senadora ha apuntado que entre estos documentos “hay material imprescindible para nuestro memorial democrático, pero también para hacer justicia y reparar a las víctimas” ya que comprenden información sobre campos de concentración y sobre la actividad censora, información sobre la Guerra Civil y la II Guerra Mundial, de la política del Protectorado español en Marruecos o sobre los planes nacionales de respuesta ante invasiones extranjeras. Vilà, ante la posición del Gobierno de negarse a desclasificar estos archivos, ha criticado que con el PP al frente de las políticas de memoria histórica “no hay memoria histórica, sólo oscurantismo”.

Durante su intervención, Vilà también ha reprochado a la Ministra que “el Gobierno no está sufriendo por el coste económico, sufre por el coste político que supondría que los crímenes que se han de investigar aún no han prescrito porque son de lesa humanidad” y ha considerado “vergonzoso” que los historiadores españoles tengan que recurrir a archivos extranjeros para estudiar la historia de España porque los documentos “aquí están censurados”.

En Comú Podem reclama al Gobierno reducir la edad de jubilación de los trabajadores con empleos “excepcionalmente penosas, peligrosas o insalubres”

El grupo en el Senado de En Comú Podem ha presentado una moción en la que reclama al Gobierno que se reduzcan los coeficientes de la edad de jubilación para aquellos trabajadores que estén desarrollando trabajos con una naturaleza “excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa, insalubre y que acusen elevados índices de mortalidad o morbilidad “. “Hasta ahora ha habido voluntad política para que las empresas pudieran prejubilar a sus trabajadores y así abaratar costes laborales”, ha explicado el senador Óscar Guardingo, “pero no existe la misma voluntad para reducir la edad de jubilación de trabajos precarios, con prestaciones penosas y condiciones duras “.
Guardingo ha apuntado que aunque durante 2016 hubo un récord de prejubilaciones con 136.941 trabajadores prejubilados de los que gran parte no llegaban a los 60 años, esta política de prejubilaciones es “selectiva y orientada a que las empresas sean más rentables” y no forman parte, en ningún caso, de un sistema basado en la salud laboral de los trabajadores. “Hay trabajos que constituyen un riesgo para la integridad física o psíquica de los trabajadores, por eso los tenemos que dotar de regímenes de acceso a la jubilación a edades más tempranas y no a los 67 años”, explicó el senador.
La moción, que ha sido aprobada por la Cámara Alta, instará al Gobierno a trasladar a la Comisión Pacto de Toledo del Congreso esta propuesta de reducción de la edad de jubilación y agilizar los expedientes en tramitación de los 19 colectivos profesionales que reivindican establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación que aún se encuentran a la espera de resolución desde 2011. “Confío que con esta moción se puedan desatascar estos expedientes y consigamos que muchos trabajadores puedan acceder a una prejubilación digna”, ha dicho Guardingo.

En Comú Podem pide la comparecencia en el Senado de Artur Mas y Jordi Pujol para dar explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción en CDC

El grupo en el Senado de En Comú Podem registrará hoy en la Cámara Alta su propio Plan de Trabajo para la Comisión de Investigación sobre financiación ilegal de partidos, donde figura una relación de comparecientes entre los que destacan los nombres de los ex-Presidentes de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol y Artur Mas, a quienes piden comparecer para explicar cómo se financiaba Convergencia Democrática de Cataluña. En el listado también figuran otros ex altos cargos de CDC, como los ex-tesoreros Andreu Viloca y Daniel Osácar, o el diputado del Parlamento de Cataluña, Germà Gordó.

En el Plan de Trabajo que presentará el grupo catalán se pide también la comparecencia de expertos en transparencia como la de la ex Fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, la Vicepresidenta de MásDemocracia, María de los Reyes Montiel, el Fundador y Director de Civis , David Cabo, o el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, ​​Jaume Asens. Los fiscales de los casos Palau, Pretoria y del caso 3% que comparezcan, también se pedirá que comparezcan, junto con cargos y ex cargos del PP, empresarios y donantes.

La Comisión de Investigación se creó, a diferencia de la del Congreso más centrada en la financiación irregular del PP, para investigar casos de corrupción a todos los partidos políticos debido a los votos a favor de los populares y del PDECAT. El senador Óscar Guardingo tildó de “indignante” que sean “los partidos de Bárcenas y de la Madre Superiora” los que pidan investigar el resto de partidos cuando, como ha apuntado, son los partidos con más procesos judiciales abiertos por financiación irregular. “Es una farsa, el PP quiere utilizar esta Comisión para contraprogramar la del Congreso”, explicó.

Hoy se cierra el plazo para presentar los borradores de los planes de trabajo para la Comisión de Investigación y el próximo lunes 26 se definirá el Plan de Trabajo final, aunque “bajo amenaza” del Partido Popular de utilizar su mayoría absoluta en la Cámara para decidir el redactado final. “Mientras el Congreso se han hecho 6 reuniones para redactar el Plan, aquí sólo se quiere hacer una y con la mayoría absoluta del PP amenazando”, ha criticado Guardingo.

En Comú Podem critica que el papel de la UE en materia de cooperación internacional para luchar contra las causas de la migración forzada es insuficiente

La senadora de En Comú Podem, Sara Vilà, ha participado hoy en el encuentro europeo sobre gestión de la migración en el Parlamento Europeo, desde donde ha criticado a la UE ya que considera que su papel en materia de cooperación internacional es ” muy insuficiente “para luchar contra las causas de la migración forzada. “La cooperación para el desarrollo consiste en combatir la pobreza y la falta de seguridad, en trabajar más duro para hacer frente a los conflictos violentos que causan la migración forzada”, apuntó Vilà, recordando que más de la mitad de los refugiados provienen de tres países arrasados por la guerra: Siria, Afganistán y Somalia.
La senadora ha querido plantear una doble estrategia para detener el “drama” de la migración forzada. Por un lado, y como estrategia a corto plazo, señaló la importancia de detener la participación de la UE en conflictos armados, sancionar a los Estados miembros que compren o vendan armas a países que no respetan los derechos humanos y no cooperar con países con dictadores o regímenes opresores. Vilà también ha propuesto luchar contra las razones por las que las personas tienen que huir abriendo canales de inmigración, aunque ha apuntado que estos deben ser seguros y no como los turcos. “Europa saca pecho por el pacto con Turquía porque ha reducido la llegada de inmigrantes irregulares en un 90%, pero le han pasado el problema a Libia y otras fronteras permeables donde siguen muriendo cientos de personas ahogadas en el mar”, ha criticado.
Como estrategia a largo plazo, Vilà ha planteado tres puntos: dirigir la cooperación al desarrollo a erradicar la pobreza y desvincularla de la cooperación en materia de readmisión y gestión de la migración, gestionando el paro a largo plazo y haciendo una previsión de ayudas al desarrollo, ya que ayudaría a que los países planifiquen e implementen las reformas.
Vilà ha querido, también, aplaudir las palabras del Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, quien confirmó que sancionará a los países que no cumplen con la solidaridad necesaria, como es el caso de España, quien no ha hecho ninguna reforma para poder facilitar y agilizar el asilo de refugiados, ni ha cumplido ninguna cuota. “Hay que acabar con los desequilibrios entre jurisdicciones de Estados miembros que hacen que los refugiados quieran siempre refugiarse allí donde es más fácil tramitar su solicitud de asilo”, reclamó.

En Comú Podem exige al Gobierno garantizar unas condiciones dignas de trabajo para los trabajadores y trabajadoras domésticos

El grupo de En Comú Podem en el Senado ha presentado una moción en la que se exige al Gobierno ratificar el Convenio nº 189 y la Recomendación nº 201 de la Organización Internacional del Trabajo para garantizar unas condiciones dignas de trabajo para las personas que prestan trabajos domésticos. Tal y como ha destacado el senador, “las trabajadoras del hogar tienen unas de las condiciones laborales más paupérrimas de nuestro país” ya que no tienen derecho a prestación por maternidad, desempleo, jubilación anticipada y están sujetas a ser víctimas de toda clase de abusos. Es por eso que ha pedido apoyo para este sector al considerar que está “infravalorado socialmente, invisibilizado, precarizado y mal remunerado” pese a dar empleo a 614.000 personas según datos de la última EPA.
El Convenio establece las condiciones laborales mínimas del sector y dispone los derechos y principios básicos con el fin de lograr unas condiciones dignas y decentes para los trabajadores y trabajadoras domésticas, como son la libertad de asociación, la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, y abolición del trabajo infantil. Sin embargo, la mayoría del PP en el Senado ha bloqueado la moción pese a que se trata de un convenio internacional vigente en 17 países, entre los que se encuentran la mayoría de países europeos y otros como Bolivia, Colombia o Filipinas. “A pesar del compromiso adquirido en sede parlamentaria, el Gobierno ha decidido no ratificar el Convenio, y lo hace sin dar argumentos claros que motiven esa decisión”, ha afeado el senador Óscar Guardingo a los populares, remarcando que “dejan a las trabajadoras del hogar en condiciones de desigualdad respecto a otros sectores”.
Guardingo ha reconocido que tanto la Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad social y el Real Decreto 1620/2011 que regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar representaron “un gran avance” ya que equiparaba con el resto de los trabajadores por cuenta ajena, tanto en las condiciones de trabajo como en la protección en la Seguridad Social, exceptuando el despido y la prestación por desempleo. Sin embargo, tal y como ha señalado el senador, el Real Decreto 29/2012 supuso “un paso atrás” ya que dejó desprotegidos a aquellos que trabajaban menos de 60 horas mensuales. “A no ser que acepten un retroceso en el reconocimiento de los derechos de este colectivo, es incomprensible que no se rectifique un convenio que pretende dignificar el trabajo del servicio doméstico”, ha apuntado Guardingo.

En Comú Podem acusa al Ministerio de Justicia de “apostar por la impunidad y coartar las investigaciones” de casos de corrupción

El grupo En Comú Podem en el Senado ha defendido en su veto a la partida de justicia de los Presupuestos Generales del Estado 2017 que el Ministerio de Justicia “apuesta por la impunidad y coarta las investigaciones” de los casos de corrupción ante la falta de recursos que destinan los presupuestos a la investigación y el enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupción. “La lucha contra la corrupción, revisando su proyecto de presupuestos, no es una preferencia”, ha dicho el senador Joan Comorera, a la vez que ha puesto en duda la independencia de la Fiscalía al no tener el Ministerio Fiscal independencia fiscal. “Dime lo que inviertes en justicia y te diré cuánto luchas contra la corrupción”, ha querido recordar Comorera.
El senador ha apuntado que pese al aumento del 7,6% de la partida destinada a justicia, el presupuesto se sitúa por debajo del que se destinó en 2010, destacando la reducción acumulada que ha sufrido esta partida en los últimos años. “Siguen maltratando al poder judicial, con estos presupuestos difícilmente van a conseguir ninguno de sus objetivos de conseguir una justicia más ágil y eficaz, mejor organizada, independiente…”, ha explicado Comorera. Además, también ha querido recalcar la baja dotación que recibe la justicia gratuita, ya que considera que “ningunea” a los profesionales que trabajan en el turno de oficio. “Estoy acostumbrado a oírles loar el trabajo realizado por los profesionales de la justicia del turno de oficio, pero el compromiso con ellos no puede quedarse en palabras año tras año”, ha dicho al Ministro de Justicia.
Comorera también ha criticado que únicamente se prevea ampliar la plantilla con 25 fiscales y 65 jueces cuando hay 549 aprobados sin plaza en la justicia y ha señalado la falta de asistencia jurídica obligatoria para las víctimas de violencia de machista, sobre lo que ha apuntado que “no se lucha contra esta lacra con minutos de silencio, sino con presupuesto”. “Justicia más justa y más rápida sin más medios, es, además de demagógica, irresoluble”, ha sentenciado.

En Comú Podem avisa de que los Presupuestos de 2017 incumplen la Ley en materia de Igualdad

En Comú Podem ha apuntado hoy durante el Pleno en el que se han debatido los Presupuestos Generales del Estado para 2017 que el presupuesto en materia de lucha contra la violencia machista y de igualdad incumplen la Ley en materia de Igualdad. “Si el presupuesto contra violencia es de mínimos, el de igualdad es para echarse a llorar”, ha dicho la senadora Maria Freixanet, acusando al Partido Popular de haber “amputado” el Pacto de Estado contra la Violencia Machista.
“Estas cifras son vergonzosas, no lograrían cubrir las necesidades de ni un 5% de todas las víctimas que hay en España”, ha señalado Freixanet, preguntándose cómo se va a conseguir formar curricularmente a los más jóvenes, al personal docente, social y sanitario en materia de igualdad o cómo pretenden dotar al sistema judicial y policial de los recursos, personal y formación que requieren. “Llevamos muchos meses de trabajo negociando el Pacto y estos presupuestos son un insulto: a las senadoras, a las entidades, a las policías, juezas, trabajadoras sociales… y, sobre todo, a las mujeres y menores víctimas de violencia machista”, ha dicho la senadora, señalando que “es una falta de respeto a una sociedad a la que le hemos prometido que un asesinato es demasiado y que las mujeres tienen derecho a vivir libres de sexismo”.

En Comú Podem exige una auditoría del Ministerio de Defensa en su veto a los Presupuestos

El grupo de En Comú Podem en el Senado ha exigido que se realice una auditoría del Ministerio de Defensa durante su defensa del veto a los Presupuestos en materia de Defensa. “Pedimos una auditoría porque el paso del Ministro Morenés por el ministerio de defensa no solo arrasó con el presupuesto, sino que ha hecho que dicho ministerio se vea hipotecado por lo menos en los siguientes 20 años”, ha dicho la senadora Sara Vilà.
Vilà ha recordado al ministro que en 2016 se superó el presupuesto pactado en 1.395 millones de euros y que este año lo hará en un 32% a causa de la deuda generada en los Programas Especiales de Armamento, mientras que Sanidad y Justicia solo crecerán un 8 y un 7% respectivamente. La senadora ha explicado que el crédito extraordinario destinado a Programas especiales de Armamento fue puesto en duda por el Tribunal Constitucional algo que, ha dicho, “pone de manifiesto la falta de transparencia y opacidad en el gasto del presupuesto”. Y es que durante los años de Morenés al frente del ministerio, se han adjudicado hasta 115 millones de euros a empresas dirigidas anteriormente por el ministro, además de haber invertido dinero en comprar armas a Israel, un país que vulnera los Derechos Humanos.
Sara Vilà ha querido, también, recalcar que los presupuestos de defensa “no sirven para defender a la gente ni respetan a las tropas” y ha acusado al Ministro de “solo respetar sus bolsillos”. “Si respetaran a la tropa y a la marinería, no dejarían tirados a los soldados después de los 45 años, contemplarían aumentos de personal, destinarían más a renovar instalaciones que se caen a cachos… porque podemos tener flamantes armas, tanques y aviones, pero de nada sirve si no tratamos a la tropa de forma digna”, a lo que ha añadido que “el fin para ustedes no es defender a la gente, es defender sus empresas”.

En Comú Podem exige garantizar los derechos laborales de las mujeres que se sometan a tratamientos de reproducción asistida

El grupo de En Comú Podem en el Senado ha presentado una proposición de Ley en la que exige que se garanticen los derechos laborales de las mujeres que sometan a tratamientos de reproducción asistida o fecundación in vitro. “La realidad nos demuestra que son muchas las mujeres que han sido despedidas en el inicio del proceso de embarazo mediante estas técnicas”, ha dicho la senadora María Freixanet, “por eso presentamos esta modificación del Estatuto de los Trabajadores, para dar garantías a todas las mujeres desde el momento en que empiezan el tratamiento”. Y es que actualmente, pese a que España es el primer país de Europa en reproducción asistido y el tercero a nivel mundial, las empresas pueden despedir por absentismo laboral a las mujeres que utilizan estas técnicas. “Esta anomalía legal ya ha sido apuntada en sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia Europea”, ha recordado la senadora, a la vez que ha recordado que aprobar esta proposición de Ley es “fundamental” para garantizar la Ley de Oportunidades en el empleo.

El senador Óscar Guardingo, por su parte, ha explicado que esta proposición de Ley incluye también la protección laboral de los donantes vivos de órganos ya que “el actual ordenamiento jurídico permite a las empresas despedir a los trabajadores que donen órganos en base a la idea de absentismo laboral justificado que introdujeron las reformas de 2010 y 2012. El grupo busca equiparar la situación de los donantes de órganos con la de los enfermos de cáncer, contemplando el mismo nivel de protección. “Queremos garantizar la indemnidad de los trabajadores que donan órganos desde que empiezan las pruebas médicas hasta que finaliza su baja médica”, ha asegurado Guardingo.

Además, el grupo también contempla a los trabajadores con bajas médicas inferiores a 20 días con motivo de intervenciones quirúrgicas, rehabilitación o bajas hospitalarias, ya que, como ha apuntado Freixanet, “no puede ser que tengamos trabajadores que renuncien a la rehabilitación porque se exponen a un posible despido”. La proposición de Ley, en este sentido, propone eliminar el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores ya que, como ha criticado Guardingo, “no se puede obligar a la gente a elegir entre salud y trabajo”.

Esta iniciativa, tal y como ha explicado la senadora Freixanet, pretende “modificar la dinámica de los últimos años en que cada cambio en el terreno laboral ha supuesto empeorar las condiciones de los trabajadores”.

En Comú Podem reprocha al Gobierno del Estado la falta de liderazgo público en materia de cooperación internacional

El grupo de En Comú Podem en el Senado ha pedido explicaciones al Ministro de Asuntos Internacionales y Cooperación, Alfonso Dastis, sobre el papel que juega España en materia de cooperación internacional después de que haya sido una de las áreas en las que más ha recortado en los últimos años, tal y como ha recordado la senadora Sara Vilà. “Se ha recortado un 84% en los presupuestos de cooperación internacional desde 2008, esto significa no sólo que incumplimos los acuerdos a los que nos adherimos a encuentros y foros, vamos en el camino opuesto al que nos comprometimos”, avisó la senadora. De hecho, España se encuentra a la cola de donantes, cediendo únicamente un 0,21% de ayuda al desarrollo, lo que significó un 0,12% de la renta bruta de 2015, muy por detrás de otros países que han sufrido los estragos de la crisis como Malta o Grecia.
“Cooperación es una palabra preciosa, pero no una política pública por la que el Gobierno esté apostando”, ha criticado Vilà, recordando que la Administración General del Estado y el Ministerio han dejado de proporcionar 200 millones en ayudas al desarrollo. La senadora ha recordado que además de una falta de presupuesto, también faltan estructuras y planificación anual ya que tanto la Secretaría de Estado como la Agencia encargadas de las ayudas al desarrollo están en proceso de reestructuración, lo que dificulta tener un plan director. Además, también ha destacado que el sector público debe ser quien debe decir al sector privado hacia dónde dirigir las ayudas, quién debe liderar la cooperación internacional.
La senadora Vilà también ha querido destacar que han sido las ONG las que más han sufrido los recortes y que el Gobierno debería “dejar de llenarse la boca” hablando de la labor de los cooperantes españoles cuando no dotarlos de presupuesto implica , como ha dicho, “que el Gobierno y el Estado no reconozcan la importancia de lo que están haciendo”. “El 64% de la ciudadanía del Estado considera una prioridad la ayuda a los países en desarrollo, el 63% considera que hay que aumentar nuestra ayuda”, explicó, recordando que “tenemos una de las sociedades más solidarias de Europa y el Gobierno no está haciendo caso a su voluntad “.
Vilà también ha querido recordar que España está incumpliendo el plan de reubicación de refugiados y que no vale decir que no hay suficiente refugiados buscando asilo cuando “nos consta que hay más de 60.000 refugiados esperando ser reubicados en Grecia”. “No os lo decimos nosotros, se lo dice el Comisario europeo que si la situación no cambia, la Unión Europea abrirá un expediente sancionador”, ha avisado.
Finalmente, la senadora ha introducido preguntas sobre la situación en el Rif, donde se han producido manifestaciones que han sido reprimidas violentamente, sobre las dificultades de hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza y sobre el Plan de empresas y derechos humanos que se debatió el 2014 en Consejo de Ministros entre otros temas.

