En Comú Podem pide al Gobierno que rescate medidas de los PGE para mejorar la financiación de los ayuntamientos

Los ayuntamientos han sido las administraciones públicas que, junto con las comunidades autónomas, más sufrieron las políticas de recortes del Gobierno del PP. Las llamadas políticas de austeridad han afectado gravemente la autonomía local y han reducido la capacidad de actuación de los servicios públicos locales en momentos de crisis recortando recursos económicos y plantillas de trabajadores.

La aplicación de la regla de gasto, establecida por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria impide a los ayuntamientos poder utilizar libremente los superávits presupuestarios generados. En el presente ejercicio se calcula una cifra de unos 6.000 millones de euros que no podrán ser utilizados.

Para el diputado de En Comú Podem Josep Vendrell es necesario que el Gobierno impulse un Real Decreto Ley de medidas urgentes para los entes locales que permitan “mejorar la autonomía local y utilizar con mayor autonomía los recursos económicos y humanos para que los ayuntamientos puedan desarrollar sus políticas con más flexibilidad, superando las restricciones del Gobierno del PP”.

En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 se contemplaban una serie de medidas, fruto del acuerdo entre el Grupo Confederal y el Gobierno que mejoraban la situación de los ayuntamientos. Por ejemplo, relajar la tasa de reposición de los puestos de trabajo de las administraciones locales, permitir a los ayuntamientos utilizar el superávit obtenido en 2018 en las llamadas inversiones financieramente sostenibles durante 2019 y 2020 evitando que tengan que destinarse exclusivamente a la amortización de la deuda, y ampliar el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles para aquellos entes locales que tengan sus cuentas saneadas a la mejora de las escuelas infantiles, el fomento del empleo o la construcción y rehabilitación de viviendas. El acuerdo también planteaba permitir que las entidades locales suscriban operaciones de endeudamiento a un tipo de interés más bajo para reducir o cancelar la deuda con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores.

Al no aprobarse los Presupuestos Generales del Estado para 2019 es necesario que el Gobierno apruebe las medidas normativas necesarias que permitan a los ayuntamientos una mejor disponibilidad de los recursos financieros y humanos para desarrollar sus propias políticas. “Acudir en defensa de la capacidad de actuación de los ayuntamientos es urgente, deberíamos rescatar estas cuestiones del texto del proyecto de presupuestos para que los ayuntamientos puedan atender las necesidades de sus vecinos y vecinas correctamente”, señala la diputada Auxiliadora Honorato.