Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea registra sus enmiendas a la nueva Ley de Contratos del Sector Público

“Nosotros apostábamos por la enmienda a la totalidad, pero no fue aprobada y aquí estamos para aportar mejoras claras en la legislación de contratación pública”, anuncia la diputada por Sevilla Auxi Honorato. El diputado por Barcelona, Josep Vendrell, señala los ámbitos que corregir: “apoyo a las PYMES, más transparencia, cláusulas sociales y contratación electrónica”.

En su fase de enmiendas, el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público presentado por el Gobierno va a contar con centenares de correcciones por parte del grupo confederal en el Congreso de los Diputados.

“Llevamos meses estudiando con colectivos sociales, sindicales y empresariales cómo propiciar un marco de contratación pública en España que combine modernidad y derechos, transparencia y oportunidades para todos, usabilidad y sostenibilidad”, explican Auxi Honorato y Josep Vendrell. Por eso, proponen menos requisitos y más facilidades para que la Pymes opten a contratos en el sector público, que el precio ofertado sólo suponga el 30% de los criterios evaluables en la contratación pública, que la contratación se divida más en lotes, o que se desarrolle al completo la contratación electrónica, tal y como demanda la Unión Europea.

En el plano de la transparencia, los diputados del grupo confederal van a defender que todos los contratos públicos deban ser obligatoriamente publicados, que haya más control sobre las empresas públicas y que el órgano de control sea independiente de la autoridad contratante. Además, Vendrell y Honorato insisten en que la Administración Pública debe ser ir a la vanguardia de la sostenibilidad y exigen “clausulas sociales y medioambientales de verdad”, reservas para empresas de economía social.

“Vamos a negociar con las demás fuerzas que esta ley prevea el control de los pagos a las empresas subcontratadas por las adjudicatarias; que contenga medidas para atajar la morosidad y acelerar los pagos; que no de facilidades a las empresas que tributen en paraísos fiscales o vulneren gravemente los Derechos Humanos; que limite al 25% el margen de baja en los precios ofertados para evitar el fraude o los precios temerarios; que vincule los precios de los contratos a la evolución de los convenios colectivos de los sectores implicados; que reduzca el margen de modificación de los contratos una vez en vigor; que refuerce la independencia de las centrales de contratación y que fomente la innovación.”

“Nuestras propuestas son la oportunidad de que la reforma no sea de cartón piedra”, amonesta la andaluza Auxiliadora Honorato. “España necesita una ley de contratos del sector público que se fundamente en la transparencia, la integridad, la máxima concurrencia en las licitaciones, la objetividad en el sistema de adjudicación, un régimen jurídico común de contratación para todo el sector público, la posibilidad generalizada del recurso legal contra los actos de adjudicación ilícitos generalizando su uso en todos los contratos públicos, un Comisionado de las Cortes Generales que lucha contra la corrupción, la potenciación de las consideraciones sociales y ambientales, el favorecimiento de la innovación que se integre en un desarrollo económico con pleno empleo. El proyecto del Gobierno incumple con todos estos requisitos”, concluye.