En Comú Podem defiende que la asistencia jurídica gratuita no se puede grabar con IVA dado su carácter social

El grupo En Comú Podem en el Senado ha pedido considerar la asistencia jurídica de oficio como “gasto social” y por lo tanto que quede excluida del pago de IVA en la reforma de la Ley de asistencia jurídica gratuita presentada por el Partido Popular. El senador que ha defendido las enmiendas del grupo, Joan Comorera, considera que “la asistencia jurídica es un servicio público para aquellos que acrediten recursos insuficientes, por lo que queda patente su carácter de asistencia social”. Comorera ha señalado que este servicio de justicia gratuita debe ser obligatorio para los colegios profesionales siempre y cuando el Estado les dote de una asignación presupuestaria adecuada ya que “de lo contrario, los colegios no están obligados a realizar una tarea que el propio Estado no garantiza “.
Para el senador, la obligatoriedad de prestar servicios jurídicos debe recaer en los colegios de abogados y no en los profesionales, quienes deben poder decidir voluntariamente si adscribirse al servicio de oficio. “La Ley se presta a confusión en este sentido ya que cambia un modelo vocacional por un modelo obligatorio en el que el turno de oficio tiene carácter obligatorio”, señaló, al tiempo que ha remarcado que la calidad del servicio de oficio puede verse disminuida al forzar a los profesionales a realizar servicios que no desean hacer.
Por otra parte, el grupo también ha presentado una enmienda para garantizar una justa gratificación para aquellos profesionales que actúan de oficio. “Debe quedar claro que la designación de oficio no puede excluir el derecho a recibir una retribución o remuneración”, dijo, “el letrado no debería demandar al cliente para poder cobrar, el abogado de oficio no debería asumir gastos … En ningún caso quien presta un servicio público tan importante debe ver sus derechos vulnerados “.
Entre las enmiendas presentadas por el grupo también constaba una que hacía referencia al derecho de asistencia jurídica gratuita a las organizaciones medioambientales, un servicio obligatorio y que no incluye la ley presentada, lo que incumple el Convenio Internacional de Aarhus. “Nos estamos jugando una sanción”, señaló Comorera, “es curioso que corran para reformar la ley y que se estén omitiendo cuestiones tan importantes”.

En Comú Podem pide la comparecencia de Amancio Ortega en el Congreso de los Diputados

La diputada de En Comú Podem Aina Vidal ha solicitado hoy la comparecencia de Amancio Ortega en la Comisión de Empleo del Congreso “para que informe a la Comisión y explique, en tanto que es experto en la materia, las relaciones de las empresas matrices con sus filiales o subcontratadas y exponga qué instrumentos tiene ZARA INDITEXT para detectar posibles vulneraciones de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras en las empresas con las que contrata en el extranjero.

Vidal ha recordado que el pasado 31 de mayo el Ministerio Público del Trabajo (MPT) de Sao Paulo, Brasil, anunció que la multinacional española Zara deberá pagar 5 millones de reales (más de 1,3 millones de euros) por un caso de trabajo esclavo registrado en 2011. Y es que, 15 trabajadores que producían ropa para la firma “fueron rescatados en condiciones degradantes”, recordó el MPT de Sao Paulo en un comunicado.

En este sentido, Aina Vidal ha señalado que “la lucha contra el trabajo esclavo es fundamental, así como seguir trabajando para la extensión del Convenio 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso, por ello En Comú Podem hemos registrado las comparecencias de Amancio Ortega, fundador de Zara, Pablo Isla, presidente de Inditex, Begoña Lopez-Cano, directora de recursos humanos de Inditex, Oscar Perez Marcote, director de Zara, Felix Posa Peña, director de Responsabilidad Social Corporativa, y el presidente de la OIT Guy Ryder. A todos ellos se les pide comprecer como expertos en trabajo esclavo así como parece indicar el Ministerio de Trabajo de Sao Paulo”.

 

En Comú Podem pide el amparo del Senado después de que el Gobierno se haya negado a dar información sobre los indultos concedidos

En Comú Podem ha pedido el amparo de la Mesa del Senado después de que el Gobierno se haya negado a dar información sobre los indultos concedidos y denegados desde el 1 de julio de 2015. El 26 de abril pasado, el senador Joan Comorera solicitó oficialmente al Gobierno estos datos, además de reclamar también información sobre “los tipos de delitos sobre los que versan y las razones de concesión o denegación”. Dos meses más tarde, el senador Comorera recibía respuesta del Gobierno, que se negaba a ofrecer los datos solicitados, aunque es su obligación legal, argumentando que “al final del presente periodo de sesiones comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso un representante del Gobierno, explicando la actividad desarrollada por el Gobierno en esta materia “. Es por ello que el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una petición de amparo a la Mesa del Senado, ya que se le está negando la función de control parlamentario al Gobierno, reconocida en la Constitución Española, a Comorera.

La ley que regula la capacidad del Ejecutivo para conceder indultos, a pesar de las disposiciones adicionales añadidas al texto original, data del año 1870. El Gobierno tiene, de este modo, la posibilidad de enmendar la tarea realizada por los tribunales de Justicia, llegando a ponerse en cuestión la separación de poderes que debería estar garantizada en cualquier Estado de Derecho. Comorera, asegura, entiende que “es sumamente preocupante la falta de transparencia del Gobierno de Mariano Rajoy, capaz de negar incluso información sobre los indultos que, al margen de las decisiones judiciales, se están concediendo”.

“Tenemos la sensación de que el Gobierno prefiere no dar información sobre los indultos que concede en este preciso momento, cuando más trascendencia pública tienen los escándalos de corrupción del Partido Popular”, ha afirmado Comorera, “incluso, creemos que prefieren hacerlo en pleno verano, cuando la actualidad informativa tiene menos eco social “. Comorera explicó que ni el Gobierno ni el Presidente menudo no ofrecen datos concretos a sus respuestas orales, al tiempo que ha puesto en duda que se lleguen a ofrecer los datos requeridos en la Comisión de Justicia del Congreso.

Sara Vilà reclama prohibir la presencia del ejército en entornos educativos y de formación

La senadora de En Comú Podem, Sara Vilà, ha presentado una moción que reclama prohibir la presencia del ejército en ferias educativas y entornos educativos y de formación ya que, considera, “la presencia de militares y la promoción de armas en estos espacios va en contra de la Ley de fomento de la educación y cultura de paz”. “No podemos permitir que esta profesión se vea como un trabajo más cuando todos sabemos que formar parte de un ejército es una decisión adulta”, ha explicado, por lo que ha pedido que la información y promoción sobre el ejército llegue a los jóvenes a partir los 18 años, edad en que pueden alistarse.

Vilà ha tachado de “intolerable” que las misiones del ejército lleguen a los jóvenes a través de estas ferias como actividades de ONG, limitando la información que se da a actividades de cooperación y ayuda humanitaria cuando el ejército, ha dicho, “se dedica a algo tan grave e importante como los conflictos armados” y “cuando sabemos el horror que hay detrás de las guerras, las amenazas que sufren los militares y la cantidad de profesionales que mueren”. “Todo esto no se explica en las ferias, no podemos permitir que se dé una imagen edulcorada de lo que supone ser militar y formar parte del ejército”, ha explicado.

La senadora remarcó que esta prohibición no entra a valorar el papel del ejército ya que, ha recordado, ella misma es miembro de la Comisión de Defensa, desde donde trabaja para mejorar las condiciones de los militares y dignificar su labor.

Declaración sobre la tramitación de la ratificación del CETA en el Congreso de los Diputados

Los partidos y las organizaciones sociales reunidos en el Congreso de los Diputados el 17 de mayo de 2017 hemos aprobado en los últimos meses resoluciones, mociones o comunicados expresando nuestra preocupación sobre un conjunto de tratados de comercio e inversión, llamados de nueva generación, que la Unión Europea está negociando y/o en proceso de aprobación: el TTIP, el CETA y el TISA.

En estos posicionamientos nos hacíamos eco de las preocupaciones de importantes sectores económicos y sociales sobre posibles impactos a los derechos sociales, laborales, ambientales, la equidad de género, la seguridad alimentaria, la salud, culturales o informáticos, así como sobre la defensa de un espacio de mercado con concurrencia equitativa para los diferentes agentes económicos, que permita el fortalecimiento del tejido económico y social de nuestro estado.

También constatábamos los antecedentes de tratados de características similares, con una perspectiva de tiempo en funcionamiento que, lejos de responder a las expectativas iniciales en cuanto a la generación de puestos de trabajo y mejora de la economía, han supuesto serios problemas de subsistencia a importantes sectores económicos y extensas capas de la población, generando indeseadas consecuencias a nivel económico, social y político.

El pasado 24 de marzo el Consejo de Ministros acordó remitir a las Cortes la propuesta de ratificación del CETA, el Acuerdo Económico y de Comercio de Europa y Canadá con el objetivo de que sea rápidamente ratificado. Mientras en otros países este proceso de ratificación puede alargarse meses e incluso años y se puede acabar decidiendo vía referéndum, el Gobierno español ha optado por evitar un periodo de estudio, información y debate público con las partes sociales, económicas y las instituciones políticas afectadas.

Los grupos firmantes apoyamos la cuestión de constitucionalidad que se debatirá en el Pleno en el día de mañana junto con la enmienda a la totalidad al Tratado. Creemos que existen buenas razones para cuestionar algunos elementos del Acuerdo desde el punto de vista de aspectos esenciales del orden constitucional.

Por todo ello las organizaciones firmantes:

  • Nos ratificamos una vez más en la necesidad de un periodo de información y debate público en el que tanto los sectores sociales y económicos como las administraciones públicas afectadas por estos tratados puedan participar y conocer todas las implicaciones e impactos que pueden conllevar.
  • Consideramos que, más allá de la ratificación o no del CETA, el procedimiento empleado nos plantea una cuestión de calidad mínima de nuestra democracia, así como de falta de respeto a la ciudadanía y al resto de instituciones públicas implicadas.
  • En consecuencia, pedimos la suspensión del procedimiento iniciado para la ratificación del CETA, la retirada del proyecto remitido por el Consejo de Ministros a las Cortes y la apertura de un nuevo procedimiento con la participación de todos los actores implicados.
  • Pedimos a los grupos políticos con representación en el Congreso que permita que el Tribunal Constitucional valore la constitucionalidad de este Tratado y votando a favor de la iniciativa en el Pleno del jueves.

EN COMÚ PODEM; UNIDOS PODEMOS; EN MAREA; ESQUERRA REPUBLICANA; EHBILDU

El Congreso aprueba la propuesta de En Comú Podem para tramitar la abolición del artículo penal que “criminaliza” los piquetes durante las huelgas

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la tramitación de la Proposición de Ley, presentada por En Comú Podem, para abolir el artículo 315.3 del Código Penal que regula las sanciones para participar en huelgas y piquetes. La diputada de En Comú Podem ha defendido que este artículo “criminaliza la huelga”, hecho que ha considerado “una aberración” y una “degradación democrática flagrante” que sólo favorece la intimidación por parte de las empresas.

“Habéis hecho uso de un fósil jurídico tardofranquista”, ha recriminado la diputada al Partido Popular. “Para desmontar los derechos de los trabajadores era necesario reprimir la protesta social, criminalizar la huelga y sobre todo quienes la hacen posible”, ha apuntado. “No conozco piquete más efectivo y coactivo que el que ejerce la patronal los días de huelga”, ha explicado Vidal, “y curiosamente no se conoce ningún empresario juzgado por coacciones”.

Por la diputada, la reforma del Código Penal realizada por el Partido Popular en 2015 no fue nada más que una “ofensiva contra el derechos de la ciudadanía” y viene a demostrar que sólo se llevó a cabo para rebajar las penas a las empresas por coacción, hecho que ha tildado de “capitalismo de amiguetes”.

La proposición de ley presentada por En Comú Podem demanda, también, el sobreseimiento de todas las causas abiertas y la revisión de las condenas de las personas a quienes se los haya aplicado este artículo, contemplando indemnizaciones por los perjuicios sufridos. Vidal ha recordado que en los últimos años cerca de 300 personas han sido juzgadas para participar en huelgas y piquetes, y algunas, incluso, han sido condenadas a penas de prisión.

 

 

 

En Comú Podem pregunta al Gobierno por qué el Ministerio de Cultura no se presentó a la reunión para decidir si el Palau de la Música se persona como acusación contra Convergència

El diputado de En Comú Podem Joan Mena ha registrado hoy una batería de preguntas dirigidas al Gobierno con el objetivo de conocer por qué el Ministerio de Cultura no se presentó el viernes 12 de mayo de 2017 a la reunión convocada en el Consorcio del Palau de la Música donde se iba a decidir si dicha institución se personaba contra Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por recibir 6,6 millones de euros en comisiones ilegales en el denominado ‘Caso 3%’.

Según se ha conocido, en dicha reunión, los representantes de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont y Santi Vila, delegaron su voto en el Secretario General de Cultura, Pau Villòria, mientras que los representantes del Ministerio de Cultura ni asistieron ni delegaron su voto; mientras que los dos representantes del Ayuntamiento de Barcelona votaron a favor de personarse en la acusación contra CDC. Así pues, los votos del Govern de la Generalitat impusieron su mayoría y evitaron que el Palau de la Música se persone como acusación contra CDC durante el juicio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha afirmado que su deber es el de colaborar al máximo con el esclarecimiento de los hechos, entendiendo que ello implica dirigir la acusación contra todas aquellas personas y organizaciones sobre las cuales recaen indicios razonados de actuaciones irregulares que han quedado acreditadas a lo largo de la vista oral.

Por todo ello, En Comú Podem pregunta al Gobierno las siguientes cuestiones:

  • ¿Por qué motivos los representantes del Ministerio de Cultura en el Consorcio no asistieron a dicha reunión? ¿Por qué motivo no delegaron su voto? ¿Qué opina el Gobierno de que la Generalitat de Catalunya evite que el Palau de la Música acuse a CDC en el juicio?
  • ¿Considera el Gobierno que el Palau de la Música, entidad de la que forma parte el Ministerio de Cultura, debería personarse como acusación contra Convergència Democràtica de Catalunya? ¿Qué mecanismos va a utilizar el Gobierno para corregir esta situación que pone en riesgo el interés general?
  • Tal y como apuntan algunos medios de comunicación, ¿negoció el gobierno no presentarse a dicha reunión para evitar la decisión de personarse como acusación contra CDC? ¿Fue esa negociación a cambio de que CDC, ahora PDeCAT, facilitara la aprobación del decreto de desregulación y liberación del sector de la estiba que debe ser sometido a votación en el Congreso?
  • En caso afirmativo, ¿considera el gobierno que ese intercambio de favores degrada la calidad democrática de nuestro sistema?

El Grupo Confederal registra 1.600 enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado 2017

El Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea ha registrado 1.600 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado 2017 (PGE) para evitar los recortes y las políticas de austeridad incluidas en los presupuestos del Partido Popular, marcados por el objetivo de déficit de 2017 aprobado por PP, PSOE y C’s, que supone someter a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos a una austeridad asfixiante.

El Plan de rentas garantizadas, valorado en 3.450 millones de euros, es una de las emenes principales. Se trata de una demanda que forma parte del programa de En Comú Podem cómo una de las iniciativas para erradicar la pobreza. También se ha registrado la revalorización de las pensiones (1.427M€) con un incremento de un 1,2% para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Además, una de las enmiendas exige que se aumenten las pensiones no contributivas (820M€) que afectan a la mayoría de las mujeres.

En cuanto a la economía, se ha presentado un Plan de ocupación para parados y paradas de larga duración (1.225M€); una enmienda para reorientar el sector de la construcción, con un coste de 300 millones de euros; la actualización progresiva de la IPREM (625M€) que afectaría positivamente a las personas que reciben prestación de desempleo de nivel asistencial y otras perceptoras de ayudas públicas. Por último se ha registrado el incremento progresivo del hasta el 1,2 % del sueldo de los funcionarios públicos para evitar la pérdida de poder adquisitivo.

El municipalismo, que rechaza el Partido Popular, tiene que ser una pieza clave en la mejora de la calidad de la vida de la gente, así, se ha registrado la derogación de las disposiciones adicionales 27 y 36, específicamente diseñadas para impedir la remunicipalización de los servicios básicos y fundamentales para el día a día de las personas.

Los presupuestos del PP no están pensados para las necesidades de la gente, de nuevo se vuelven a olvidar de la Ley de Dependencia. En Comú Podem ha pedido que los PGE 2017 incluyan un Fondo Estatal de protección mínima (900M€) que será transferido a las Comunidades Autónomas para garantizar las ayudas a la dependencia.

La inversión en I+D+I es fundamental para mejorar la economía, por eso, se ha incluido un Plan de rescate de la Ciencia (940M€) vinculado a diferentes medidas, como por ejemplo, invertir en el Centro de Supercomputació de Barcelona, así como al Synchroton Park de la UAB.

En Comú Podem considera que los PGE 2017 tendría que dotar de recursos a la Justicia para atender el derecho de opción lingüística de la ciudadanía entre el personal de la Administración valorado en un millón de euros. A la vegada, se ha registrado una enmienda parcial de apoyo a la agricultura, la ganadería y la pesca (230M€).

Para Catalunya se han registrado más de 200 enmiendas después de que los presupuestos del PP sólo vendan humo para los catalanes, puesto que los PGE 2017 suponen una reducción de 500 millones de euros respecto a los de 2016, que tampoco se han cumplido.

En Comú Podem ha vuelto a insistir en que Corredor del Mediterráneo tiene que ser ya una realidad; se ha presentado una enmienda para la eliminación de las cabinas de peaje; para acabar las obras de La Sagrera; amortización anual de la deuda del Estado con el Área Metropolitana de Barcelona; un proyecto para revisar el sistema de embalses, la retención de sedimentos o el caudal ambiental para proteger la conca de l’Ebre y el Delta; cubrir las vías ferroviarias del plan de la Estación de Lleida y un estudio para la ampliación de Cercanías en Lleida; mejorar los caminos de Ronda de la Costa Brava; adecuación de los tramos de la vía pública afectados por las obras del AVE en Girona; y la construcción de una nueva línea de mercancías entre Sant Vicenç, Roda, Reus y Tarragona.

 

 

 

 

En Comú Podem pregunta al Gobierno por la multa a un ciudadano por hablar en catalán a un agente de seguridad en el Aeropuerto de El Prat

El diputado de En Comú Podem y portavoz de Justicia, Jaume Moya, ha preguntado hoy por escrito al Gobierno si tiene constancia de la multa interpuesta por un agente de seguridad del Aeropuerto de El Prat por dirigirse a él en catalán. Según el comunicado recibido, se le imputa una infracción de tipo grave al hacer «caso omiso de las órdenes dadas por los agentes actuantes entorpeciendo, de este modo, su labor policial y atrasando el flujo normal de pasajeros», y por eso sería merecedor de una multa de 601 euros.

En este sentido, Jaume Moya ha asegurado que “no es nuevo que se denuncien situaciones de discriminación lingüística por parte de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Recientes casos denunciados en Vic, Benidorm o Gata de Gorgos lo testimonian”.

