Catalunya En Común Podem celebra la aprobación en el Senado de la moción presentada sobre una agenda española migratoria en la Unión Europea. En ella se acuerda promover la participación de las CCAA, Ayuntamientos y demás administraciones afectadas, así como dialogar con los distintos actores de la sociedad civil y ONG’s, con el fin de llevar una agenda propia a Europa representativa.
La senadora de CatECP Sara Vilà, ha manifestado que «es muy importante la reunión sobre el nuevo Pacto de Migración y Asilo en el seno de la Conferencia de Asuntos Relacionado con la Unión Europea (CARUE) y es imprescindible contar con la Federación de Municipios (FEMP) para promover la participación de las administraciones regionales y municipales y tengan cada vez más protagonismo en las políticas migratorias estatales y europeas, ya que son ellas las que han reclamado cuotas de acogida cuando era necesario, demostrando más solidaridad y respeto a los DDHH que sus propios gobiernos estatales”. También ha advertido que «el Nuevo Pacto de Migración y Asilo no supone nada nuevo cuanto políticas migratorias se refiere y sí un enquistamiento de este drama humanitario, que lejos de resolverse, puede llegar a agravar la acumulación de personas migrantes y refugiadas en los países fronterizos, como son España, Italia, Grecia y Malta«.
La senadora Vilà insiste que “según el nuevo marco, todas las personas migrantes irregulares, incluidas las rescatadas en el mar, serán detenidas en las fronteras exteriores y tendrán que someterse a un procedimiento acelerado de cribado (pre-screening) donde se determinará si proceden de un “país seguro” o no, es decir, si se trata de personas refugiadas o migrantes económicas”. También la propia celeridad del proceso puede disminuir notablemente las garantías procedimentales por lo que se pueden dar más incumplimientos del principio de no devolución e implicar un uso excesivo de la detención.”
Uno de los acuerdos de la moción establece que “el gobierno de España se comprometa a trabajar de forma transversal e integral por una solidaridad real entre Estados para que todos sus miembros participen en la opción de acogida en vez de la de “patrocinio de retorno”, fomentando en los países fronterizos la cooperación del resto de Estados miembro. En este sentido, el acuerdo pide también poner los medios necesarios y oportunos para asegurar el salvamento de vidas y rescate en el mar y posterior reubicación.
La senadora Sara Vilà ha recordado que una de las directrices, que también queda recogida en el acuerdo, se expresó en una exitosa iniciativa de resolución impulsada por el Grupo Verde/EFA del Parlamento Europeo en julio de 2018 que pedía claramente a la Comisión que se aclarara que la ayuda humanitaria no podía tipificarse como delito en virtud del Derecho de la UE. Dichas directrices, establecen ahora que no se puede criminalizar las organizaciones no gubernamentales, a ningún otro actor no gubernamental que lleve a cabo operaciones de búsqueda y rescate cumpliendo con el marco jurídico internacional.
Consulta aquí la moción.