En su opinión,  “lo que resulta especialmente grave ahora es que, al trato vejatorio e intimidador al ciudadano, se sume la aplicación desproporcionada de la Ley de Seguridad Ciudadana, “Ley Mordaza”, como medida coactiva, calificando el legítimo uso de la lengua propia como acción obstaculizadora de la labor policial, y que esto comporte una sanción económica”.

Así, el diputado de En Comú Podem justifica que el grupo pida explicaciones al Gobierno del Estado y medidas concretas para evitar que se repitan estas situaciones, como puede ser la exigencia de conocimiento de los derechos lingüísticos y de las lenguas cooficiales por parte de los agentes y la reactivación del Consejo de las Lenguas Oficiales.

 

Así, las preguntas registradas son las siguientes:

 

1ª.          ¿Tiene constancia el Gobierno de los hechos expuestos y, en su caso, qué medidas piensa tomar para que no repitan situaciones de discriminación lingüística análogas?

2ª.          ¿Considera el Gobierno que el uso del catalán, o de cualquier otra lengua propia distinta del castellano en el territorio en el que tiene reconocimiento oficial, ante un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, puede ser considerado a todos los efectos como falta de respeto u obstaculización de las labores policiales?

3ª.          ¿Considera el Gobierno que, actualmente, los cuerpos y fuerzas del Estado tienen suficiente conocimiento de los derechos lingüísticos y reciben una formación adecuada para asegurar un buen servicio a la ciudadanía, sin discriminación por razones de lengua?

4ª.          ¿Considera el Gobierno que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberían tener conocimientos adecuados y suficientes de todas las lenguas oficiales del territorio en el que ejerzan su función para poder así respetar los derechos lingüísticos de la ciudadanía?

5ª.          Teniendo en cuenta la existencia desde el año 2007 del Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y de su Real Decreto que prevé que se reúna al menos una vez al año y que, a pesar de ello, diez años después, sólo se ha reunido tres veces, siendo la última en 2.010, ¿tiene intención el Gobierno de convocar una reunión del Consejo para conseguir el mejor cumplimiento de las exigencias derivadas de la existencia de diferentes lenguas cooficiales y de su reconocimiento en la actividad de la Administración estatal?

 

El Congreso insta al Gobierno a aprobar un impuesto bancario para recuperar el dinero del rescate bancario

La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy instar al Gobierno a presentar las modificaciones legislativas necesarias para crear un impuesto sobre la actividad bancaria, que grave los beneficios y las remuneraciones de las entidades financieras con el objetivo de recuperar las ayudas públicas que se han otorgado en los últimos años a este sector económico y la generación de recursos suficientes para el sostenimiento de los servicios públicos y la mejora del Estado. Este texto parte de la Proposición No de Ley que ha presentado En Comú Podem y que finalmente se ha transaccionado con el PSOE.

En este sentido, el diputado de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha defendido durante la Comisión de Economía que “el rescate de la banca ha generado déficit y deuda pública y ha supuesto una transferencia de recursos públicos de la sanidad, la educación, de los servicios sociales, desprotegiendo la gente para salvar la banca”. “La banca ha sido el epicentro de la crisis económica y social como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, de una mala regulación y ante la pasividad y la connivencia de los diferentes Gobiernos y del Banco de España” ha manifestado Vendrell.

Y es que según el diputado de En Comú Podem, “el sistema financiero español ha puesto en grave riesgo la economía, favoreciendo la especulación y provocando una terrible crisis económica; un desastre social, con desempleo, desahucios, el fraude de las preferentes, de las clausulas suelos…; y una fuente de corrupción con numerosos directivos imputados y en procesos judiciales”.

Por todo ello, “es necesario un impuesto que grave los beneficios de la banca para, entre otros objetivos, recuperar el dinero destinado a los bancos privados, para revertir el coste social del rescate financiero y recuperar los fondos públicos. Este impuesto solidario es un imperativo ético, una obligación del Gobierno y una necesidad social” ha reclamado Vendrell.

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Dimitrios Papadimoulis, firma el manifiesto del Pacte Nacional pel Referèndum

Tres días después de reunirse con Xavier Domènech, portavoz de En Comú Podem, Papadimoulis manifiesta públicamente su apoyo al derecho a decidir.

El vicepresidente del Parlamento Europeo y jefe de la delegación de Syriza (GUE-NGL), Dimitrios Papadimoulis, ha firmado el manifiesto del Pacte Nacional pel Referèndum. Así lo ha hecho saber él mismo a través de la red social Twitter, sólo tres días después de recibir la visita de Xavier Domènech, portavoz de En Comú Podem. El diputado se desplazó el pasado martes en Bruselas, donde se reunió junto con el eurodiputado Ernest Urtasun, con varios representantes europeos para sumar apoyos a la celebración de un referéndum que cumpla las 3 garantías democráticas para ser efectivo: reconocimiento internacional, la participación mayoritaria del pueblo de Cataluña y tener todas las implicaciones jurídicas y políticas.

Domènech agradece la firma del manifiesto a Papadimoulis, así como también a Ska Keller, presidenta del grupo Verdes-Alianza Libre Europea (Verdes/ALE) y eurodiputada de los Verdes Alemanes, y a Marisa Matias, eurodiputada al Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda verde Nórdica (GUE-NGL) y candidata a las elecciones presidenciales de Portugal de 2016 con el Bloco de Esquerda de Portugal, que también lo han firmado.

Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea registra sus enmiendas a la nueva Ley de Contratos del Sector Público

“Nosotros apostábamos por la enmienda a la totalidad, pero no fue aprobada y aquí estamos para aportar mejoras claras en la legislación de contratación pública”, anuncia la diputada por Sevilla Auxi Honorato. El diputado por Barcelona, Josep Vendrell, señala los ámbitos que corregir: “apoyo a las PYMES, más transparencia, cláusulas sociales y contratación electrónica”.

En su fase de enmiendas, el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público presentado por el Gobierno va a contar con centenares de correcciones por parte del grupo confederal en el Congreso de los Diputados.

“Llevamos meses estudiando con colectivos sociales, sindicales y empresariales cómo propiciar un marco de contratación pública en España que combine modernidad y derechos, transparencia y oportunidades para todos, usabilidad y sostenibilidad”, explican Auxi Honorato y Josep Vendrell. Por eso, proponen menos requisitos y más facilidades para que la Pymes opten a contratos en el sector público, que el precio ofertado sólo suponga el 30% de los criterios evaluables en la contratación pública, que la contratación se divida más en lotes, o que se desarrolle al completo la contratación electrónica, tal y como demanda la Unión Europea.

En el plano de la transparencia, los diputados del grupo confederal van a defender que todos los contratos públicos deban ser obligatoriamente publicados, que haya más control sobre las empresas públicas y que el órgano de control sea independiente de la autoridad contratante. Además, Vendrell y Honorato insisten en que la Administración Pública debe ser ir a la vanguardia de la sostenibilidad y exigen “clausulas sociales y medioambientales de verdad”, reservas para empresas de economía social.

“Vamos a negociar con las demás fuerzas que esta ley prevea el control de los pagos a las empresas subcontratadas por las adjudicatarias; que contenga medidas para atajar la morosidad y acelerar los pagos; que no de facilidades a las empresas que tributen en paraísos fiscales o vulneren gravemente los Derechos Humanos; que limite al 25% el margen de baja en los precios ofertados para evitar el fraude o los precios temerarios; que vincule los precios de los contratos a la evolución de los convenios colectivos de los sectores implicados; que reduzca el margen de modificación de los contratos una vez en vigor; que refuerce la independencia de las centrales de contratación y que fomente la innovación.”

“Nuestras propuestas son la oportunidad de que la reforma no sea de cartón piedra”, amonesta la andaluza Auxiliadora Honorato. “España necesita una ley de contratos del sector público que se fundamente en la transparencia, la integridad, la máxima concurrencia en las licitaciones, la objetividad en el sistema de adjudicación, un régimen jurídico común de contratación para todo el sector público, la posibilidad generalizada del recurso legal contra los actos de adjudicación ilícitos generalizando su uso en todos los contratos públicos, un Comisionado de las Cortes Generales que lucha contra la corrupción, la potenciación de las consideraciones sociales y ambientales, el favorecimiento de la innovación que se integre en un desarrollo económico con pleno empleo. El proyecto del Gobierno incumple con todos estos requisitos”, concluye.

En Comú Podem pregunta al Gobierno si actuará contra la campaña transfóbica de Hazte Oír

Las diputadas Mar García y Lucía Martín recuerdan que campañas como esta fomentan la discriminación y reclaman medidas contra ella.

Las diputadas de En Comú Podem Mar García y Lucía Martín han registrado hoy una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para saber qué piensa hacer este respecto a la campaña transfóbica que ha puesto en marcha Hazte Oír. Desde el 27 de febrero un autobús de esta plataforma recorre distintas ciudades españolas con los mensajes transfóbicos “Los niños tienen pene y las niñas tienen vulva” y “Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujeres, seguirás siéndolo. Que no te engañen”. La primera ciudad fue Madrid, pero en los próximos días también recorrerá Valencia, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, San Sebastián o Bilbao, entre otras. Su objetivo es protestar contra las leyes de lucha contra la LGTBIfobia vigentes en distintas comunidades autónomas.

La campaña se está realizando tanto a través de Internet como a través de soportes publicitarios, entre ellos el autobús, habiendo sido ampliamente recogida y difundida en los medios de comunicación. Por su contenido queda claro que está directamente dirigida a la infancia, aunque la Ley Orgánica 8/2015, y la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección de la infancia y adolescencia, han venido a contemplar, en relación a las víctimas menores de edad, la necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, entre ellas, por su orientación sexual e identidad de género. Cabe recordar, además, que en España la incitación al odio, la violencia o la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género constituye un delito penal.

“Este autobús es una muestra más de un sistema de género que fomenta la transfobia, basado en un binarismo hombre – mujer que no refleja la diversidad sexual y de género que nos rodea”, señala la diputada Mar García. “Campañas tan vistosas como la de Hazte Oír no hacen más que reflejar un problema estructural en nuestra sociedad y contra el que hay que actuar desde la base. Nuestro compromiso es luchar contra las campañas como la del autobús pero también contra las discriminaciones a las que se enfrentan las personas trans cada día”, añade. En esta misma línea, la diputada Lucía Martín lamenta que esta campaña “es una nueva expresión que pone de manifiesto que vivimos en una sociedad transfóbica, que no tolera expresiones de género diversas y que nos marca unos roles y unas identidades determinadas en función del sexo que nos asignan al nacer. Esta construcción social genera estigma y discriminación y hay que luchar contra ella”.

Por todo ello, En Comú Podem reclama al gobierno que explique si piensa tomar medidas contra esta campaña y también contra todas las campañas que fomenten la discriminación, y le pregunta cómo va a fomentar una educación basada en la diversidad sexual y de género.

En Comú Podem pide explicaciones al Gobierno por sus presuntas presiones a la fiscal general del Estado

El portavoz de Justicia de la confluencia, Jaume Moya, lamenta que “las injerencias del Ejecutivo en la Fiscalía van a más”.

El diputado de En Comú Podem y portavoz de Justicia de la confluencia, Jaume Moya, ha registrado hoy una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en las que pide explicaciones por sus presuntas injerencias sobre la anterior fiscal general del Estado. Recientes noticias aparecidas en prensa explican que el cese de Consuelo Madrigal fue decidido el pasado mes de noviembre por el Consejo de Ministros motivado por la discrepancia respecto a la renovación en su puesto de ciertos cargos de la cúpula de la Fiscalía.

Según la información publicada, Madrigal se habría mostrado reticente respecto a las candidaturas propuestas por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para Anticorrupción y las jefaturas de la Unidad de Apoyo y de la Fiscalía Superior de Murcia. El choque definitivo se dio en la decisión sobre la renovación de Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, respecto el cual Madrigal habría manifestado una postura favorable a mantener en el cargo.

Los mismos medios informan que el ministro de Justicia habría comunicado a Madrigal que sería renovada en su cargo una semana antes que, ante las resistencias de ésta a torcerse a los designios del Ejecutivo, se anunciara su cese y su substitución por el actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

“Las revelaciones según las cuales la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, habría sido cesada por desavenencias con el Gobierno respecto la designación de la cúpula fiscal, se suman a las presiones que en su momento provocaron la dimisión de su antecesor, Torres Dulce, en relación al caso 9N”, recuerda el diputado de En Comú Podem Jaume Moya. “Estas injerencias del Ejecutivo en la Fiscalía van a más, como también acabamos de constatar en el caso chalé y el caso Auditorio, ambos relacionados con imputaciones de corrupción vinculados a altos dirigentes del PP, con las denuncias de presiones hechas por el fiscal superior de Murcia recientemente cesado y como parece que ha tenido fuerte incidencia en la reciente purga de fiscales incómodos.”

Por todo ello, el Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea reclama que el Gobierno dé explicaciones a la ciudadanía y, de ser ciertas las acusaciones que se lanzan, se asuman responsabilidades.

Xavier Domènech busca alianzas en Europa para el referéndum

El líder de En Comú Podem se reunirá el martes en Bruselas con varios representantes de la izquierda soberanista europea para sumar apoyos a la celebración de un referéndum que cumpla las 3 garantías democráticas para ser efectivo.

En Comú Podem ha defendido siempre la celebración de un referéndum efectivo en Cataluña, lo que significa que este debe cumplir 3 garantías democráticas: reconocimiento internacional, la participación mayoritaria del pueblo de Cataluña y tener todas las implicaciones jurídicas y políticas. Para nosotros, estas 3 garantías no representan principios normativos, sino un horizonte hacia el que hay que trabajar y ser proactivos. Creemos, por ejemplo, que ya hemos avanzado mucho buscando alianzas en el Estado para el ejercicio del derecho a decidir en Cataluña, habiendo conseguido representar a día de hoy una fuerza sin precedentes de 5 millones de votos en España con un apoyo inequívoco a la celebración de un referéndum efectivo en Cataluña. También creemos que estamos haciendo un trabajo parlamentario con el objetivo de democratizar el Estado que camina en este dirección, el último ejemplo sería la propuesta de creación de una Comisión sobre la Crisis Territorial donde se pueda discutir el derecho a decidir de los diferentes pueblos y naciones que hoy conforman el Estado.

Ahora, creemos que ha llegado el momento de dar un paso más y trabajar también por la primera de estas garantías democráticas, el reconocimiento internacional, buscando alianzas en Europa, donde el Gobierno de Junts pel Sí seguramente no llega debido a mantener una hoja de ruta excesivamente escorada a la derecha y una concepción de la soberanía que excluye las clases populares. Esta acción se enmarca en el momento de recogida de apoyos al manifiesto del Pacto Nacional por el Referéndum y el convencimiento profundo de que hay que recoger tanto apoyos en nuestro país como fuera para el ejercicio de la plena soberanía de Cataluña.

En este sentido, el martes de la próxima semana, 28 de febrero, Xavier Domènech, líder de El Comú Podem, viajará a Bruselas para reunirse con un amplio y diverso espectro de la izquierda soberanista europea: desde Ska Keller, presidenta del grupo Verdes-Alianza Libre Europea (Verdes / ALE) y eurodiputada de los Verdes Alemanes; hasta Emmanuel Maurel, eurodiputado del Partido Socialista Francés, alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D); pasando por Marisa Matias, eurodiputada al Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE-NGL) y candidata a las elecciones presidenciales de Portugal de 2016 con el Bloco de Esquerda de Portugal; Dimitros Papadimoulis, Vicepresidente del Parlamento Europeo y jefe de la delegación de Syriza (GUE-NGL); Sergio Coferatti, eurodiputado italiano independiente en el grupo S&D y ex alcalde de Bolonia; Ulrike Lunacek, Vicepresidenta del Parlamento Europeo y jefa de la delegación de los Verdes Austríacos (Verdes/ALE); Elly Schlei, eurodiputada italiana independiente en el grupo S&D e impulsora del partido Posible; y Curzio Maltese, eurodiputado de la Lista Tsipras-L’Altra Europa (GUE-NGL).

A las 9.30h Xavier Domènech y Ernest Urtasun, diputado en el Parlamento Europeu, ofrecerán una rueda de prensa en la Sala Anna Politskaya del Parlamento Europeo.

En Comú Podem pide que los créditos destinados a gastos reservados sean públicos pasados diez años

Joan Mena asegura que los gastos reservados se han utilizado como “barra libre” por parte de los Gobiernos de turno

El diputado de En Comú Podem  Joan Mena ha registrado hoy una proposición de Ley en la que se exige que toda información clasificada como gastos reservados será pública una vez transcurridos diez años, ya que, según Mena, se tienen que democratizar estos gastos y hacer transparente su control, después de que con los últimos gobiernos de turno se haya utilizado esta fiscalización extraordinaria como una barra libre”.

Esta proposición de Ley también contempla que sea obligatorio que la Comisión Parlamentaria que controla dichos gastos reservados se constituya 30 días después de la sesión de investidura. El diputado de En Comú Podem ha explicado que “con esta Ley se pretende que no vuelva a pasar que esta comisión haya estado un año entero sin constituirse”. Además, también se exige que esté compuesta por un miembro de cada grupo parlamentario como mínimo.

En este sentido, Joan Mena ha asegurado que “la seguridad del Estado no puede ser una excusa para evitar la transparencia y seguir aumentado la opacidad de los cargos públicos”. Y es que en los países del entorno como Reino Unido, Suecia o Estados Unidos, la legislación contempla la desclasificación sistemática de sus materias reservadas, también en el ámbito presupuestaria. Por ello, el caso de España es una anomalía en este ámbito, ya que el ordenamiento jurídico español blinda a perpetuidad todo lo relativo a los secretos oficiales, también los relativos a gastos reservados en materia presupuestaria.

En Comú Podem pide la comparecencia del Ministro del Interior para que explique por qué España no ha cumplido con la acogida de refugiados

En Comú Podem ha solicitado hoy la comparecencia del Ministro del Interior en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para que informe y explique las razones por las cuales el Gobierno no está cumpliendo con el compromiso adquirido con la Unión Europea en materia de acogida de personas refugiadas.

El portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, ha insistido en que “la ciudadanía va un paso más por delante que el Gobierno español” y una muestra de ello es la manifestación del pasado 16 de febrero en Barcelona, donde unas 300.000 personas pidieron que se resuelva el drama humano que viven las personas refugiadas y que se cumpla con el compromiso de acoger ante la falta de voluntad del Gobierno del PP.

Hoy mismo, también se ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo para que responda por escrito por qué no se han acogido las 17.337 personas refugiadas que se había acordado con la Comisión Europea y cómo se está preparando el Gobierno del PP para acogerlas.

 

poreguntes

En Comú Podem y Podemos trabajan con los colectivos LGTBI diferentes iniciativas legislativas para el reconocimiento de sus derechos

 

En los últimos meses, las diputadas de En Comú Podem Lucía Martín y Mar García Puig, y la diputada de Podemos Rita Bosaho se han reunido con los colectivos LGTBI. Tras estos encuentros, En Comú Podem y Podemos  ha decidido apoyar y trabajar en el registro y tramitación de dos proposiciones de Ley, una sobre derechos LGTBI, y otra por los derechos de las personas trans.

De esta manera se recoge la voluntad del colectivo trans, que reclama una ley propia que recoja la especificidad de las necesidades de las personas trans, sumando a ello la reparación histórica de la vulneración sistemática de derechos que han sufrido las personas cuya identidad y/o expresión de género no se ajusta a las expectativas sociales.

Para ambos procesos se partirá de un borrador ya elaborado, el de la FELGTB en el primer caso y el de la Plataforma por los derechos trans en el segundo, pero En Comú Podem y Podemos apostamos por un proceso participativo abierto a toda la comunidad LGTBI, por lo que se hace un llamamiento a la participación del resto de grupos políticos y al consenso.

“Estamos en un momento de alarma, donde cada pocas días vemos como se vulneran los derechos de las personas LGTBI, ya sea en la calle, en las escuelas o en las fronteras. Urge una ley que aborde de forma estructural la LGTBIfobia. Es necesario también elaborar una ley específicamente trans, donde sean las personas trans las que tomen la voz que hasta ahora se les ha negado. Es una cuestión de justicia histórica”, declara Mar García Puig.

En Comú Podem reclama que se reconozca la aporofobia como agravante en los casos de delitos de odio

Las agresiones motivadas por el rechazo a la pobreza son un fenómeno en aumento pero invisibilizado. Las medidas registradas instan a que se incluya el agravante de aporofobia en el Código Penal.

Jaume Moya y Joan Comorera, portavoces de Justicia del Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea en el Congreso y en el Senado, respectivamente, han registrado hoy unas propuestas no de ley que deberán debatirse en la Comisión de Justicia de ambas cámaras, por las que se insta al Gobierno a que reconozca la aporofobia como agravante en los casos de delitos de odio. “Si bien la discriminación por motivos de patrimonio de la persona viene expresamente prohibida por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el ordenamiento jurídico español no la contempla como circunstancia agravante en los delitos contra las personas”, ha manifestado Jaume Moya, diputado de En Comú Podem. “En los últimos años se está produciendo un aumento de delitos contra personas sin recursos y contra indigentes sin techo por el mero hecho de serlo, con ataques a la dignidad humana”, explica Joan Comorera, senador de En Comú Podem. “Por ello creemos que hay que resolver la falta de tipificación como agravante genérica en el Código Penal de la aporofobia y situarla en el mismo plano que la xenofobia y el racismo”, añade.

La aporofobia es un término acuñado en los años 80 que define el fenómeno del rechazo a la pobreza manifestado a través del odio, la repugnancia o la hostilidad ante el pobre, el sin recursos o el desamparado. Dada la situación de precariedad y vulnerabilidad de las víctimas, es un fenómeno poco denunciado, y por tanto también invisibilizado. No obstante, numerosos informes apuntan que es cada vez más frecuente, agravado en ocasiones con escarnio a través de las redes sociales. En Catalunya, por ejemplo, un reciente informe de la Fundación Arrels basado en 348 entrevistas a personas sin techo de la ciudad de Barcelona  señalaba que el 37% de ellas afirmaban haber sido víctimas de agresiones.

El Código Penal, sin embargo, solo recoge como agravantes de la responsabilidad los “motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad”. No lo hace con los motivos aporafóbicos de odio a la situación socio-económica de pobreza, precariedad o de sin hogar de las víctimas, a pesar de que es evidente que estas situaciones incrementan también su vulnerabilidad.

Por ello, las proposiciones registradas por En Comú Podem instan al Gobierno a presentar un proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal para que se incluya el agravante de aporofobia o el odio contra las personas pobres y en situación socio-económica precaria y de vulnerabilidad, en las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal.

El Congreso insta al Gobierno a obligar a la Iglesia Católica a pagar el IBI y el IRPF a propuesta de En Comú Podem

Josep Vendrell ha asegurado que “lo que no paga la Iglesia lo acaban pagando los ciudadanos, por lo que exigimos que se denuncien los acuerdos actuales entre España y la Santa Sede”

La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la Proposición No de Ley presentada por En Comú Podem en la que se insta al Gobierno a revisar los beneficios fiscales de los que disfruta la Iglesia Católica, en particular, en lo que respecta a las exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y aplicar una fiscalidad de carácter general a aquellos bienes de las confesiones religiosas que no tengan un uso social y no lucrativo.

Durante la Comisión de Hacienda, el diputado de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha asegurado que “lo que no paga la Iglesia lo terminan pagando las ciudadanas y ciudadanos, fieles o no fieles”, “una anomalía que crea una situación de privilegio hacia una confesión en un Estado declarado por la Constitución como aconfesional”.  El diputado de En Comú Podem ha recordado que los privilegios de la Iglesia Católica son heredados del franquismo, es decir, se trata de un problema no resuelto durante la transición”.

Así, la Proposición No de Ley defiende que se deben establecer mecanismos que permitan que las distintas subvenciones que reciban las confesiones religiosas, incluida la Iglesia Católica, se doten de nitidez y transparencia en el gasto, tal y como se exige a todos aquellos que reciben dinero del Estado, incluida la intervención del Tribunal de Cuentas, ya que, según Vendrell, “resulta alarmante la falta de transparencia para conocer qué se hace con los más de 250 millones de euros públicos que van de la casilla del IRPF a  la Iglesia Católica”.

Finalmente, también se insta al Gobierno a Suprimir progresivamente la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en la senda de conseguir la completa autofinanciación de la Iglesia Católica a través de sus fieles.

La propuesta, pactada con una transaccional del PSOE, ha quedado aprobada con 18 votos a favor, 17 en contra y una abstención.

El Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea se reúne con la Coordinadora de estibadores

El portavoz de Fomento y diputado de En Comú Podem, Fèlix Alonso, el portavoz del Grupo Confederal, Íñigo Errejón, y los diputados de Unidos Podemos Noelia Vera, Carmen Valido, Sergio Pascual, Rosana Pastor, Rafa Mayoral y Alberto Rodríguez se han reunido hoy con el portavoz de la Coordinadora Estatal del Mar de estibadores Antolín Goya y otros representantes de la coordinadora en el Congreso de los Diputados. Ayer también recibieron a CCOO del mar para tratar el conflicto laboral de este colectivo.

Durante la reunión,  los representantes de la Coordinadora Estatal de los estibadores han mostrado su descontento con la respuesta del Ministerio de Fomento a su situación laboral, ya que el ministerio público “se ha limitado a decir que la propuesta no cumple con las indicaciones de la Comisión Europea” y no muestran ninguna intención de negociar y pactar un nuevo convenio regulador para este colectivo que realiza un trabajo totalmente necesario y de servicio público.

El Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea ya registró hace una semana una petición de comparecencia del Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para que explique en sede parlamentaria cómo piensa solucionar el conflicto laboral de los estibadores, ya que por el momento no ha mostrado ninguna intención de hablar con los grupos parlamentarios para intentar resolver esta situación.

Después de escuchar las impresiones de los representantes de los estibadores, el grupo confederal considera que el Ministerio de Fomento y el Gobierno se han quedado solos siguiendo las órdenes de la inversora JP Morgan, ya que las principales empresas del sector han asegurado que están dispuestas a negociar y pactar un nuevo convenio para los estibadores por lo que el Gobierno tiene tiempo para resolver este conflicto laboral por la vía del diálogo y no por la del decreto ley sin consultar al colectivo perjudicado.

Se trata de un sector estratégico que el año pasado reportó 200 millones de euros de beneficios al Estado. Sin embargo, el Gobierno ahora pretende cubrir un ERE encubierto al pagar con fondos públicos la indemnización de los 6.250 trabajadores del sector que podrían quedarse sin empleo.

Finalmente, Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea emplazan a todos los grupos parlamentarios a rechazar el decreto ley que prepara el Gobierno para resolver este conflicto laboral sin escuchar las demandas de los afectados y siguiendo las directrices de inversoras como JP Morgan que no tienen en cuenta las reivindicaciones de un colectivo que es estratégico y presta un servicio que reporta grandes beneficios tanto al Estado como a las empresas privadas.

PP, C’s y PdeCAT impiden la creación de una banca pública propuesta por En Comú Podem

Las tres formaciones han votado en contra de una PNL presentada por En Comú Podem que proponía crear un polo público bancario sobre la base de las entidades financieras rescatadas que aún controlan el Estado y el ICO.

El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy una Proposición No de Ley (PNL) de En Comú Podem que proponía la creación de una banca pública. La iniciativa especificaba que este nuevo polo público bancario debería crearse sobre la base de las entidades financieras rescatadas que aún se mantienen bajo control del Estado, que son Bankia y Banco Mare Nostrum, y el ICO. En cuanto a su prioridad, sería “financiar proyectos de infraestructuras y equipamientos públicos y proyectos empresariales de largo plazo dentro de una política industrial coherente que favorezca a las pymes”, detallaba el texto rechazado.

Según el Tribunal de Cuentas el rescate bancario ha costado 60.718 millones de euros a las arcas públicas, unos 1.305 euros por cada ciudadano. De este dinero, y a pesar de que los gobiernos del PSOE y el PP insistieron en que el rescate no repercutiría a los bolsillos de los ciudadanos, sólo se ha recuperado el 5%. Mientras tanto, tal y como ha destacado en su intervención el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, la banca generaba beneficios. “Mientras todos nosotros hemos contribuido con inyecciones de más de 60.000 millones a la banca, ante la amenaza del hundimiento de todo el sistema, y a la vez que nos recortaban derechos y salarios, el sector bancario ha amasado unos beneficios de 95.000 millones de euros en 7 años”, ha lamentado.

“Todo ello bajo el discurso de que con estas ayudas volvería el crédito a las familias y al pequeño y mediano tejido productivo. Un mentira más”, ha continuado Domènech. “La realidad fue otra: desahucios, acumulación de pisos en manos de los bancos, estrangulamiento de la economía productiva, cláusulas suelo y puertas giratorias con tarjetas black de regalo”. Y ante todo ello, ¿qué ha hecho el estado?, se ha preguntado el diputado. “Prácticamente nada más que volver a la vieja práctica de socializar pérdidas, que las pagamos entre todos, y privatizar de nuevo los beneficios”.

Por todo ello En Comú Podem destaca la necesidad de crear una banca pública que, bajo los parámetros de justicia social y desarrollo sostenible, ayude a reactivar la economía, reduzca el paro y haga fluir el crédito. “El propio Banco Mundial reconoce el positivo papel que han jugado los bancos públicos de varios países durante la crisis financiera para mantener el flujo de crédito, compensando parcialmente la reducción del crédito ofrecido por los bancos privados, así como la evidencia del papel contracíclico que han jugado varios bancos públicos durante la crisis”, ha argumentado Domènech.

La PNL ha sido rechazada con los votos en contra de C’s, PP, PdeCAT y PNV. PSOE y ERC han votado a favor.

En Comú Podem se suma al rechazo de las medidas xenófobas y racistas de Trump

La aplicación de la orden ejecutiva de Trump contra refugiados e inmigrantes de siete países es profundamente discriminatoria. A la polémica construcción del muro de la frontera con México, se suman las trabas administrativas a la llegada de migrantes en EEUU y el recorte de fondos federales a las denominadas “ciudades santuario” que ofrecen protección a la gente indocumentada, así como la orden ejecutiva, profundamente discriminatoria, firmada el viernes y que veta el acceso a los EEUU a siete nacionalidades de países de mayoría musulmana -aunque tengan doble nacionalidad- y la moratoria de acceso a quien solicite asilo procedente de Siria.

Estas medidas vulneran la legislación internacional en derechos humanos, ya que discriminan por origen, religión o nacionalidad; y porque retornan a sus países de origen sin tener en cuenta si están sufriendo persecución.

Miles de personas se están viendo afectadas por estas medidas, especialmente los sectores más vulnerables, con el propósito de vincular peligrosa e injustamente la lucha antiterrorista con la religión y la eficacia de las leyes de inmigración, en vez de vincularla a la construcción de la paz.

Donald Trump y su gobierno hablaban de sólo 109 personas retenidas en aeropuertos estadounidenses, pero no tienen en cuenta ni las 398 a las que no se ha dejado embarcar embarcar, ni a las 393 se les ha acabado expidiendo una nueva tarjeta verde de residencia, ni a las 200 a las que se les ha prohibido la entrada una vez aterrorizadas en EEUU.

El gobierno del estado se ha mostrado hasta ahora cómplice, en lugar de mostrar preocupación y denunciar la deriva autoritaria, machista y xenófoba del gobierno de EEUU. La diplomacia no debe chocar con la defensa de los derechos humanos, la equidad de género y la justicia social.

Por todo ello, nos sumamos a la concentración del sábado 4 de febrero a las 12h ante el consulado de EEUU en Barcelona.

Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea condenan la cancelación de una conferencia de activistas palestinos en Casa Árabe al suponer un ataque a la libertad de expresión

La dirección de Casa Árabe ha cancelado la celebración de una conferencia sobre Palestina, “La sociedad palestina frente a la ocupación y el apartheid. Resistencia No Violenta, Boicot a Israel (BDS) y por los derechos humanos” prevista para el próximo martes 31 de enero. El comunicado no explica los motivos de la cancelación de un evento que los organizadores afirman había sido aceptado y programado desde el pasado 16 de enero y cuyo cartel ya estaba siendo difundido.

Sin embargo, el comunicado de Casa Árabe -entidad que programa actividades políticas y culturales sobre el mundo árabo-musulmán y, entre ellas, sobre Palestina- afirma que todas las actividades caben “sin más condicionantes que el rechazo a la violencia, el espíritu constructivo y la búsqueda de entendimiento”, fines que cumplen tanto Omar Barghouti, Manal Tamimi y Munther Amira como sus campañas que representan a cientos de miles de personas de todo tipo de origen y condición a lo largo de todo el mundo -incluidas las poblaciones palestina, israelí y judía- con fines no violentos, basadas en el respeto a la legalidad internacional y contra la ocupación y colonización de Palestina -recogido en numerosas resoluciones de Naciones Unidas, entre ellas la 2334 aprobada por el Consejo de Seguridad el pasado 23 diciembre de 2016-; el respeto a los derechos humanos, la libertad de movimiento, la no discriminación y contra el apartheid.

Exigimos que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación rectifique y respete derechos tan fundamentales como la libertad de expresión y asociación, básicos para la democracia. Hay que recordar que numerosas instituciones han reconocido que las acciones del movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones están protegidas por los derechos de asociación y libertad de expresión. Así lo hizo la vicepresidenta y Alta Representante de la Unión Europea Federica Mogherini el pasado 15 de septiembre de 2016 citando la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esta declaración se suma a la realizada también los gobiernos de Suecia, Irlanda y Holanda que, pese a no estar de acuerdo con los principios políticos de la campaña, reconocieron que el derecho a promover boicots es superior jurídicamente ya que se engloba dentro de la libertad de expresión. De la misma manera, el Parlamento de Navarra también reconoció el derecho al boicot como una “herramienta civil no violenta de solidaridad con Palestina” el pasado mes de noviembre de 2016.

La cancelación de la conferencia en Casa Arabe no sólo lesionaría gravemente la libertad de expresión sino que sería una posición de carácter político contra una expresión legítima y legal que pretende visibilizar la sistemática vulneración de derechos humanos y del derecho internacional contra la población palestina.

En Comú Podem da su apoyo a Luis Gonzalo Segura, militar expulsado del ejército por denunciar corrupción

Jaume Moya, diputado de En Comú Podem, transmite el apoyo a Luis Gonzalo Segura, ex teniente del Ejército de Tierra expulsado del cuerpo para denunciar corrupción en la cúpula de las Fuerzas Armadas. Moya confía en que el teniente Segura, asistido del prestigioso equipo jurídico que se ha presentado esta mañana en Barcelona, saldrá exitoso de su lucha por la igualdad de derechos de los ciudadanos, la libertad de expresión y la dignidad de los denunciantes de corrupción en el Estado español. El diputado, así, se ha alineado con los valores que promueve la Plataforma X la Honestidad y que desde su grupo comparten plenamente: honestidad y transparencia políticas, espíritu colaboracionista y fomento de las sinergias entre los diferentes agentes sociales comprometidos con la lucha de los derechos fundamentales de las personas y contra la corrupción.

Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea y Compromís piden una comisión parlamentaria para investigar el incremento del precio de la luz

El Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea y Compromís han registrado hoy una solicitud de creación de una comisión parlamentaria para investigar y conocer las causas del incremento del precio de la electricidad con el objetivo de esclarecer el origen y justificación de todos los componentes que contribuyen al aumento del precio final de la luz.

El diputado de En Comú Podem y portavoz de Energía del grupo confederal, Josep Vendrell, y la diputada de Unidos Podemos, Rosa Martínez, han defendido hoy la necesidad de poner en marcha esta comisión en el Congreso de los Diputados “para conocer de primera mano qué ha pasado en los últimos años, tanto con Gobierno del PSOE como del PP, con el mercado eléctrico estatal tan poco transparente y tan opaco”.

En este sentido, Vendrell ha considerado que esta comisión parlamentaria es muy necesaria para la investigación de lo que podría llamarse “la gran estafa eléctrica” que ha afectado a los derechos tan básicos de la ciudadanía como el acceso a la electricidad. A su vez, el diputado de En Comú Podem  se ha alegrado de que “el Dios de la lluvia haya hecho caso al Gobierno y al Ministro de Energía y hoy haya llovido pero no podemos esperar a que les haga caso siempre para que no suba el precio de la factura de la luz”.

Por su parte, Rosa Martínez ha especificado que cuando el Ministro de Energía compara los precios de la luz con países como Francia o Alemania “olvida que en estos países el salario mínimo dobla o triplica el de España”.

Así, Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea propone que esta comisión parlamentaria sirva para que la ciudadanía sepa qué es lo que paga de la factura de la luz y cuánto se benefician las empresas eléctricas de ello. También es una buena oportunidad para comenzar a implantar un nuevo sistema de energía.

Finalmente, en esta comisión de investigación deben comparecer tanto ex cargos de gobiernos del PSOE y PP, como también altos directivos de las empresas eléctricas.

En Comú Podem pide la comparecencia del Ministro del Interior por el aumento de la llegada de Menores Extranjeros No Acompañados

La diputada de En Comú Podem y presidenta de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, Mar García, ha solicitado hoy la comparecencia del Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en dicha comisión para que valore el aumento de los registros de menores extranjeros no acompañados (MENA) en España, muchos de los cuales residen en la calle sin ningún tipo de tutela.

En este sentido, Mar García considera que el Ministro del Interior debe valorar en el Congreso de los Diputados el incremento de las cifras de los menores extranjeros no acompañados que han aumentado un 85,6 % en 2015 y un 160 % respecto a 2013, alcanzando la cifra de 3.342 menores extranjeros que no tienen la protección de sus padres.

A su vez, la diputada de En Comú Podem insiste en que se trata de una situación que debe solucionarse y pide al ministro Zoido que explique las medidas de protección que se llevan a cabo con estos menores.

Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea insta al ministro Nadal a establecer mecanismos de corrección para evitar más subidas de la luz

Piden una reunión urgente con todas las fuerzas políticas  para impulsar una reforma del sector. 

Ante la subida de la luz, que está marcando los precios más altos desde 2013 y que puede encarecer  la factura hasta 100 € más al año, Unidos Podemos insta al ministro de Energía a convocar a las fuerzas políticas para tratar esta cuestión de forma urgente. Además, solicita la comparecencia del presidente y la vicepresidenta de la CNMC para que expliquen la actuación del organismo, tanto desde el punto de vista de la competencia, como de regulación ante esta alta subida de precios.

Según Josep Vendrell, portavoz de la comisión de Energía y diputado de En Comú-Podem “El ministro acepta como una fatalidad la subida del precio de la luz, cuando en realidad es consecuencia de una mala regulación resultado de la política de gobiernos anteriores, tanto del PSOE como del PP. Es urgente la convocatoria de todas las fuerzas políticas para impulsar la reforma del sector eléctrico. Parece que el ministro se ha olvidado del compromiso de impulsar un pacto de estado por la energía”

Con independencia de que la CNMC, como organismo independiente actúe para determinar si ha habido un abuso o un incumplimiento de la Ley del sector eléctrico en la fijación de precios; para Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea es necesario establecer mecanismos de corrección en la subasta eléctrica para la energía hidráulica y nuclear, que permitan bajar el precio de la electricidad, tal como sucede en otros países como el Reino Unido, donde ya existen este tipo de medidas para la energía nuclear, o como ya tienen las renovables en el sistema eléctrico español.

“El actual mecanismo de fijación de precios favorece claramente al oligopolio y perjudica a las familias y a la economía española, especialmente las PYMES. Debe ser por tanto una prioridad política abordar su reforma” ha declarado Rosa Martínez, coportavoz de EQUO y portavoz adjunta en la comisión de Energía.

Desde octubre del año pasado hay una tendencia al alza en todos los mercados eléctricos de Europa, sin embargo el impacto que esta subida de precios tiene en las personas consumidoras es muchísimo mayor en España a causa del diseño del sistema eléctrico.

Una menor producción de energía procedente de renovables e hidráulica ha supuesto una mayor entrada entrada del gas y el carbón en el mix eléctrico a precios sustancialmente más altos que hace meses.  Además de aumentar el precio de la factura, una mayor participación de carbón y gas supone un aumento las emisiones de CO2, que una vez ratificado el Acuerdo de París, España se ha comprometido a  reducir.

Vendrell y Martínez denuncian que, en momentos de alto precio de la electricidad como el que estamos viviendo, los llamados “Windfall profits”  o “beneficios caídos del cielo” de las eléctricas aumentan considerablemente. Esto es debido a que tanto la generación hidroeléctrica como la nuclear tienen bajos costes variables y sus costes de inversión han sido ya amortizados. Por tanto, al vender a precio de mercado obtienen amplios beneficios, que se ven notablemente incrementados por los altos precios fijados por el gas y el carbón.

Esto supone que son las empresas propietarias de las centrales de gas y carbón, que terminan fijando el precio de la electricidad en el mercado, las mismas que consiguen los “windfall profits” de nucleares e hidroeléctricas. Por tanto, los beneficios extraordinarios que consiguen las eléctricas con este mecanismo van en detrimento del coste social que soportan muchas familias que están padeciendo pobreza energética.

Esta situación  reafirma la urgente necesidad de realizar una auditoría de costes y peajes del sector eléctrico para conocer de forma detallada y exacta los costes reales de la electricidad.

En Comú Podem rechaza el acuerdo PP-PSOE por las cláusulas suelo porque no devuelve todo el dinero estafado

En Comú Podem rechaza el acuerdo al que han llegado el PP y PSOE sobre una posible solución extrajudicial a las cláusulas suelo que no es más que “un parche que no aborda la cuestión de fondo ni garantiza los derechos de las personas afectas y tampoco que éstas recuperen todo el dinero que se les ha estafado con el cobro de esta cláusula ilegal” ha asegurado Josep Vendrell, diputado de En Comú Podem.

Por su parte, Lucía Martín, diputada de En Comú Podem, ha recordado que este acuerdo entre PP y PSOE “no elimina las cláusulas suelo de los contratos de los préstamos hipotecarios”, y tampoco “establece un mecanismo general de devolución automática de las cantidades defraudadas de forma directa, por lo que no se cumple la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que establecía la restitución de las cantidades cobradas indebidamente”.

Según Vendrell, “se trata de un grave error, que nuevamente favorece a los bancos, que el mecanismo acordado sea el de la negociación individualizada de las entidades financieras con las personas afectadas”, ya que es evidente que existe una relación desigual entre banco y clientes por la capacidad de presión de las entidades financieras para la devolución alternativa al pago directo de toda la cantidad defraudada, ha explicado el diputado de En Comú Podem.

Lucía Martin ha insistido en que “es lamentable que el PSOE acepte la lógica impuesta por el Ministro de Economía Luis de Guindos”, “las cláusulas abusivas son una expresión de la vulneración sistemática del derecho a la vivienda y de los abusos y fraudes perpetrados durante años por las entidades financieras, con la connivencia o la indiferencia de distintos Gobiernos”.

En este sentido, En Comú Podem considera que el acuerdo no prevé ningún mecanismo de sanción para las entidades de crédito que obstaculicen el procedimiento o se opongan a la devolución de los importes cobrados indebidamente y tampoco se aprovecha para impulsar medidas para la devolución a las personas afectadas de los importes pagados indebidamente por la formalización de las hipotecas: gastos de registro, notarías y tributos, cobros que son indebidos según sentencias judiciales.

El Gobierno tampoco ha previsto ninguna medida judicial para acelerar la resolución de las miles de demandas presentadas en los tribunales, especialmente después de que se conociera la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. De este modo se favorece  una solución extrajudicial que puede ser más rápida pero menos ventajosa que la solución judicial.  Se calcula que 1’5 millones de familias están afectadas por este fraude. Las cláusulas suelo fueron determinantes para que miles de familias fueran desahuciadas y perdieran sus viviendas.

Finalmente, En Comú Podem lamenta la nula voluntad de diálogo del Gobierno y del PSOE con los otros Grupos parlamentarios, como Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, así como con las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales. Nuevamente el PSOE ha optado por la gran coalición, por un acuerdo con el PP en lugar de conformar mayorías en el Congreso para garantizar plenamente los derechos, en este caso, de las personas afectadas por el fraude hipotecario.

El Grupo Confederal UP-ECP-EM solicita la comparecencia del Ministro de Energía para explicar su plan de vida de las centrales nucleares

El diputado de En Comú Podem Josep Vendrell y el diputado de Unidos Podemos Juantxo Uralde han solicitado hoy la comparecencia del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados para que informe sobre las intenciones del Gobierno en relación a las renovaciones de las autorizaciones de explotación de las centrales nucleares y se pronuncia sobre el posible alargamiento de su vida útil más allá de los 40 años.

Josep Vendrell, diputado de En Comú Podem y portavoz de energía del Grupo Condeferal, ha insistido en la petición de comparecencia que el Ministro de Energía debe pronunciarse también sobre la necesidad de abordar la transición hacia un nuevo modelo energético “radicalmente distinto al actual, basado en renovables, ahorro, eficiencia y democratización de la energía”. En su opinión, el futuro de las nucleares “no se puede decidir a espaldas del Congreso, con opacidad y sin debate político y social.” Y es que para Vendrell, “mantener las nucleares beneficia al oligopolio q recibe altas remuneraciones por unas centrales ya amortizadas.”

Sobre este tema, también el Grupo Confederal ha pedido la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para conocer la opinión del organismo sobre la renovación de las autorizaciones de explotación de las centrales nucleares y, en concreto, para que se pronuncie sobre el Proyecto de Guía de Seguridad del CSN GS-01.10 sobre revisiones periódicas de la seguridad de estas centrales.

Juantxo Uralde, diputado de Equo en Unidos Podemos, ha remarcado que “el Gobierno y la industria eléctrica están anteponiendo los intereses económicos de corto plazo a la seguridad de las personas y el medio ambiente con el plan de alargar la vida de las nucleares hasta los 60 años”. Según Uralde, “se trata de una idea inaceptable porque tiene un gran riesgo para el futuro”.

 

El Grupo Confederal UP-ECP-EM y ERC piden la comparecencia urgente de la Ministra de Sanidad después del anuncio de una reforma del copago de los pensionistas

El Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea y el grupo parlamentario de Esquerra Republicana ha solicitado hoy la comparecencia urgente de la Ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Dolors Montserrat, en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados después de que ayer anunciara que pretende reformar el copago de la población pensionista.

Desde que en el año 2012 el gobierno del Partido Popular aprobó el Real Decreto 16/2012, todas las medidas en relación al copago –salvo la exención a desempleados sin prestación- han ido encaminadas a disminuir la aportación pública en el precio de los medicamentos e incrementar la parte privada, tanto en población activa como en pensionista, tanto en rentas bajas como en rentas altas.

En el día de ayer la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hizo unas declaraciones anunciando la intención de incrementar el número de tramos en el copago de los pensionistas con rentas entre 18.000 €/año y 100.000 €/año en aras de una mayor progresividad, mientras su partido niega la necesidad de una reforma fiscal que realmente sea más progresiva.

La portavoz del Grupo Confederal en la comisión de Sanidad y diputada de En Comú Podem, Marta Sibina, ha recordado que, en los años de la crisis, ante la alta tasa de desempleo y la precarización creciente de las personas empleadas, “las rentas procedentes de las personas pensionistas se han destinado no solo a su subsistencia sino también a la de un mayor número de miembros de las familias; en ese contexto, subir el importe del copago a esta población es empobrecer al conjunto de las familias”.

Ante estas noticias, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea conjuntamente con Esquerra Republicana ha registrado una petición de comparecencia urgente de la Ministra, ya que, según la diputada de En Comú Podem Marta Sibina, “las reformas del modelo actual del sistema de copago farmacéutico han de ser las que lo guíen hacia su eliminación, dejando paulatinamente libre de copagos a un mayor número de personas”.

En este sentido, ambas formaciones insisten en que “a la progresividad fiscal se llega a través de una reforma fiscal que haga que paguen más impuestos quienes más tienen, no mediante la utilización de la enfermedad y el consumo de medicamentos como formas de redistribuir las rentas”.

En Comú Podem pide la comparecencia del Ministro de Fomento para el soterramiento de las vías del tren en Montcada i Reixac

El diputado de En Comú Podem  Fèlix Alonso ha solicitado hoy la comparecencia urgente del Ministro de Fomento Íñigo de la Serna para que explique la actual situación del proyecto de soterramiento, “necesario y urgente”, de las vías del tren que pasan por el núcleo urbano de Montcada i Reixac, después de que el pasado 9 de enero haya habido una nueva víctima mortal como consecuencia de un atropellamiento en las vías del tren de la localidad.

Este paso del tren sin soterrar se ha cobrado ya 167 víctimas mortales. Tal y como ha explicado Fèlix Alonso, en 2007, el Ministerio de Fomento se comprometió con el soterramiento de la línea. También lo hizo la exministra Ana Pastor el pasado mes de abril, calificando el proyecto de prioritario en una reunión con la alcaldesa de Montcada i Reixac, Laura Campos.

El diputado de En Comú Podem también ha recordado que, durante la pasada legislatura, la comisión de Fomento aprobó un Proposición No de Ley dónde se reclamaba también la celeridad en el proyecto de soterramiento de las vías. Sin embargo, hasta el momento, no se ha producido ninguna acción al respecto.

Por ello, Fèlix Alonso ha exigido que se ponga en marcha un equipo de trabajo para hacer realidad una demanda que la población de la localidad lleva muchos años exigiendo para evitar más víctimas.

EN COMÚ PODEM ANTE LA DETENCIÓN DE MIKEL ZULOAGA Y BEGOÑA HUARTE POR EL INTENTO DE TRASLADO DE PERSONAS REFUGIADAS EN GRECIA COMO INICIATIVA SOLIDARIA Y DE DENUNCIA

El pasado martes 27 de diciembre Mikel Zuloaga y Begoña Huarte fueron interceptados y detenidos en el puerto griego de Igoumenitsa, por el intento de traslado de ocho personas refugiadas a Euskadi. Se trata de una acción de carácter solidario y de denuncia a las políticas migratorias europeas, con el objeto además, de visibilizar el incumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones internacionales en la que sin duda es la peor crisis de personas desplazadas desde la Segunda Guerra Mundial.

La acción pacífica de estos dos defensores de los derechos de las personas refugiadas y migrantes se inserta dentro de un movimiento más amplio de protesta que ha surgido en toda Europa, contra las actuales políticas migratorias europeas. Los gobernantes europeos, incluido el español, llevan años priorizando la defensa de la Fortaleza Europea y el control migratorio a costa de vulnerar los derechos humanos. Al cierre de los canales legales, la militarización de las fronteras, la falta de protección y asistencia de las mujeres y hombres que huyen de la guerra, la persecución y la pobreza, se le ha unido el incumplimiento de los compromisos adquiridos de reubicar a parte de las personas que han llegado a Grecia e Italia. El gobierno español, por ejemplo, se comprometió a reubicar cerca de 16.000 personas antes de septiembre del 2017, y fecha de hoy sólo ha acogida a 898 personas. Ello, a pesar de que los Ayuntamientos del Cambio llevan meses exigiendo que cumpla sus compromisos y poniendo a disposición todo un sistema de acogida y protección.

Mikel y Begoña continúan detenidos, a la espera de una acusación formal de las autoridades judiciales griegas. Se trata de una acción solidaria y de denuncia, coordinada y avalada por una multitud de colectivos y movimientos sociales, tal y como han testimoniado en declaraciones presentadas en rueda de prensa.

Cuando los poderes públicos permanecen impasibles y cómplices ante la barbarie, la ciudadanía se convierte en un ejemplo de solidaridad y civismo, mostrando una sensibilidad modélica ante un problema de magnitudes internacionales, y un compromiso admirable por los derechos humanos y la justicia. Por ello, desde En Comú Podem abrazamos cualquier iniciativa que reivindique estos valores, que apele a la solidaridad internacional, denuncie unas leyes migratorias injustas y que exija, ante todo, dar salida con soluciones políticas a una de las mayores crisis de personas refugiadas de nuestros tiempos.

Saludamos la acción de denuncia y exigimos la inmediata puesta en libertad de Mikel y Begoña. Entendemos que la solidaridad y defensa de los derechos humanos no puede ser un delito, y que esta acción pretendía mostrar el incumplimiento por parte del gobierno de sus compromisos y obligaciones con las personas refugiadas, que actualmente soportan el invierno en campos de refugiados en unas condiciones inadecuadas. Por ello, en línea con el trabajo que venimos realizando desde hace meses en el Parlamento para exigir al gobierno unas políticas migratorias y de asilo respetuosas con los derechos humanos, nos vamos a dirigir:

1. Al Ministerio de Exteriores para que ponga todos los medios disponibles en lograr la inmediata puesta en libertad de estas dos personas que en el marco de su acción de solidaridad han sido detenidas.

2. Al Gobierno Griego, a través de su embajada en España, a los efectos de que haga las gestiones necesarias para que no se formule acusación contra ellos, y en todo caso sean puestos inmediatamente en libertad, permitiendo su retorno.

3. Al Gobierno español para que cumpla con sus compromisos de reasentamiento y reubicación y para que abra canales legales de acceso y otorgue una protección digna y condiciones de acogida adecuadas a todas las mujeres y hombres que han solicitado asilo en España.

Desde En Comú Podem nos mantenemos firmes con el compromiso de cambiar las injustas políticas migratorias europeas. Mientras los gobiernos no cumplan con su deber de proteger y garantizar los derechos humanos, y sea la ciudadanía quien lo haga efectivo, apoyaremos las actuaciones de la sociedad civil que vayan en esta dirección.

En Comú Podem pide al Gobierno que ratifique las consultas de participación ciudadana en los Ayuntamientos  

 

El diputado de En Comú Podem Fèlix Alonso ha registrado una Proposición no de Ley y una serie de preguntas al Gobierno para pedir que los plenos de los Ayuntamientos puedan aprobar consultas de participación ciudadana para mejorar la democracia y autonomía local. Hoy mismo, el Ayuntamiento de Barcelona también presenta en el pleno una moción en la que también se exige que se permita a los consistorios aprobar la realización de las consultas populares.

En este sentido, tanto En Comú Podem como el Ayuntamiento de Barcelona piden que se modifique el artículo 71 de la Ley 7/1985, que regula las bases de régimen local, para suprimir el inciso de “es necesaria la autorización del Gobierno de la Nación” para realizar consultas populares. Además, también es necesario que el Ejecutivo ratifique y firme su incorporación al ordenamiento jurídico como ya recomendó en febrero de 2013 la Comisión de Seguimiento del Congreso de Poderes Locales y Regiones de Europa.

Fèlix Alonso ha asegurado que estas demandas “son necesarias para mejorar la calidad democrática del poder local”. Hasta ahora, los municipios tenían que pedir permiso al Gobierno para hacer cualquier consulta, a pesar de que los temas sean estrictamente locales, ha explicado Alonso.

El diputado de En Comú Podem ha opinado que los consistorios locales deben poder resolver sus temas municipales de la manera que consideren sin la necesidad de tener que esperar una respuesta favorable del Gobierno.

Tal y como recoge el texto de las preguntas y la PNL registrada hoy, las consultas populares forman parte de un modelo de sistema democrático de calidad, en el que juntamente a los procesos de participación, órganos de participación e iniciativas ciudadanas, se reconoce la capacidad de la ciudadanía para participar de forma activa en las decisiones políticas. No se puede por lo tanto permitir que un canal de participación tan singular e importante sólo pueda ser utilizado bajo la tutela del gobierno del Estado.

 

 

El Congreso rechaza la propuesta de En Comú Podem de promover la diversidad de género en la cultura

La PNL recogía una serie de medidas educativas destinadas a fomentar la coeducación y el cuestionamiento de las dinámicas heteropatriarcales en el ámbito cultural.

El Congreso ha rechazado esta tarde la Proposición No de Ley (PNL) de En Comú Podem de aplicar un plan de choque para promover la diversidad de género en la cultura. El objetivo de esta propuesta era romper el techo de cristal al que se enfrentan las mujeres en este sector. Y es que como ha recordado la diputada de En Comú Podem Mar García: “los datos demuestran que es en el sector cultural donde se da más marcadamente lo que llamamos el ‘espejismo de la igualdad’, un fenómeno que se da en los países que reconocen la igualdad en derechos pero que en la práctica distan mucho de la justicia de género”.

Así, por ejemplo, según el estudio de MAV (Mujeres de las Artes Visuales), aunque las mujeres constituyen desde la década de 1960 la mayoría del alumnado en los estudios artísticos en España, el porcentaje de mujeres creadoras en la pasada feria de ARCO fue del 25%. En el campo del cine, de acuerdo con el informe de CIMA, en 2015 sólo un 19% de las películas españolas estrenadas fueron dirigidas por mujeres; las guionistas representaron un 12% y las directoras de fotografía un escaso 9%. “La segregación, ya sea horizontal o vertical, en el ámbito cultural afecta tanto a artistas como a profesionales de la gestión cultural”, ha añadido la diputada en su intervención en la Comisión de Cultura. “Por ejemplo”, ha continuado, “en los museos y centros de arte contemporáneos las mujeres directoras sólo representan un 22% del total”.

Es por todo ello que en Comú Podem ha propuesto un plan de choque encaminado a garantizar la presencia en la cultura de las mujeres y de todas aquellas personas que se han visto discriminadas por razones de género. A pesar de que como ha destacado García, vocal de la Comisión de Cultura, la lucha de los movimientos sociales ha hecho avanzar en esta materia, aún queda mucho camino por recorrer. “Ha llegado el momento de que las instituciones de nuestro país reconozcan su responsabilidad y se aborde este problema también desde aquí”, ha defendido la diputada.

La PNL, fruto de varios encuentros con las asociaciones de mujeres en la cultura, creadoras y trabajadoras del sector, recogía “una serie de medidas educativas destinadas a fomentar la coeducación y el cuestionamiento de las dinámicas heteropatriarcales en el ámbito cultural”, en palabras de García. Además, también incluía “la implementación de acciones que permitan el descubrimiento o la recuperación de obras invisibilizadas por cuestiones de género”.

Marta Sibina recuerda a la Ministra de Sanidad que el PP ha privatizado, troceado y vendido la sanidad pública  

 

La diputada de En Comú Podem y portavoz del Grupo Confederal en la Comisión de Sanidad ha recordado a la Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que “allí donde la sanidad pública ha caído en manos del Partido Popular (PP) ha sido malherida” y es que “ustedes han troceado, privatizado y vendido la sanidad pública” y “dan su apoyo tratados Internacionales como el TTIP o el CETA que son una arma de destrucción masiva para los sistemas públicos de salud en toda Europa”.

Por su parte, Marta Sibina ha insistido en que el “diálogo” que ofrece el Gobierno del Partido Popular debe verse reflejado en la derogación del Real Decreto 16/2012 de la Ministra Ana Mato, “un decreto anti-derechos humanos que, mientras siga vivo, hará realmente difícil cualquier dialogo”. La portavoz de la Comisión de Sanidad del Grupo Confederal ha asegurado que “hemos venido a dar voz en esta institución a todas las persones y movimientos que a lo largo de estos años han luchado, de verdad, por la sanidad pública de todas las personas”.

La diputada de En Comú Podem ha respondido a la Ministra de Sanidad que uno de los retos más importantes es recuperar la universalidad perdida, “trabajaremos para proteger a las personas contra la dificultad de acceso a los medicamentos, trabajaremos para darle vida a la Ley General de Salud Pública, aprobada en 2011 pero guardada en un cajón por el PP, trabajaremos para dar marcha atrás en el Decreto de prescripción de enfermería, para legislar en relación a la muerte digna, para la inclusión de criterios de interés público en la I+D pagada con fondos públicos, y trabajaremos para que las persones de nacionalidad española que pierden su tarjeta sanitaria después de 90 días en el extranjero, la puedan recuperar”.

Finalmente, Sibina le ha dicho a la Ministra de Sanidad que “no aceptaremos que su gobierno se esconda detrás del diálogo para seguir con el monólogo con el que el PP ha atacado la salud de millones de persones”

El Congreso aprueba la propuesta de En Comú Podem de potenciar la contratación pública de alimentos con criterios de responsabilidad social y medioambiental

La PNL insta al Gobierno a desarrollar un Plan de Contratación Pública Alimentaria, un protocolo que tendrá beneficios a nivel económico, social, medioambiental y cultural.

La comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde la Proposición No de Ley (PNL) de En Comú Podem de potenciar la contratación pública de alimentos con criterios de responsabilidad social y medioambiental. Tal y como ha recordado el diputado de En Comú Podem Jaume Moya, el estado español cuenta con un Plan de Contratación Pública Verde desde 2008, pero este no incluye los productos alimenticios y sus objetivos están lejos de alcanzarse.

En este sentido, Moya ha explicado que “la administración pública es el principal consumidor del Estado: destina entre 2.000 y 3.000 millones de euros anuales a las compras alimentarias”, una cifra que equivale al 0,3% del PIB o a la mitad del presupuesto del Ministerio de Agricultura. De todo lo que se compra, el 70% procede de mayoristas mientras que sólo el 10% de media se adquiere directamente al sector primario, es decir, a los campesinos o a través de canales cortos de comercialización. Esta proporción es muy baja respecto a otros países europeos, donde la media es del 18%.

Es por ello que la PNL aprobada insta al Gobierno a desarrollar un Plan de Contratación Pública Alimentaria que complemente, amplíe y actualice el plan existente al respecto. “El Estado debe asumir su papel protagonista dentro del mercado de productos del sector primario, y ha de reorientar la inversión del gasto con criterios sociales y ambientales”, ha dicho el vocal de la comisión de Agricultura, Alimentación y medio Ambiente durante su intervención.

La aplicación de un protocolo de este tipo “fortalecerá la producción agroalimentaria local, siendo una herramienta clave para crear, fortalecer y extender una red de mercados locales viables, y tendrá consecuencias importantes a nivel económico, social, medioambiental, sanitario y cultural”, en palabras de Moya. Así, este plan favorecerá que la riqueza se quede en el territorio, permitirá avanzar en la reducción de gases de efecto invernadero y acercará el productor y el consumidor, entre otras ventajas.

La PNL ha sido aprobada con los votos favorables de PSOE, Ciudadanos, ERC y el Grupo Mixto, mientras que el PP se ha abstenido.

El Congreso aprueba la propuesta de En Comú Podem de instar al Gobierno a retirar los conciertos educativos en las escuelas que segregan por sexo 

Joan Mena ha pedido que se retiren los conciertos “por una cuestión pedagógica, legal y de coherencia”

La Comisión de Educación del Congreso de los diputados ha aprobado hoy una Proposición No de Ley (PNL) de En Comú Podem que insta al Gobierno a retirar los conciertos educativos en las escuelas que segregan por sexo. Así, en la subcomisión del Pacto de Estado de Educación se ha aprobado que se apruebe un acuerdo para acabar con este tipo de conciertos educativos en aquellos centros, generalmente de órdenes religiosas como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, que diferencien a las alumnas y alumnos por una cuestión de sexo.

El diputado de En Comú Podem Joan Mena ha defendido durante la comisión que estos conciertos deben retirarse “por una cuestión pedagógica, legal y de coherencia”, ya que, según ha expresado Mena, “está demostrado y así lo indican varios informes de la UNESCO, que la escolarización diferenciada genera una discriminación por motivos de sexo que debe desaparecer de un sistema educativo democrático”.

A su vez, el diputado de En Comú Podem ha asegurado que “la escuela, especialmente la financiada por dinero público, no debe caer nunca en la segregación. No hay que segregar ni por cuestiones de lengua, ni de religión, ni de origen geográfico o social y, por lo tanto, tampoco por cuestiones de sexo”.

Finalmente, el texto aprobado, que ha contado con los votos en contra de PP y abstención de PdeCat y C’s, también promoverá un acuerdo del Gobierno con las Comunidades Autónomas para evitar que se prorroguen o den más ayudas a los centros que segreguen por sexo.

En Comú Podem pide la comparecencia del Ministro de Fomento por el anuncio de que el Estado se hará cargo de las autopistas de peaje en quiebra

Fèlix Alonso, portavoz de la Comisión de Fomento, exige las explicaciones del ministro de por qué será el Estado quién se haga cargo

 

El diputado de En Comú Podem y portavoz de la Comisión de Fomento en el Congreso, Fèlix Alonso, ha pedido la comparecencia del Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, después de que anunciara en una entrevista que será el Estado quién se hará cargo de las autopistas de peaje en quiebra o en riesgo de liquidación después de no poder llegar a un acuerdo con los bancos. La nacionalización de estas carreteras puede suponer un coste para el Estado de 5.500 millones de euros, según la patronal de las grandes constructoras.

Por su parte, el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, ha recordado que en la anterior legislatura CIU votó a favor e impulsó una partida de los Presupuestos Generales del Estado de 2011 para compensar la caída de los ingresos motivada por la bajada de tráfico a las autopistas radiales de Madrid. Domènech ha asegurado que “da la casualidad de que estas concesionarias de estas autopistas son empresas con las que CiU ha tenido una relación muy fluida”.

Este comportamiento de CDC en Madrid, ha señalado Domènech, “no les impide después en Catalunya alimentar la cultura del agravio situando como ejemplo el tema de los autopistas que ellos mismos han votado e impulsado en algunos casos”.

El portavoz de En Comú Podem  ha considerado que “el rescate por parte del PP de las autopistas radiales de Madrid es una muestra más del tipo de políticas del Gobierno para beneficiar sólo a unos pocos. Es un nuevo ejemplo de cómo se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas que acabamos pagando la gente normal y corriente”.

Josep Vendrell reprocha al Ministro de Energía los grandes beneficios de las eléctricas mientras crece la desigualdad energética

El diputado de En Comú Podem ha exigido a Álvaro Nadal que no haya ningún corte de luz sin la autorización de los servicios sociales competentes

El diputado de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha reprochado hoy al Ministro de Energía, Álvaro Nadal, que “las empresas eléctricas tienen unos grandes beneficios mientras continúa creciendo la desigualdad energética”. Así lo ha manifestado Vendrell durante la comparecencia de Nadal en la Comisión de Industria del Congreso, donde también ha pedido al ministro que “no haya ningún corte de suministros eléctricos sin la autorización de los servicios sociales competentes, que tienen que informar sobre la situación de vulnerabilidad de la persona o unidad familiar afectada”.

Por otro lado, Vendrell ha preguntado al Ministro de Energía si se compromete a realizar una auditoría del déficit de tarifa de la luz y de los costes del sistema “para saber si son legítimos y qué parte debemos de asumir o bien si hay una sobreretribució de las empresas eléctricas, puesto que “tenemos un sistema energético muy caro por las personas y familias y los costes que se arrastran son un auténtico escándalo”.

En cuanto a las tarifas de la factura de la luz, la parte fija representa el 70 %, “el que supone incrementar la pobreza y no incentivar la eficiencia y el ahorro”, ha manifestado el diputado de En Comú Podem ante el ministro. Así, Vendrell ha reiterado que la tarifa tiene que ser “sostenible, socialmente justa y tiene que fomentar el ahorro”.

Vendrell ha pedido un plan de cierre progresivo de las centrales nucleares y térmicas, además de que tampoco se renueven  los permisos de explotación para conseguir una transición justa, puesto que “el objetivo de las eléctricas es que la vida útil de las centrales pase de 40 a 60 años y se tiene que tener en cuenta que se trata de una energía peligrosa y tiene una aportación limitada”.

En este sentido, el diputado de En Comú Podem ha considerado que se tiene que producir un cambio en el modelo energético y andar hacia el modelo de energías renovables, “una transición tecnológicamente y económicamente viable y necesaria que tiene que ser una prioridad de esta legislatura”. Vendrell ha recordado que la regulación que hizo el Gobierno del PP del autoconsumo tenía el objetivo de impedir el desarrollo del mismo autoconsum.

En Comú Podem pide la derogación de la reforma del PP del Tribunal Constitucional que permite suspender cargos públicos

En Comú Podem ha registrado la Proposición de Ley (PL) para la derogación de la Ley Orgánica 15/2015, la reforma del Tribunal Constitucional (TC) que aprobó en solitario el Partido Popular haciendo uso de su mayoría absoluta y que dio la posibilidad al TC de suspender las funciones de cargos públicos o electos si no cumplían las sentencias emitidas por el Tribunal. El texto de la PL explica que “la reforma era innecesaria, puesto que en el ordenamiento constitucional ya existen mecanismos para garantizar el cumplimiento de las sentencias”.
El diputado de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha asegurado que la reforma de la ley orgánica del TC aprobada el año pasado por el Partido Popular, en plena campaña de las elecciones al Parlament de Catalunya, fue de carácter puramente político y electoralista, con el objetivo de implicar al TC directamente en un conflicto de carácter político”.
Vendrell insiste que la derogación de esta reforma es el primer paso para entender que “los problemas políticos no se pueden resolver con amenazas y acciones judiciales punitivas sino que se tiene que hacer mediante los principios democráticos de diálogo y negociación a través de, por ejemplo, las vías parlamentarias disponibles para discutirlos”.
Y es que la reforma del TC del PP incluye una capacidad sancionadora para suspender las funciones de cargos públicos por un delito de desobediencia. También da la posibilidad de que el propio Tribunal Constitucional “pueda requerir la intervención del Gobierno del Estado para que aplique las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones”, lo que supone romper con el papel arbitral de este Tribunal.

En este sentido, Vendrell ha considerado que “se tiene que desjudicializar la política del mismo modo que se tiene que despolitizar la justicia”.
El texto registrado por En Comú Podem señala que la derogación de la reforma de la Ley Orgánica 15/2015 que afecta al Tribunal Constitucional es la única manera de evitar el riesgo de deslegitimar este Tribunal que, después de los últimos 4 años de Gobierno del PP, ya cuenta un grave problema de credibilidad.

En Comú Podem pregunta al Ministro de Justicia si el “diálogo” del Gobierno se traducirá en retirar las querellas del 9N contra los políticos catalanes

Jaume Moya, portavoz de la Comissión de Justicia, ha recordado al Ministro Rafael Catalá que desde el 9N la judicialización de la política es un caballo desbocado

El portavoz de justicia del Grupo Confederal Unidos Podemos – En común Podemos – En Marea y diputado de En común Podemos, Jaume Moya, en la Comisión de Justicia ha preguntado al Ministro Rafael Catalá si “la oferta de diálogo” que hizo la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se traducirá en la retirada de las querellas contra los políticos catalanas después de la celebración del proceso participativo del 9N y si, también, el Gobierno piensa resolver “la cuestión catalana” políticamente o bien seguir miedo las vías judiciales, puesto que “desde el 9N la judicialització de la política se un caballo desbocat”, ha asegurado Moya.
Miedo otro lado, uno de los temas que más preocupa al Grupo Confederal y que Jaume Moya ha preguntado al Ministro de Justicia se su opinión sobre si conviene o no centralizar los juzgados de Violencia sobre la Mujer en capitales de provincia. El diputado de En común Podemos ha considerado que esta propuesta, que comporta alejar las víctimas de violencia de género de los juzgados, puede profundizar el desamparo de las propias víctimas y la impunidad de los agresores.
En cuanto a la protección de los Derechos Humanos, el portavoz de justicia del Grupo Confederal ha exigido a Catalá una respuesta urgente para las personas internas en los CIEs, que sueño privadas de los derechos fundamentales y sociales más esenciales: hacinamiento, asistencia sanitaria y jurídica irregular, falta de información, nula existencia de políticas sociales o educativas. Así, Jaume Moya le ha propuesto al Ministro de Justicia acabar cono las “expulsiones en caliente” y cerrar estos centros que no están adaptados a los derechos reconocidos miedo la Constitución.
Finalmente, uno de los temas que también ha tratado Jaume Moya hoy en la Comisión de Justicia se la necesidad de que todas las fuerzas parlamentarias luchen miedo la honestidad política y la corrupción protegiendo los denunciantes de delitos de corrupción que sueño víctimas de represalias para exigir honradez a la política.

En Comú Podem pide que la Subcomisión del Pacto de Educación no sea “un lavado de cara a las políticas educativas del PP”

 

El diputado Joan Mena ha defendido la abstención del grupo confederal, “que no participará en un lífting de las políticas que han expulsado a tantos estudiantes de las aulas”

El diputado de En Comú Podem, Joan Mena, ha defendido hoy en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados la abstención del Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem- En Marea ante la Subcomisión del Pacto de Estado por la Educación, ya que “el grupo parlamentario no participará en un lífting de las políticas del partido popular que han expulsado a tantos hijos e hijas de las clases populares”.

Así, Joan Mena ha pedido que esta Subcomisión no sea “un lavado de cara de las políticas educativas del PP” que aprobó la LOMCE, “una ley que ya nació muerta porque se redactó de espaldas a la Comunidad Educativa”. Por ello, el diputado de En Comú Podem ha recordado a todos los grupos parlamentarios que “el objetivo de este gobierno ha sido el de debilitar la escuela pública en beneficio de las élites que controlan las escuelas privadas”.

A su vez, el diputado de En Comú Podem ha insistido en la necesidad y el compromiso de convertir esta Subcomisión del Pacto de Estado por la Educación en una auténtica mesa de diálogo donde participen, de igual a igual, las Comunidades Autónomas que tienen las competencias transferidas, los agentes sociales y sindicales del mundo de la educación, ya que “no se deben hacer leyes de educación de espaldas a la Comunidad Educativa, como hizo el PP”.

En cuanto al contenido del Pacto, hay tres principios que deberían ser básicos para un Pacto de Estado, ha asegurado Joan Mena. Estos tres pilares son: el principio de suficiencia económica, el principio de participación y el principio del bien común.

 

 

El Congreso aprueba por unanimidad la propuesta de En Comú Podem de priorizar Corredor del Mediterráneo

Fèlix Alonso ha defendido que este proyecto ferroviario permitirá pasar “de una conexión radial del Estado a una en red”

La comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy por unanimidad la Proposición No de Ley (PNL) de En Comú Podem que insta al Gobierno español a impulsar y priorizar el Corredor del Mediterráneo, un proyecto clave para el desarrollo económico de los territorios del arco mediterráneo. Así, todos los grupos han apoyado la iniciativa que ha defendido el diputado de En Comú Podem Fèlix Alonso, el diputado de Unidos Podemos Sergio Pascual (Andalucía) y la diputada de Unidos Podemos Rosana Pastor (Valencia).

Fèlix Alonso ha defendido que este proyecto ferroviario permitirá pasar de una conexión radial del Estado a una en red” y que Corredor del Mediterráneo “es una columna vertebradora del desarrollo económico y social”. Por estos motivos, el diputado de En Comú Podem ha asegurado que “necesitamos que el corredor supere todos los obstáculos y sea una realidad para no quedar descolgados”.

El texto aprobado por todos los grupos parlamentarios insta a “desarrollar Corredor Mediterráneo, línea estratégica según la Unión Europea, con la colaboración de las Comunidades Autónomas de Catalunya, Valencia, Islas Baleares, Murcia y Andalucía. Todas las fuerzas políticas han estado de acuerdo en designar un coordinador técnico del Ministerio de Fomento encargado de dirigir y supervisar que las obras del proyecto se desarrollen correctamente.

También, la PNL recoge que la futura Oficina Nacional de Evaluación tiene que definir las inversiones que se tienen que hacer y los calendarios de ejecución, priorizando aquellas actuaciones que tengan un mayor regreso por la actividad económica.  Esta priorización se tiene que establecer teniendo en cuenta las opiniones de los operadores de transporte ferroviario, empresas industriales y logísticas, ADIF, Puertos del Estado y las Comunidades Autónomas afectadas.

 

 

Telemárqueting: por un salario digno, contratos más estables y con más garantías ante los despidos.

En Comú Podem da todo su apoyo a la huelga de telemárqueting convocada el lunes 28 de noviembre por los sindicatos CGT, CCOO y UGT, después de reunirse con los colectivos y los sindicatos y comprobar que se trata de un sector feminizado y extremadamente precario y maltratado. El 70% de los trabajadores son mujeres  en condiciones indignas e inestables. Se trata de un sector altamente feminizado, a pesar de que no hay planes de igualdad que son obligatorios desde el 2007 y no hay tiempo de descanso ni siquiera en caso de embarazo.

Aunque es un secto que ha sufrido una gran deslocalización, hay unas 80.000 teleoperadores reconocidas por la patronal,  aunque otros trabajadores del sector dependen de empresas de multiservicios y que tienen todavía peores condiciones que en una subcontrata o una ETT. La patronal ha despreciado todas las propuestas sindicales que se han hecho hasta ahora, porque sólo busca incrementar la precarización. Hace más de dos años que ni siquiera tienen subida salarial.

Este sector es utilizado habitualmente por la ciudadanía tanto en las administraciones públicas como al sector privado. Algunas de las empresas mayoritarias de este sector son Movistar, Vodafone o el Banco Santander que obtienen altos beneficios a expensas de subcontratar empresas que no respetan el hecho que no se pueda trabajar 11 días seguidos, que tengan un tiempo medio de operación de 3,80 minutos que, si sobrepasan, los penalizan y que la mayoría de los contratos son de obra y servicio a pesar de que tendrían que ser indefinidos.

Es crucial apoyar a esta movilización de las trabajadoras asistiendo a la concentración a las 11 horas en Vía Laietana el 28 de noviembre y en Madrid, apoyándolos a las redes sociales. Porque se merecen un salario y unas condiciones laborales dignas y porque si mejora su situación también mejorará la atención.

#28Ncolgamosloscascos

En Comú Podem pide al nuevo Fiscal General del Estado que ayude a deshacer la judicialización del proceso catalán

Jaume Moya, portavoz de la Comisión de Justicia, ha exigido que no se vuelva a repetir el papel que tuvo la Fiscalía en el proceso participativo del 9N

El diputado de En Comú Podem y portavoz de la Comisión de Justicia en el Congreso, Jaume Moya, ha pedido hoy al nuevo Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, que “ayude a deshacer la judicialización del proceso catalán”. Además, Moya ha exigido al nuevo Fiscal que “no se vuelva a repetir el papel que tuvo la Fiscalía con el 9N”, puesto que los fiscales de Cataluña no consideraban que el proceso participativo fuera un delito ni que las personas que lo organizaron merecieran un castigo penal y desde el Gobierno español se presionó al antiguo fiscal que en un principio consideraba que no  había delito.

Durante su intervención, Jaume Moya ha explicado que desde el Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea pidió la votación del candidato a Fiscal General del Estado, teniendo en cuenta los criterios y currículum de los candidatos y fue Mesa de portavoces quién interpretó que no podía ser de este modo.

Así, Moya ha anunciado que pedirá explicaciones al Ministro de Justicia sobre criterios ha tenido en cuenta el Gobierno para considerar que era el candidato idóneo. El diputado de En Comú Podem ha detallado a la Comisión de Justicia que cuando el nuevo Fiscal General del Estado era magistrado del Tribunal Supremo la fiscalía anticorrupción cuestionó sus actividades profesionales extrajudiciales.

El portavoz del grupo confederal ha pedido al nuevo Fiscal qué hará para garantizar la independencia de la Fiscalía después de que el ministro de Justicia asegurara que dicho órgano judical “no es independiente y puede recibir instrucciones escritas del Gobierno”.

Por otro lado, Moya ha exigido a Maza que explicara cuáles serán las medidas que piensa adoptar para hacer frente a la preocupante situación de las víctimas de violencia machista; cuál será su postura ante el trato que reciben las personas internas de los CIEs y las personas que piden refugio o protección internacional; qué hará por la libertad sindical y de manifestación después de la implantación de la Ley Mordaza y  el derecho de la opción lingüística de la ciudadanía en la Justicia.

Finalmente, Jaume Moya ha instado a José Manuel Maza a “no dejar de intentar hacer de la Fiscalía un instrumento para la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía, lo que se traduce al ser una garantía por la calidad de nuestra democracia”.

El Congreso aprueba la iniciativa de En Comú Podem para incrementar el salario mínimo hasta los 950 euros en 2020

Aina Vidal, diputada de En Comú Podem, ha defendido la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para alcanzar “un nivel de vida digno”.

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la Proposición de Ley presentada por En Comú Podem para incrementar progresivamente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 850 euros en 2018 y hasta los 950 en 2020. Además, la cuantía se tendrá que revisar cada año en función del IPC previsto.

La Proposición de Ley ha recibido el apoyo de PSOE, ERC, PNV, parte del Grupo Mixto y del Grupo Confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea para tomar en consideración la tramitación de esta iniciativa.

Aina Vidal, diputada de En Comú Podem, ha defendido que el incremento del salario mínimo interprofesional es la única manera de que los ciudadanos y ciudadanas tengan “un nivel de vida digna” que cumpla con la Carta Social Europea, puesto que “tener un trabajo hoy en día no es sinónimo de estabilidad laboral y mucho menos económica”.

Uno de los principales objetivos de esta Proposición de Ley es “combatir la desigualdad que han generado las políticas de austeridad y recortes del Partido Popular y la antigua Convergencia”, ha manifestado Aina Vidal, que ha preguntado en el Gobierno: “¿de qué sirve un SMI que esté por debajo del umbral de pobreza?; ¿Qué puede hacer una persona hoy en día con los 655 euros que hay fijados de SMI?“

La diputada de En Comú Podem ha recordado que, hoy en día, más de 5 millones y medio de trabajadores y trabajadoras están cobrando un sueldo inferior al salario mínimo. En los últimos nueve años, la cuantía del SMI sólo ha subido 55,20 euros.

En este sentido, Aina Vidal ha insistido en que mejorar la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos sólo depende “de una voluntad política” y de cumplir el Convenio de la OIT que dicta que “se tiene que asegurar la protección de los trabajadores contra las remuneraciones indebidamente bajas”.

Finalmente, la diputada de En Comú Podem ha defendido desde la tribuna del Congreso que esta ley “es justa, necesaria y de sentido común, ya que tendrá un gran impacto en la lucha contra la pobreza y la exclusión social”.

En Comú Podem reclama la derogación de la reforma laboral

Es una de las medidas que la formación propone para solucionar el déficit de las pensiones.

La diputada de En Comú Podem Aina Vidal ha reclamado esta mañana la derogación de la reforma laboral aprobada en 2012 como una de las medidas imprescindibles para revertir la situación de emergencia en el que se encuentra el sistema de Seguridad Social. Lo ha hecho durante la comparecencia en la comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, a quien ha interpelado para exigir soluciones urgentes al déficit de las pensiones.

En su intervención Vidal ha señalado que la causa del déficit “no está en que se gaste mucho en pensiones”. Según los últimos datos disponibles de Eurostat, España dedica a protección social un 3,5% del PIB menos que la media de la Unión Europea, y un 1,5% menos en las pensiones. “El problema de la Seguridad Social española está perfectamente identificado: es la caída de los ingresos contributivos y las insuficientes aportaciones fiscales”, ha dicho la diputada. En este sentido, cabe recordar que España tiene unos ingresos tributarios un 6,1% del PIB por debajo de la media de la UE, y unos ingresos por cotizaciones un 6,9% inferiores.

“La reforma laboral, con su incentivo permanente de la precariedad, está en el origen de la caída de los ingresos por cotizaciones”, ha destacado la portavoz adjunta de la comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. El aumento de la temporalidad y la parcialidad, la devaluación salarial y la caída de la afiliación industrial que ha implicado la reforma son algunas de las causas del déficit de las pensiones. “La situación actual, con una previsión de desequilibrio de 16.000 millones de euros entre ingresos y gastos, tiene su origen en los gobiernos del PP”, ha resumido Vidal.

Por todo ello En Comú Podem ha propuesto una serie de medidas que reviertan la situación. La primera es derogar la reforma laboral para acabar con las causas de la devaluación salarial y mejorar así los ingresos por cotización. La formación también pide aumentar de manera progresiva los ingresos fiscales hasta alcanzar los 22.000 millones de euros, el equivalente al actual gasto de pensiones de muerte y supervivencia. Entre las otras acciones necesarias para solucionar el déficit de las pensiones se encuentran acabar con las extensiones de cotizaciones, pues suponen una disminución de los ingresos de la Seguridad Social, y aumentar la relación entre el salario y las cotizaciones.

Domènech: “No queríamos participar de un protocolo que simboliza una construcción del estado con la que no estamos de acuerdo”

Los diputados de En Comú Podem han escuchado el discurso que ha pronunciado el Rey en la apertura de la XII legislatura pero no han asistido al resto de actos protocolarios.

Los diputados de En Comú Podem han asistido esta mañana al discurso que ha pronunciado Felipe VI con motivo de la apertura solemne de las Cortes Generales de la XII legislatura. “Hoy ha comenzado oficialmente la XII legislatura con el discurso del jefe de Estado, y nosotros hemos venido a escuchar el discurso porque entendemos que nuestro trabajo es estar aquí y nuestra labor es aquí”, ha explicado Xavier Domènech, portavoz de En Comú Podem, al finalizar el acto.

Al igual que los del resto del grupo confederal, los diputados de En Comú Podem han optado por no aplaudir al término del discurso ni tampoco asistir al resto de actos protocolarios programados para la jornada. En palabras de Domènech: “No queríamos participar de este protocolo que simboliza una construcción del Estado con la que no estamos de acuerdo por múltiples motivos. Para decir alguno ahora, sería que la figura del jefe de Estado debería ser electiva. En una democracia madura la población, la ciudadanía, debería poder decidir quién lo representa. En la medida que esto no es así no hemos querido participar de toda esta simbología que no nos representa.”

Con esta actuación En Comú Podem quiere visibilizar la necesidad de abrir debates en los que pueda participar toda la sociedad sobre temas que hasta ahora han parecido incuestionables. La formación recuerda que proviene de una tradición republicana que promueve la democracia como ejercicio, no sólo como símbolo, y que defiende los valores de igualdad, libertad y fraternidad.

En Comú Podem pide explicaciones al gobierno del estado por la falta de inversión en infraestructuras en Cataluña

El portavoz de Fomento de la confluencia, Fèlix Alonso, destaca que en 2015 el Estado sólo ejecutó el 59% de la inversión prevista en infraestructuras en Cataluña.

El diputado en el Congreso de En Comú Podem y portavoz en la Comisión de Fomento, Fèlix Alonso, dirigido hoy al Gobierno del Estado una serie de preguntas escritas en las que pide explicaciones sobre la falta de inversión en infraestructuras en Cataluña. Alonso recuerda que en 2015 el Estado sólo ejecutó el 59% de la inversión prevista en infraestructuras en Cataluña, y que Cataluña representó un 9,9% de la inversión estatal en infraestructuras, el porcentaje más bajo desde 1997.

Ante esta situación, Alonso pregunta al Gobierno de Mariano Rajoy qué porcentaje de inversión en infraestructuras en Cataluña se prevé para este 2016, y le pide que detalle qué proyectos se han visto afectados por esta falta de inversión. El diputado recuerda que la estación de la Sagrera lleva con las obras “prácticamente paradas” desde el 2014, y que “no existe un calendario para su ejecución”. Además, denuncia que el soterramiento de las vías del ferrocarril a su paso por Montcada i Reixac, Sant Feliu de Llobregat y L’Hospitalet, largamente reivindicado por el territorio, “sólo tiene en 2016 una partida para el estudio de su viabilidad”.

Fèlix Alonso pone de manifiesto también que la falta de inversión en Cercanías “provoca el caos ferroviario, con incidencias constantes y falta de mantenimiento”, y concluye reclamando al nuevo Gobierno “cómo piensa dar solución a un déficit de inversión del Estado en Cataluña que no ha dejado de aumentar en los últimos años”.

En Comú Podem pregunta al Gobierno sobre la reordenación de los juzgados de violencia sobre las mujeres

En Comú Podem considera la reordenación un paso más en el proceso de recortes que en los últimos años han sufrido las políticas en la lucha contra la violencia machista y, en concreto, los juzgados de violencia de género.

Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha aprobado una “Propuesta de especialización, comarcalización y provincialización de órganos judiciales en Cataluña”, en la que se propone al Gobierno español una reordenación de los juzgados de violencia sobre las mujeres. Es decir, la supresión de juzgados de violencia de género del territorio catalán, cediendo las competencias a otros juzgados. Hasta el momento no consta que ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Ministerio de Justicia se hayan pronunciado al respecto.

Ante este hecho la diputada de En Comú Podem y vocal de la comisión de Igualdad, Mar García Puig y el diputado de En Comú Podem y portavoz de la comisión de Justicia, Jaume Moya, han presentado hoy una serie de preguntas dirigidas al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo esta deslocalización-centralización de los juzgados de violencia sobre la mujer en Cataluña? ¿Cree el Gobierno que esta propuesta puede realmente ser compatible con la defensa de los derechos de las mujeres? ¿Es consciente el Gobierno que aprobar esta reforma puede suponer un obstáculo, al dificultar el acceso a la justicia, a la protección de las mujeres que sufren la violencia machista? Y ¿Cree el Gobierno que son políticas de este tipo, que atacan los derechos de las mujeres y suponen un retroceso, las que se necesitan para luchar contra la violencia machista?

Para la diputada Mar García “la supresión de estos juzgados supondría dejar a las mujeres víctimas de violencia machista sin protección institucional” y además es una vulneración de los derechos de las mujeres por parte de un gobierno “que nos tiene acostumbradas a los recortes en la lucha contra la violencia machista”. Por su parte el diputado Jaume Moya considera que “no se puede admitir que se pretenda dar respuesta a la falta de medios de los juzgados y de la saturación de causas retirando competencias a los juzgados de partidos judiciales del territorio”. Es especialmente grave, afirma, cuando se trata de los más alejados de la capital de la provincia: “La respuesta debe ser dotar de medios humanos, técnicos y logísticos, no recortar garantías procesales y tutelas judiciales a las víctimas”.

En Comú Podem considera la reordenación un paso más en el proceso de recortes que en los últimos años han sufrido las políticas en la lucha contra la violencia machista y, en concreto, los juzgados de violencia de género. Unos recortes que han incidido directamente sobre un presupuesto ya precario e insuficiente. Desde el año 2003, son más de 900 las mujeres asesinadas por violencia machista en el Estado español.

Mena: “El Gobierno de Puigdemont no es creíble cuando por un lado reclama soberanía y por la otra convierte la escuela pública en subsidiaria de la privada y la concertada”

Xavier Domènech y Joan Mena participan en la manifestación de la Assemblea Groga en Barcelona para reclamar que se destine el 6% del PIB a la educación pública.

Xavier Domènech, portavoz de En Comú Podem, y Joan Mena, diputado y portavoz de Educación de En Comú Podem, han participado este sábado en la manifestación convocada en Barcelona por la Assemblea Groga para reclamar que se destine el 6% del PIB a la educación púbica, tal como fija la Ley Catalana de educación. “El Gobierno de Puigdemont no es creíble cuando por un lado reclama soberanía, una demanda que compartimos, pero por el otro hace lo mismo que está haciendo el gobierno del PP en el Estado, que es convertir la escuela pública en subsidiaria de la privada y de la concertada “, ha afirmado Mena.

El diputado, que ha expresado el apoyo de su grupo a la protesta y ha hecho un llamamiento a participar, ha hecho suya la exigencia de que se destine el 6% del producto interior bruto a la educación pública, “como están haciendo la mayoría de países de nuestro entorno”, y ha recordado que en Catalunya esta medida “es uno de los mandatos del Estatuto”. “Exigimos, tanto al Gobierno del Estado como en Catalunya que los compromisos con la escuela pública deben concretarse también a nivel presupuestario”, ha manifestado.

Mena ha reclamado que esta mayor inversión en educación pública debe ir acompañada de la derogación de la LOMCE, para la cual, ha recordado, ya “hay una voluntad mayoritaria en el Congreso”. El portavoz en temas de Educación de En Comú Podem ha exigido también que se garantice el acceso universal a la Universidad, y ha lamentado que “Catalunya es el territorio del estado donde más cuesta a las clases populares el acceso a la universidad”.

El Congreso aprueba la propuesta de En Comú Podem de poner en marcha un Impuesto a las Transacciones Financieras

La propuesta contempla que al menos la mitad de lo recaudado se destinará a una redistribución más social y equitativa de la riqueza y, en particular, a financiar políticas sociales específicas.

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy una Proposición no de Ley (PNL) del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea para poner en marcha un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). Según algunas fuentes, este impuesto permitiría recaudar alrededor de 35.000 millones de euros en el conjunto de Europa y unos 5.000 en el caso español.

La idea de crear una tasa para gravar las transacciones financieras y reducir los movimientos especulativos y la volatilidad de los mercados tiene su origen en los años 70, con la Tasa Tobin, y se ha hablado de ella con frecuencia. Una de las últimas veces fue durante la etapa más álgida de la crisis económica, en el 2009, cuando el G20 recuperó esta posibilidad. Sin embargo, tal y como ha recordado hoy el diputado de En Comú Podem Josep Vendrell en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, desde entonces “se ha avanzado muy lentamente en su aprobación. España ha sido uno de los países que, junto a otros como Alemania, Bélgica, Estonia, Eslovaquia o Portugal, han diluido y retrasado la aplicación del impuesto”.

“La especulación financiera está en el origen de la crisis, del crecimiento de las desigualdades y en la perdida de la capacidad de los gobiernos y de la propia Unión Europea de regular y de controlar la economía para someterla al interés general”, ha dicho el diputado durante su intervención. Es por ello que En Comú Podem propone impulsar la aprobación de la propuesta inicial de la Comisión de 14 de Febrero de 2013. Aunque esta propuesta, menos ambiciosa que las anteriores, no concreta cifras de manera definitiva, se habla de aplicar el 0,1% sobre las transacciones de acciones y bonos y el 0,01% para las operaciones de derivados que los estados podrían incrementar unilateralmente.

“No es la solución óptima, pero supondría un paso adelante hacia una fiscalidad global más justa. Es prioritario crear este instrumento, la Unión Europea lo necesita no solo para hacer frente a la especulación de capitales sino para aumentar también los recursos públicos”, ha dicho al respecto Vendrell. La PNL aprobada también incluye una segunda fase que consistiría en impulsar las actuaciones necesarias para aprobar un Impuesto a las Transacciones Financieras más ambicioso que tenga cómo prioridad reducir drásticamente la especulación en los mercados financieros. La propuesta contempla, además, una enmienda acordada con el grupo parlamentario socialista y que especifica que “al menos la mitad de los mayores ingresos generados se destinarán a una redistribución más social y equitativa de la riqueza y, en particular, a financiar políticas sociales específicas”.

La PNL ha sido aprobada con los votos favorables de PSOE, ERC, PNB y el grupo mixto. El PP ha votado en contra.

En Comú Podem respalda la denuncia de las organizaciones sociales y exige el cierre de los CIE

Unidos Podemos – En Comú Podem inicia una serie de acciones parlamentarias a raíz de la protesta en el CIE de Aluche y de las denuncias por presuntos malos tratos de organizaciones sociales

El objetivo es esclarecer los hechos ocurridos en el centro y asegurar que los derechos de los internos no están siendo vulnerados

El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos -En Comú Podem- En Marea ha registrado hoy en el Congreso de los Diputados junto con Compromís (Grupo Mixto) una serie de medidas parlamentarias con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos el pasado martes y los días siguientes en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche, cuando más de medio centenar de personas se subieron a la azotea del edificio para protestar por su situación en el centro, y de asegurar que los derechos de los internos no están siendo vulnerados.

Entre las iniciativas registradas está una Proposición No de Ley para instar al Gobierno al cierre de todos los CIE del territorio español debido a la inherente vulneración de derechos que supone la existencia de estos centros.

Asimismo, se han registrado solicitudes de comparecencia de Jorge Fernández Díaz, Ministro de Interior en funciones; de Ignacio Cosidó, Director General de la Policía; del jefe de seguridad y el director del CIE de Aluche; y de Javier Barbero, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo de que expliquen los hechos sucedidos.

Por otra parte, varias organizaciones de Derechos Humanos han interpuesto una denuncia en el juzgado de Guardia por posibles malos tratos a los internos del CIE de Aluche. Desde En Comú Podem, se respalda esta denuncia ya que los hechos que se recogen son coincidentes con la información que pudo obtener ayer la delegación de Unidos Podemos y En Comú Podem que visitó el CIE de Aluche.

La delegación del grupo confederal UP-ECP-EM asegura que “nuestros testimonios están al servicio de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y de la Justicia. Esperamos que se investiguen estos hechos y se depuren las responsabilidades correspondientes. Son hechos gravísimos en un país democrático”.

 

En Comú Podem pide la dimisión del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear

El grupo parlamentario acusa a Fernando Martí de actuar en beneficio de las centrales nucleares en lugar de controlar su actividad.

En Comú Podem ha pedido hoy la dimisión del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, al que acusa de actuar en defensa de las grandes empresas propietarias de las centrales nucleares en lugar de controlar su actividad, es decir, de eludir las responsabilidades de su cargo. “Creemos que usted está más alineado con el Gobierno y las centrales que con la independencia y la cultura de la seguridad nuclear”, ha dicho Josep Vendrell, portavoz de energía del grupo confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, durante la comparecencia de Martí en la Comisión de Industria, Energía y Turismo. Hay que recordar que antes de su nombramiento Martí era secretario de estado de Energía.

El grupo parlamentario de En Comú Podem considera que uno de los principales problemas del Consejo es la falta de transparencia. Martí no comparecía en el Congreso desde el 2014 y el organismo omite gran parte de la información de su actividad. Además, en sus informes a menudo aparece la palabra ‘confidencial’ o la advertencia de los propietarios de las centrales que la documentación aportada ‘en ningún caso puede ser publicada’. “Más que de transparencia tendríamos que hablar de omisión de información y de ocultación”, ha lamentado Vendrell. 34 años después de su puesta en funcionamiento, el CSN todavía no dispone de un plan de comunicación ni de un código ético.

El hecho de que el comité asesor del Consejo esté formado mayoritariamente por personas partidarias de la energía nuclear y vinculadas a empresas energéticas es otro de los factores que resta efectividad al organismo. Y a esto hay que añadir la reducción de los controles realizados en las centrales nucleares en los últimos años. En este sentido, la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica ha alertado “del grave deterioro de la función reguladora del CSN debido a la actuación de los actuales gestores”. Los inspectores, incluso, han llegado a recibir indicaciones para que no pierdan el tiempo buscando incidencias. Todo ello ha supuesto una reducción de los expedientes sancionadores, pero “no por una mejora de la seguridad, sino por la tendencia a desestimar propuestas de sanción”, subraya Vendrell.

En definitiva, remarca el diputado, “estamos ante una creciente desregulación del sector nuclear como consecuencia de una política de supervisión que favorece a las empresas”. Es por ello que En Comú Podem insta al Gobierno a cesar el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí.

PP, PSOE y C’s impiden requerir a jueces y fiscales el conocimiento de las lenguas oficiales como pide En Comú Podem

La Proposición no de Ley presentada hoy por el grupo parlamentario de En Comú Podem para garantizar los derechos lingüísticos en el ámbito de la justicia no ha recibido el apoyo suficiente para salir adelante. El voto contrario de PP y C’s y la abstención del PSOE han impedido así mejorar la presencia de las lenguas oficiales distintas al castellano en la actividad judicial.

Los votos en contra de PP y C’s y la abstención del PSOE han tumbado la Proposición no de Ley sobre la protección y garantía de los derechos lingüísticos en el ámbito de la justicia presentada hoy por En Comú Podem. Ante el agravio que sufren las lenguas oficiales distintas al castellano en la actividad judicial, el grupo parlamentario ha propuesto la modificación de la normativa necesaria para asegurar el derecho de opción lingüística en todo el proceso judicial, incluyendo la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil. El texto también solicita la inclusión en la primera actuación procesal el requisito de indicar el idioma oficial en el que se desea desarrollar todo el proceso.

A pesar de que el derecho de utilizar las lenguas minoritarias o regionales en el ámbito judicial está garantizado en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, “en la práctica podemos constatar que los derechos lingüísticos en el mundo judicial no se cumplen y que el uso de las lenguas distintas al castellano deviene poco más que una anécdota “, ha lamentado Jaume Moya, portavoz de Justicia, durante su intervención en la comisión.

En Cataluña las cifras muestran como el uso del catalán va a la baja: el 2014 se redactaron en catalán sólo el 12,2% de las sentencias emitidas y en 2015 el porcentaje bajó al 8,5%. En el resto de comunidades autónomas la situación es aún más dramática. En Galicia, por ejemplo, las sentencias dictadas en gallego sólo representan el 4% del total, y en Valencia no hay prácticamente ninguna en el idioma cooficial. En las Islas Baleares el porcentaje es aún menor y absolutamente residual en Euskadi y Navarra.

En este contexto, Moya considera que “queda más que acreditada la extrema situación de inferioridad de las lenguas oficiales distintas al castellano en las respectivas comunidades autónomas”. “Por ello es tan importante que la normalización del uso de dichas lenguas reciba un apoyo decisivo por parte de la Administración de justicia y que la ciudadanía sea consciente de sus derechos de opción lingüística”, ha añadido el diputado d’En Comú Podem. Para reforzar la demanda, la Proposición no de Ley también incluía la modificación de la legislación necesaria para fijar como requisito que los magistrados, jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia tengan el conocimiento suficiente oral y escrito de todas las lenguas oficiales de la demarcación judicial en la que ejercen.

Finalmente, los votos contrarios del PP y la abstención del PSOE no han permitido que la proposición saliera adelante. C’s, por su parte, ha votado favorablemente a algunos de los puntos propuestos pero se ha opuesto a requerir a los profesionales del sector el conocimiento de las lenguas oficiales, así como también a priorizar la lengua más minoritaria mientras no se ejerza de manera expresa el derecho de opción lingüística. ERC y PDC han votado a favor de la integridad de la Proposición no de Ley.

El Congreso aprueba la propuesta de En Comú Podem para recuperar la Ley de emergencia habitacional y pobreza energética 24/2015

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La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ha aprobado  la propuesta de En Comú Podem para recuperar  los artículos declarados inconstitucionales de la Ley de emergencia habitacional y pobreza energética 24/2015 aprobada por el Parlament de Catalunya que el Gobierno del PP en funciones recurrió al Tribunal Constitucional. La proposta ha salido adelante con los votos favorables del Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, el PSOE, ERC y parte del Grupo Mixto, mientras que PP i C’s han votado en contra.

Lucia Martín, diputada de En Comú Podem ha recordado que esta ley es una iniciativa legislativa popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio Desc,  que recibió   un amplio apoyo de la ciudadanía. Así, Martín ha asegurado que “el problema para el PP era que, esta ley, suponía molestar a los intereses de las entidades financieras”, puesto que la ley impedía a los banco ejecutar un desahucio sin antes ofrecer un alquiler social a las familias con situación de vulnerabilidad.

Con la recuperación de la ley 24/2015 se abre de nuevo un mecanismo de segunda oportunidad por aquellas personas que no pueden hacer frente a los pagos de la hipoteca de su vivienda habitual puedan liquidar su deuda, como ya pasa en otros países.

Por su parte,  la diputada de En Comú Podem ha retado a cualquier miembro del Gobierno de Rajoy a ir a una asamblea de la PAH y decirle a la cara de cada una de las personas que traen muchos años luchando, más que nadie, que la ley 24/2015 de emergencia habitacional “se ha suspendido por su bien”, como dijo el Ejecutivo en funciones en su recurso al Tribunal  Constitucional.

Lucia Martín ha recordado que en los últimos años,  las entidades bancarias sólo han aceptado un 4 % de las solicitudes de dación en pago, mientras que el 95 % restante ha tenido que firmar una refinanciación, lo que supone incrementar los años del préstamo hipotecario o aumentar la deuda para pagar. Cuando la PAH de Barcelona interviene en las negociaciones con los bancos, nunca se opta por una refinanciación que es el que beneficia en el banco. En todo el Estado, en 2015 se produjeron 65.000 desahucios, mientras que la SAREB  tiene vacíos unos 50.000, lo que demuestra que no se está dando una respuesta contundente a este problema social.

Finalmente, la diputada de En Comú Podem, ha recordado que hoy en día existe un compromiso de todas las fuerzas políticas, menos del PP, con los impulsores de la ley,  en el que todas se comprometieron a retirar el recurso de inconstitucionalidad de la ley 24/2015 si formaban parte de un nuevo Gobierno.  Retirar este recurso supone mejorar de forma directa la vida de muchas personas, ha insistido Martín. Por eso, “En Comú Podem se dejará la piel aquí dentro para acabar con las políticas del futuro Gobierno del PP, puesto que suponen una amenaza directa a la vida de muchas personas”.

En Comú Podem solicita la comparecencia de José Maria Aznar para dar explicaciones sobre el caso Gürtel

Francisco Correa, principal acusado del juicio de esta trama corrupta del PP ha destapado el posible cobro de comisiones irregulares de los populares durante el mandato del expresidente.

En Comú Podem ha solicitado hoy la comparecencia de José Maria Aznar para que dé explicaciones sobre la declaración judicial de uno de los principales acusados de la trama de corrupción Gürtel, Francisco Correa, de la que se desprende que el Partido Popular cobraba comisiones irregulares por la adjudicación de obras públicas durante el mandato político del expresidente.

Según han informado varios medios de comunicación, el gobierno de Aznar cobraba presuntamente un 3% en comisiones irregulares en obras como carreteras, autopistas o el AVE que iban a parar directamente al PP. En esta misma línea, las informaciones publicadas también apuntan la colaboración de importantes empresas y empresarios de la construcción españoles en esta trama de corrupción, una práctica que altera los principios básicos del sistema democrático. Además, diferentes medios de comunicación han sacado a la luz la construcción de un entramado fiscal que orientaba los cargos públicos del PP, especialmente sus alcaldes, a derivar las donaciones para no levantar las sospechas del Tribunal de Cuentas.

Todas estas informaciones salpican el expresidente Aznar, máximo responsable político del periodo al que hacen referencia las acusaciones. Es por eso que En comú Podem ha pedido su comparecencia en la Comisión de Calidad Democrática, contra la Corrupción y de Reformas Institucionales y Legales. “Las informaciones aparecidas a los medios de comunicación obligan al expresidente, por ética política, si  tiene, a dar explicaciones en la cámara que le otorgó la confianza para ser presidente del gobierno”, ha explicado el diputado de En Comú Podem Joan Mena.

A pesar de que las responsabilidades penales y administrativas de la declaración de Correa tienen que ser asumidas a los juzgados, En Comú Podem considera que el Congreso de los Diputados tiene la obligación de fiscalizar la acción del gobierno, la presente y también el pase. En este sentido, Mena ha añadido que “las acusaciones tiradas contra la gestión de la obra pública del gobierno Aznar son un atentado contra los principios básicos de nuestro sistema democrático. Dar cuentas de la gestión de gobierno es una obligación que tienen también los expresidentes. Aznar no puede esconder la cabeza bajo el ala mientras la ciudadanía está enojada, preocupada y fastidiada por el que se desprende de todo este caso”.

El Congreso aprueba la propuesta de En Comú Podem para indemnizar con 20 días por año a los trabajadores temporales despedidos

La Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy por unanimidad  la Proposición no de Ley presentada por En Comú Podem en la que se insta al Gobierno español a cambiar la legislación del Estatuto de los Trabajadores para que quede fijado que la cuantía de la indemnización por extinción de los contratos temporales y de interinos sea de 20 días de salario por año de antigüedad.

En Comú Podem registró esta iniciativa, que ha salido adelante con el voto a favor de todos los grupos de la cámara, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rectificara la legislación española en una resolución que aseguraba que “el hecho de que un trabajador o trabajadora haya prestado sus servicios  en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita la negativa a dicho trabajador a recibir su indemnización”.

Así, todas las fuerzas políticas han acordado que el Gobierno español tiene que constituir una mesa de trabajo con todas las formaciones y los agentes sociales con el objetivo de que se actualice la legislación española a raíz de las sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia sobre el Estatuto de los Trabajadores.

Para la diputada de En Comú Podem, Aina Vidal, que ha defendido la PNL en la Comisión de Empleo, “la temporalidad abusiva que sufrimos se da porque se sustituyen trabajadores fijos por temporales dejando a estos segundos en una situación de mayor vulnerabilidad y desigualdad”. Según Vidal, “las sentencias del TJUE ponen límite al abuso de la temporalidad considerando que la normativa española es contraria a los principios de no discriminación entre trabajadores temporales y fijos”.

La diputada cree que “la aprobación de la propuesta de En Comú Podem es un éxito en cuanto que aborda una de las mejores oportunidades que hemos tenido últimamente para avanzar hacia un mercado de trabajo de más calidad y presiona en el gobierno para actualizar la legislación”.

 

 

 

 

 

 

 

 

En Comú Podem rechaza la amenaza de Israel de abordar la Flotilla de mujeres rumbo a Gaza

Desde En Comú Podem rechazamos frontalmente el bloqueo contra la población palestina de la franja de Gaza que no duda en contravenir las leyes internacionales: el bloqueo del tránsito marítimo que Israel aplica en Gaza viola claramente la IV Convención de Ginebra.

El velero Zaytouna-Oliva partió de Barcelona, se paró en Ajaccio y Mesina y ahora se acerca a Gaza para denunciar y romper el ilegal e inhumano bloqueo israelí̀ en la franja de Gaza que ya dura una década. En el barco viajan mujeres de todo el mundo como Mairead Maguire, Marama Davidson y Sandra Barrilaro, entre otras, para llevar la voz de la solidaridad a las mujeres palestinas. Porque las mujeres palestinas resisten una triple opresióń generada por la ocupación israelí.

Lamentamos que, ante el anuncio israelí de abordar la Flotilla de Mujeres Rumbo en Gaza, el Ministerio de Asuntos Exteriores, no haya tomado acciones para disuadir Israel y garantizar que se cumpla el derecho internacional: la Convención de las Naciones Unidas sobre derecho marítimo garantiza la navegacióń de barcos civiles en aguas internacionales. Además, Israel ya ha abordado las flotillas en otras ocasiones; el último golpe el año pasado, en aguas internacionales.

Ante esta situación de ataque a las libertades y a la solidaridad, nos sumamos a la convocatoria de concentraciones hoy a las 19h ante las delegaciones del gobierno de cada provincia, puesto que este bloqueo se hace con la complicidad del silencio de nuestros gobiernos.

 

BARCELONA, 19h – Plaza Santo

Jaume GIRONA, 19h – Ante la sede del gobierno español (Calle Jaume I)

LLEIDA, 20h – Ante la Subdelegación del gobierno (Plaza de la Paz)

TARRAGONA, 19h – (pendiente de confirmación)

En Comú Podem exige que el Gobierno priorice en su agenda el Corredor del Mediterráneo

En Comú Podem ha solicitado hoy el debate en pleno de la proposición no de Ley en la que se insta al Gobierno español que priorice en su agenda la ejecución del Corredor del Mediterráneo que significaría una gran mejora en la movilidad de las personas y las mercancías.

El diputado de En Comú Podem, Fèlix Alonso, portavoz de la comisión de Fomento, ha reclamado en el escrito que se elabore una estrategia institucional mediante acuerdos con Catalunya, Valencia, Murcia, las Illes Balears y Andalucía para establecer los mecanismos necesarios de seguimiento y colaboración con la Unión Europa (UE) para poner en marcha una agenda de inversiones cierta y creíble que esté acordada entre las comunidades afectadas, el Estado y la UE.

A su vez, es primordial que se concrete una estrategia en el ámbito de los servicios de transporte y logística, planificar la llegada del ancho europeo sin perjuicio de los servicios de los pasajeros. Es decir, encaminar las mercancías por el interior de la provincia de Tarragona, concretamente, en las áreas menos pobladas, recuperando la línea Perafort-Roda de Berà para el ancho europeo.

En este sentido, Fèlix Alonso ha insistido en que el 80 % de los usuarios utilizan los trenes regionales, justamente los que menos inversión han tenido en los últimos años y los más castigados con retrasos y averías. Por ello, En Comú Podem consideran que se debe potenciar la inversión en el medio de transporte que más utilizan los pasajeros.

Todo ello debe implicar un plan económico en el que se analizarán las necesidades en materia de transportes de las diferentes actividades económicas que permitan promover el crecimiento de importaciones y exportaciones.

 

En Comú Podem solicita la comparecencia del Ministro de Justicia por la petición de recusación de la jueza Rosa María Freire

En Comú Podem ha solicitado hoy la comparecencia del Ministro de Justica, Rafael Catalá, para conocer las opiniones del titular de justicia ante el escrito de recusación que ha presentado el Partido Popular a la jueza Rosa María Freire al frente del caso ‘del borrado de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas’, en el que motiva sus razones de recusación por la proximidad de Freire con el Partido Socialista Obrero Español.

En este sentido, En Comú Podem pide al Ministro de Justicia que comparezca en la Comisión para que informe sobre su opinión respecto al hecho que el PP de nuevo “maniobre para tratar de cuestionar la profesionalidad, la imparcialidad y la honorabilidad de buena parte de los jueces que se ocupan de los numerosos casos que les afectan”.

En Comú Podem considera que el PP ha sustentado dicho escrito en datos y afirmaciones infundadas y descontextualizadas para pretender que la magistrada no puede seguir al frente del caso por ser próxima al PSOE o por haberse mostrado crítica con la reforma legislativa promovida por el PP.

Jaume Moya, portavoz en la Comisión de Justicia y diputado de En Comú Podem, ha manifestado que el escrito del PP es “un inaceptable ataque a la independencia del Poder Judicial” que supone un “menoscabo de la profesionalidad y honorabilidad de Rosa María Freire como prestigiosa especialista en justicia restaurativa y mediación penal”.

Para Moya, esta acción del PP merece que la Comisión de Justicia reciba al Ministro de Justicia para que explique qué piensa de “las maniobras del PP” que solo aumentan la presión para que se apruebe la urgente derogación de la modificación de plazos de instrucción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que En Comú Podem ya propuso en la pasada legislatura y que también lo hará en esta.

En Comú Podem y Unidos Podemos se reúnen con el Alcalde de Tarragona para valorar la propuesta de los Juegos del Mediterráneo 2017

Los diputados de En Comú Podem, Xavier Domènech y Fèlix Alonso, y la diputada de Unidos Podemos, Irene Montero, se han reunido hoy con el Alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros y el Tercer Teniente de Alcalde del comisionado de los Juegos del Mediterráneo 2017, Javier Villamajor, a petición de estos últimos, en el Congreso de los Diputados, donde las autoridades de Tarragona han detallado cómo está planteado el proyecto desde el Ayuntamiento.

Así, Ballesteros y Villamajor han trasladado a los representantes de En Comú Podem y Unidos Podemos los problemas de financiación que tiene el Ayuntamiento de Tarragona porque Estado incumple sus compromisos con el proyecto de los Juegos del Mediterráneo 2017.

En este sentido, En Comú Podem y Unidos Podemos han valorado positivamente la reunión con los representantes del Ayuntamiento de Tarragona. Además,  ambas formaciones instan al Estado a cumplir con sus compromisos de financiación, puesto que tiene una deuda con la ciudad de Tarragona.

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En Comú Podem propone su candidatura a la Presidencia del Congreso de los Diputados

En Comú Podem propone a Xavier Domènech, portavoz del grupo, como Presidente del Congreso de los Diputados ante el debate de configuración de Mesa que se tiene que resolver el próximo martes 19 de julio. Esta candidatura a presidir el Congreso emerge de una reflexión conjunta con Unidos Podemos.

En este sentido, la propuesta pretende asegurar, conjuntamente con el PSOE, una mayoría de izquierdas en la Mesa del Congreso y que, además, permita visualizar y simbolizar la llegada a la Cámara Baja de las nuevas fuerzas del cambio como un mensaje de renovación de un sistema político cada vez más necesitado del mismo. A la vez sería un claro mensaje de compromiso con una nueva realidad que se tiene que abrir plenamente a la aceptación de la plurinacionalidad.

La propuesta ha sido trasladada por parte de En Comú Podem a Convergència y Esquerra Republicana de Catalunya, entendiendo que las interpela en la representación también de la realidad catalana en el Congreso. Restamos a la espera de que la propuesta pueda ser valorada positivamente, como alternativa a un presidente del Partido Popular.

 

Igualmente, esperamos que el PSOE también vea favorable esta propuesta, que se traduce en una mayoría de izquierdas y en un cambio de ciclo que tarde o temprano tendrá que afectar a otros ámbitos. Entendemos que esta puede ser una candidatura de consenso dado que es la única forma de conseguir un a mayoría del cambio a Mesa, fuera de los pactos entre C’s y PP, pasa por esta alianza.

 

 

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